La renuncia del procurador general de la República, quien no pudo convertirse en automático en el primer fiscal general del país, desnudó el caos que dejó en diferentes áreas de la PGR. Nombramientos y cambios que hizo durante un año de su gestión causaron el atasco de investigaciones clave  en casos como Nochixtlán, Tlatlaya, Apatzingán y Ayotzinapa, que han desatado indignación en todo el país y en el ámbito internacional, sobre todo por la participación u omisión de agentes del Estado en ellos. CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante su fracaso por convertirse automáticamente en el primer fiscal general de la República después de un año como procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade se vio obligado a dejar el cargo. Durante su gestión no avanzó ninguno de los grandes casos que tienen al Estado mexicano en la mira internacional, en los cuales se investigan excesos cometidos por corporaciones federales: Nochixtlán, Tlatlaya, Apatzingán, Ayotzinapa… También está pendiente lo relativo a los exgobernadores acusados de desfalcar sus estados. Uno de los grandes conflictos fue interno: Los cambios que realizó en la Dirección de Servicios Periciales para dejarla en manos de sus allegados, lejos de resultar benéficos ocasionaron que se obstruyeran las investigaciones. Otro punto en su contra es que permitió que recursos destinados a los ministerios públicos para la realización de investigaciones fueran desviados y cobrados por personal que no tiene injerencia en las indagatorias, según se indica en una denuncia que personal ministerial interpuso ante la Visitaduría de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Es más, el entonces procurador ignoró las denuncias que agentes federales llevaron a la misma Presidencia de la República, en las que aseguraron que eran víctimas de represión y que los obligaban a trabajar en condiciones que los “llevaban al matadero” y de “ponerlos” prácticamente en manos de los grupos de la delincuencia organizada. El bloqueo pericial Cuando ocurrió la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, en septiembre de 2014, la coordinadora general de los Servicios Periciales de la PGR era Sara Mónica Medina Alegría, quien fue señalada como una de las autoras de la “verdad histórica” presentada por el entonces procurador Jesús Murillo Karam. En su lugar llegó Jorge Alberto Zúñiga Malvárez, quien, en casi siete meses en el cargo, no hizo cambios sustanciales en la unidad administrativa encargada de auxiliar al Ministerio Público de la Federación y mantuvo en sus puestos a la gente de Medina Alegría, quien gracias a ello mantuvo el control de esa área. En diciembre de 2016, a raíz del nombramiento de Cervantes como procurador, Anselmo Apodaca Sánchez asumió la Coordinación General de Servicios Periciales. A su llegada advirtió que haría cambios de fondo en la estructura del área “para que estuviera a la altura de las exigencias de la sociedad”. Apodaca nombró como directora general de Laboratorios Criminalísticos a Mavil López Casamichana, quien carece de experiencia en el área, con lo que desplazó de ese puesto a Gildardo Cruz Velasco, que pasó a ocupar la Dirección de Laboratorios de Química. Este último tuvo a su cargo la investigación de los casos Tlatlaya y ­Ayotzinapa, pues de él dependían las áreas de Genética, Identificación, Criminalística, Fotografía, Balística y Química. Apodaca Sánchez también designó a David Zepeda Jones como director general de Ingenierías Forenses en lugar de Héctor Enrique Osorno Magaña, quien pasó a la Dirección de Ingenierías y Telecomunicaciones en materia forense; él tuvo a su cargo el área de Incendios y Explosivos que generó el dictamen para sostener la “verdad histórica” de Murillo Karam en torno al caso Ayotzinapa. Este peritaje fue uno de los más cuestionados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Otro de los cambios que hizo el cercano de Cervantes fue nombrar a Margarita Montaño Soriano directora general de Especialidades Médico Forenses, puesto que ocupaba Eduardo González Mata, quien fue designado director general ejecutivo de Supervisión Control Regional y Asistencia Jurídica. De acuerdo con fuentes consultadas al interior de la PGR, las cuales solicitaron a Proceso no revelar su identidad, los cambios hechos por la gente de Cervantes ­desataron gran molestia entre quienes fueron desplazados de puestos clave, razón por la que el ahora exprocurador nunca generó ningún avance significativo en los casos más polémicos. Sólo Valdez González, quien fue parte del viejo equipo de Alegría Medina, conservó su cargo como directora de Biología Molecular. Ella fue la encargada de enviar al Instituto de Medicina Legal de la Universidad Médica de Innsbruck, en Austria, los restos óseos que posteriormente arrojaron “indicios que establecen coincidencia” con los estudiantes Alexander Mora Venancio y con Jhosivani Guerrero de la Cruz. Se trata de indicios que sirvieron para que la entonces procuradora Arely Gómez asegurara plenamente que se trataba de los estudiantes, pese a que el instituto austriaco sólo señaló “coincidencias”. En agosto de 2015, Valdez González se encargó –a petición del GIEI– de enviar para su análisis restos de ropa de estudiantes de Ayotzinapa que la PGR guardó durante casi un año. Los resultados de esos estudios aún no se han dado a conocer. Traiciones y desfalcos El viernes 6, en el Estado de México los agentes ministeriales de la PGR Carlos Flores Martínez y Efraín Hernández Ortiz fueron encontrados sin vida en un paraje del municipio de Tejupilco. Ellos habían acudido al sur de la entidad para realizar una diligencia ministerial sobre el caso Tlatlaya, cerca de los límites con Guerrero, donde se tiene registro de que operan grupos de delincuencia organizada. Antes, en una denuncia presentada en marzo de este año en la Visitaduría General de la PGR, la CNDH y la misma Presidencia de la República (Proceso 2123), los agentes ministeriales de la Unidad Antisecuestros de la Ciudad de México denunciaron que la institución los enviaba “al matadero” e, incluso, confesaron su temor ante la posibilidad de que los estén “poniendo (entregando)” a los criminales. Indicaron que los agentes de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro (UEIDMS) laboran bajo “hostigamiento” a partir de la desaparición de dos de sus colegas en los límites de Morelos con la Ciudad de México, en enero pasado. En el escrito, los ministeriales denuncian por acoso a Gualberto Ramírez Gutiérrez, jefe de dicha unidad. Los problemas se originaron el pasado 24 de enero, cuando desaparecieron los agentes Víctor Andrés Vilchis Retana y Miguel Ángel Rodríguez Cuéllar, adscritos a la UEIDMS, que depende de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). “Se respira temor por la manera en la que desaparecen los compañeros y por la falta de claridad en la investigación. Se ha llegado a pensar que existe un alto funcionario al interior de la SIEDO (sic) que, como se dice coloquialmente, ‘haya puesto’ a Vilchis Retana y a Rodríguez Cuéllar a un grupo de la delincuencia organizada”, mencionan en la misiva. Además, a las desapariciones y acusaciones de traición se suman los señalamientos de desvío de recursos en la UEIDMS de la SEIDO. Se trata de dinero para los gastos de las investigaciones que realizan los agentes del Ministerio Público, pero que, sin embargo, también solicitan los fiscales. Lo anterior representa una actuación irregular, porque los fiscales se encargan de supervisar los resultados de los agentes que hacen el trabajo de campo. “De unos años a la fecha se ha venido utilizando mal esta partida” y de manera “injustificada” han solicitado al área financiera recursos por demás “excesivos y prácticamente injustificables”, según la denuncia. Con el fin de acreditar esta situación, la acusación contiene una tabla en la que se indica el número de cheque, quién lo solicitó y el monto de los recursos de los que se dispuso durante 2016. Por ejemplo, aparece que el fiscal José Manuel Rojas Cruz cobró, del 18 de marzo al 27 de mayo de ese mismo ejercicio fiscal, 11 cheques por un total de 314 mil 429 pesos, y que la fiscal Rosario Guadalupe Sandoval Medina dispuso del 31 de marzo al 27 de mayo de seis cheques que sumaron 195 mil 850 pesos. Otro caso es el de René de los Santos, quien del 31 de marzo al 14 de octubre recibió 28 cheques por 525 mil 900 pesos en total, señala la denuncia cuya copia tiene Proceso. Estos casos son sólo algunos ejemplos de lo ocurrido en 2016; se trató en teoría de recursos que fueron “justificados” en el área de Recursos Financieros, pues, de acuerdo con las fuentes consultadas, basta realizar un acta administrativa firmada por el titular de la Unidad y por el solicitante para acreditar el gasto. “Sin embargo, (…) este recurso no pasa por las manos del agente del Ministerio Público como debería de ser. Y no pueden justificar que el recurso se le entregó al agente; no tendría ninguna lógica, puesto que el mismo Ministerio Público podría solicitar el dinero sin intermediación del fiscal”, exponen los denunciantes, quienes agregan que cuando los agentes del Ministerio Público y oficiales ministeriales requieren efectivo para sus operaciones de campo, se les limita con los argumentos de que “no hay dinero” o “estamos en austeridad”. El caso Tlatlaya La gestión de Raúl Cervantes como procurador general de la República tampoco trajo avances en casos como el de Tlatlaya. El 3 de julio de 2015, a un año de la ejecución de 22 personas a manos de militares –según testigos–, ocurrida el 30 de junio de 2014 en este municipio del Estado de México, Christof Heyns, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, declaró que los avances en la investigación para establecer lo sucedido resultan insuficientes, y con lo que se niega a las víctimas y a sus familias el acceso inmediato a la justicia. El caso se mantiene estancado desde entonces. También el 14 de mayo de 2015, un grupo de 63 organizaciones y ciudadanos denunció la ausencia de resultados de la PGR en las investigaciones de la matanza que presuntamente perpetraron agentes de la Policía Federal contra 16 civiles en ­Apatzingán, Michoacán, el 6 de enero, “lo que debilitó las expectativas de castigo a los responsables de estas conductas”. También está prácticamente empantanado el caso relativo a los actos represivos de Nochixtlán, Oaxaca, del 19 de junio de 2016,que dejaron un saldo de siete civiles muertos y cientos de heridos tras un operativo de desalojo carretero contra integrantes de la Sección 22 del sindicato magisterial. Cervantes nunca logró que un equipo especial entrara a Nochixtlán a realizar los peritajes correspondientes. Tampoco se hizo la recreación de los hechos, como lo confirmó la CNDH en una recomendación que emitió el miércoles 18 sobre el caso. Al presentar su renuncia ante la Junta de Coordinación Política del Senado el lunes 16, Cervantes apenas pudo jactarse de haber concluido la indagatoria sobre los presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a funcionarios de Petróleos Mexicanos, entre los que se ha señalado al exdirector de la paraestatal Emilio Lozoya. Sin dar nombres, aseguró que avanzó en varias indagatorias y vinculó a proceso “a funcionarios que se sentían intocables”. Admitió que no se pudo realizar la “nueva arquitectura institucional y administración del cambio” y dejó pendientes mil 134 investigaciones en materia de corrupción (719 averiguaciones previas y 415 carpetas de investigación) que involucran a un total de mil 937 personas. De los exgobernadores acusados de desfalcar al erario, no dijo ni una palabra. Este reportaje se publicó el 22 de octubre de 2017 en la edición 2138 de la revista Proceso.