Cervantes Andrade admite que deja una PGR “inadecuada e insuficiente”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Antes de renunciar como tercer procurador general de la República en este sexenio, Raúl Cervantes Andrade admitió que no se pudo realizar la “nueva arquitectura institucional y administración del cambio” en esta dependencia, y dejó pendientes mil 134 investigaciones en materia de corrupción (719 averiguaciones previas y 415 carpetas de investigación) que involucran a un total de mil 937 personas.

Así lo informó Cervantes Andrade en el documento “Desafíos y Acciones para consolidar el Sistema Penal Acusatorio”, enviado el 16 de octubre al Senado de la República, el mismo día que anunció ante la Junta de Coordinación Política que abandonaba el cargo.

“La arquitectura institucional de la PGR es inadecuada e insuficiente para llevar a cabo los procesos del nuevo sistema penal acusatorio”, sentenció Cervantes, porque “hay un uso muy limitado de los medios y de las salidas alternas de solución de controversias previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP)”.

Y porque “también se tienen capacidades limitadas de investigación, reflejadas en el reducido éxito de asuntos en los cuales no hay detenidos; se sigue trabajando mucho con casos donde hay flagrancia”, sostuvo el exprocurador.

El exabogado del PRI y senador de la República advirtió en su primer diagnóstico de la procuraduría que “a lo largo de los últimos cien años, la duración promedio de los procuradores en el cargo ha sido menor a dos años, lo que a su vez ha sido negativo para el adecuado desarrollo organizacional de la PGR y la calidad de los servicios de procuración de justicia”.

El mismo Cervantes Andrade duró apenas 11 meses en el cargo, después de sustituir a Arely Gómez, también exsenadora y actual titular de la Secretaría de la Función Pública, quien a su vez tomó el cargo en sustitución de Jesús Murillo Karam, procurador en los dos primeros años del sexenio.

En el informe enviado al Senado, Cervantes Andrade asumió que el “Nuevo Modelo de Procuración de Justicia” que quiso emprender no se pudo concretar y tampoco se pudieron echar a andar las reformas derivadas de la consulta nacional sobre este nuevo modelo. Dicha consulta inició el 25 de mayo de este año, se integró por 8 mesas temáticas y 9 foros regionales abiertos. El 29 de agosto concluyó la consulta y el próximo 25 de octubre se presentarán sus “principales hallazgos”.

El mismo texto advirtió que la independencia de la nueva Fiscalía General de la Nación “no se logra en automático con la creación de tal suerte de organismos constitucionales, sino, precisamente, mediante la profesionalización de los operadores jurídicos, la homologación de los procedimientos y de la estructura institucionales”.

Cervantes Andrade asume en este informe que dejará pendientes homologar la actuación de las 33 procuradurías del país, incluida la PGR; implementar la Base de Datos de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias; e integrar un nuevo modelo de evaluación y seguimiento del Sistema de Justicia Penal.

El gran pendiente que dejará será en materia de lucha anticorrupción. Ante la ausencia de un fiscal en esta materia, en diciembre de 2016, se suscribió un contrato de arrendamiento para trasladar esta fiscalía a un predio de la avenida Fray Servando Teresa de Mier Número 81. Se creó una provisión de 250 plazas de estructura, sustantivas y administrativas, para que el nuevo fiscal pueda disponer de ellas.

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