Peña, fiel a su plan de impunidad

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- A raíz de la revelación del escándalo de la llamada Casa Blanca de Las Lomas, residencia que le construyó y vendió con un generoso financiamiento uno de los constructores favoritos del sexenio a Angélica Rivera, esposa del presidente, el gobierno de Enrique Peña Nieto convirtió la construcción de una red de protección en uno de los hilos conductores de su sexenio.

El 6 de noviembre de 2014, en un intento por anticiparse y controlar los daños que produciría la divulgación de la operación mercantil y financiera entre Juan Armando Hinojosa Cantú y la esposa del presidente, el gobierno federal revocó el fallo de la licitación del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro, ganada por un consorcio encabezado por una empresa del gobierno chino y en el que participaba la Constructora Teya, de Grupo Higa, propiedad de Hinojosa.

El 9 de noviembre se publicaron en este medio y se divulgaron en el portal Aristegui Noticias los detalles de la operación y tres meses después, el 3 de febrero de 2015, el mandatario finalmente nombró un titular de la Secretaría de la Función Pública, pues hasta esa fecha al frente de dicha dependencia se encontraba Julián Olivas Ugalde, subsecretario encargado del despacho. En su toma de posesión, Virgilio Andrade Martínez recibió en voz del mismo presidente la encomienda de integrar un expediente y resolver si existía o no una ilegalidad en dicha operación. Como era de esperarse, Andrade concluyó que todo se había realizado conforme a la ley.

El 26 de febrero, tres semanas después de la designación del titular de la Función Pública, la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional para crear el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), con la incorporación de la figura del Comité de Participación Ciudadana (CPC) como uno de los elementos centrales del mismo, pero también sin atribuciones reales y como parte de un Comité Coordinador que comparte con seis servidores públicos.

Al día siguiente renunció a la Procuraduría General de la República Jesús Murillo Karam y en su lugar fue designada Arely Gómez González, quien en el Senado había sido una de las interlocutoras más activas con las organizaciones de la sociedad civil para la reforma anticorrupción. El titular de la PGR era pieza clave para el SNA, pues en un transitorio de la reforma constitucional ya aprobada se convertiría en automático en Fiscal General cuando se aprobara la legislación secundaria, y le correspondería la designación del fiscal especializado en el Combate a la Corrupción, que integra el Comité Coordinador del SNA.

El 21 de julio de ese mismo año, Andrade dio a conocer el resultado de su investigación y exoneró al presidente de cualquier irregularidad administrativa. Un año después, el 18 de julio de 2016, se promulgaron la Ley del SNA, así como otras siete leyes vinculadas al mismo. En un acto histriónico, el presidente se disculpó por la irritación que provocó entre la población mexicana el escándalo de la Casa Blanca, aunque se aferró a la exoneración de Andrade y reiteró que no había cometido ninguna irregularidad.

El 29 de septiembre de 2016 se lanzó la convocatoria para la designación del Comité de Selección de los integrantes del CPC del SNA y el 18 de octubre fueron elegidos. Ya estaba en marcha la integración del sistema, por lo cual Peña Nieto volvió a mover sus fichas para asegurar el control de las dos dependencias centrales para el mismo: PGR y Función Pública. Ahora movió a Arely Gómez a la SFP, y en su lugar designó a Raúl Cervantes, con miras a que ocupara la Fiscalía General. Sin embargo, como el movimiento generó inquietud en la sociedad, el 29 de noviembre el presidente envió una iniciativa de reforma al artículo transitorio 16, para eliminar la designación automática del titular de la PGR pero permitirle participar en el proceso de selección de fiscal (Proceso 2092).

Al inicio del actual periodo de sesiones legislativas, en septiembre pasado se anticipó que el PRI intentaba aprobar la ley de la Fiscalía y así, en automático, designar a Cervantes en su primer titular por nueve años, ya que la iniciativa del presidente presentada un año antes estaba todavía en comisiones, lo cual provocó una pugna entre los grupos parlamentarios y la instalación extemporánea de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; finalmente, los priistas accedsieron a revisar la iniciativa presidencial, pero no a resolver el fondo del problema, que es el método de designación regulado en el artículo 102 constitucional (Proceso 2132), que le garantiza al presidente su paquete de impunidad.

La renuncia, el pasado lunes, de Raúl Cervantes como procurador, es una maniobra más del presidente y sus allegados para lograr sacar adelante dicho paquete. La presión de la sociedad civil y de los grupos parlamentarios opositores ya se dirigía a una reforma constitucional para cambiar el procedimiento y con la renuncia de Cervantes desvía la atención: la reforma al transitorio ya deja de tener sentido, pues no hay titular en la PGR; y el mismo presidente se encargó de señalar que no hay prisa por aprobar la ley reglamentaria y designar un nuevo titular, que eso puede esperar hasta después de las elecciones.

Efectivamente, la PGR bien puede operar con un encargado del despacho, pues en realidad no se ha avanzado nada en las investigaciones de los asuntos críticos (Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato, entre otros) y en los relacionados con asuntos de corrupción (como Odebrecht) los avances son a partir del esfuerzo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que continuará trabajando para ver si se desviaron recursos de los sobornos de dicha empresa transnacional a la campaña del PRI, que de cualquier manera se mantendrá.

La preocupación de Peña Nieto es asegurarse que él designa al primer fiscal y el procedimiento actualmente establecido en la Constitución se lo garantiza, por lo que todo el esfuerzo se encamina a ello. Cervantes es una buena alternativa (por su capacidad jurídica y su cercanía con el presidente), pero no es su única opción; su renuncia lo coloca en una mejor posición para aspirar al puesto y le permite al presidente distender el ambiente político.

Hoy es evidente que la maniobra la planearon Peña Nieto, Cervantes y el líder del Senado, Emilio Gamboa. Y todo indica que el objetivo es el mismo: asegurarse su paquete de impunidad.

Este análisis se publicó el 22 de octubre de 2017 en la edición 2138 de la revista Proceso.

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