CAMPECHE, Camp. (apro).- Productores mayas que desde hace meses libran una batalla legal contra el cultivo de transgénicos, protestaron hoy a las puertas de los juzgados federales en contra del juez segundo de distrito Adrián Fernando Novelo Pérez, al que acusaron de servir a los intereses de la trasnacional Monsanto. Los manifestantes, integrantes del Colectivo de Comunidades Mayas de Los Chenes, estuvieron acompañados en la protesta por representantes del Centro Mexicano de Derecho Ambiental AC, Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos AC, y MA OGM. Los inconformes denunciaron que, después de año y medio de intentos por realizar la consulta por orden judicial a los pueblos indígenas sobre la soya transgénica que se pretende sembrar en sus comunidades, el juez Novelo Pérez “quebró el proceso” emitiendo un nuevo acuerdo a favor de Monsanto. Lo anterior, dijeron, es para que la consulta indígena se reduzca a sólo seis comunidades, en lugar de las 34 que lo habrían acordado previamente. “Mientras se atienden las preocupaciones de esta empresa, se ignora la siembra ilegal de soya transgénica en más de 23 mil hectáreas del municipio de Hopelchén”, acusaron. Luego reiteraron que el juzgador “cedió ante la presión de Monsanto Comercial SA de CV, y decidió ignorar los derechos de los pueblos mayas con el fin de favorecer el supuesto derecho de Monsanto en la ejecución de las sentencias dictadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los juicios de amparo colectivos interpuestos por organizaciones de apicultores y autoridades de comunidades de Los Chenes”. También alertaron que Monsanto, “una trasnacional con enorme poder económico y político en México y el mundo y que está envuelta en múltiples demandas legales por los efectos negativos provocados por sus productos y escándalos por corrupción, logró presionar al juez de distrito”. Igual expusieron que Monsanto presionó al juez para que emitiera acuerdos, los de fecha 19 y 20 de septiembre de 2017, “en los juicios de amparo interpuestos por miembros de las comunidades mayas para dividirlas, ya que se han organizado para llevar a cabo el proceso de consulta sobre soya transgénica en Los Chenes de manera conjunta”. El acuerdo original del juez establece que la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) y la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) deben consultar únicamente a seis de 34 comunidades: SucTuc, Xmaben, Cancabchén, Pakchén, Ich-Ek y Bolonchén de Rejón. “Este acuerdo del juez va en contra de todo el trabajo de un año y medio de las comunidades mayas de Hopelchén que están siendo consultadas sobre la liberación comercial de la soya transgénica de Monsanto, así como de los acuerdos de las comunidades de ir juntas en el proceso”, resaltaron. Y añadieron que esa determinación, “además, ejerce presión indebida sobre las comunidades promoviendo división interna”. Los manifestantes recordaron los recurrentes intentos de sabotaje a la consulta de las propias dependencias encargadas de organizarla, y destacaron que las veces que las comunidades demandantes solicitaron la intervención del juez para poner orden, éste las ignoró. Incluso alertaron que, en cambio, el juzgador atendió con celeridad la petición de Monsanto para que se cancelara la consulta. “Esto exhibe la influencia de Monsanto sobre las decisiones judiciales y la discriminación que sufren los pueblos originarios en nuestro país que, de nuevo, ven sus derechos colectivos violados a favor de los intereses de las empresas”, subrayaron. Además, recordaron también su inacción ante las denuncias que presentaron al detectar que se ha seguido sembrado soya transgénica en la entidad, pese a que la SCJN suspendió los permisos. “Este giro en la ejecución de las sentencias de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, las cuales ha presumido como acciones del Poder Judicial en defensa de los derechos colectivos de pueblos originarios, expone la falta de preparación de los tribunales federales y la discriminación con la que siguen actuando hacia los pueblos indígenas y en la interpretación y protección de sus derechos”, remacharon. “Es lamentable el acuerdo del juez que obedece a una solicitud de Monsanto para proteger sus derechos como empresa y tercero interesado, soslayando el trabajo de un año y medio de acuerdos entre la Cibiogem, la CDI y las más de 34 comunidades mayas del municipio de Hopelchén y el derecho a la libre determinación de los pueblos de este municipio, el derecho de más de 20 mil personas”, precisaron. También señalaron que “es evidente que las vías legales no tienen impacto en su realidad, dado que la discriminación continúa y otros deciden las políticas públicas para sus territorios ancestrales, su gente y sus pueblos. Las afectaciones continúan mientras la batalla legal se da en los tribunales”. Por último, afirmaron que “con determinaciones como esta, el Poder Judicial Federal exhibe impericia, promueve desigualdad y discriminación y denota un alarmante favorecimiento hacia los intereses de grandes empresas en detrimento de los más desaventajados de este país”.