CHIHUAHUA, Chih. (apro).- Por falta de pruebas, la Fiscalía General del Estado (FGE) decidió liberar el domingo 22 a Javier Garfio Pacheco, quien fungió como titular de Comunicaciones y Obras Públicas durante los primeros tres años de la administración de César Duarte Jáquez. La liberación del exfuncionario, quien estuvo detenido durante siete meses acusado de la venta irregular de predios, desató una ola de protestas en redes sociales, sobre todo porque la semana pasada el juez de Control Alejandro Legarda le dictó una condena de tres años de prisión y determinó que el inculpado reparara del daño cometido, calculado en 328 millones 689 mil 665 pesos. También le aplicó una multa por 453 mil 515 pesos y lo inhabilitó por tres años para ocupar cargos, comisiones o empleos de carácter público. Sin embargo, Legarda se disculpó y dejó libre a Garfio Pacheco. Ahora, el exfuncionario tiene 15 días para pagar la multa; de no hacerlo, podría regresar a prisión. Asimismo, está emplazado a pagar la reparación del daño. Ante el escándalo generado por la decisión del juez Legarda, la FGE emitió un comunicado en el que aclara que la liberación de Garfio Pacheco no implica su inocencia, pues él se declaró culpable y el juez dictó una sentencia condenatoria con base en las pruebas que aportó la representación social. “En el transcurso del proceso, el ahora sentenciado admitió su culpabilidad, además se revelaron datos de importancia para profundizar en las investigaciones sobre el caso y determinar la responsabilidad de más implicados en la venta ilícita de los terrenos de La Labor de Terrazas”, indica el comunicado. Según las indagatorias, en 2012 Garfio autorizó la venta irregular de 16 predios a la empresa Grupo Industrial y Constructor. La transacción de esos predios destinados a la construcción de viviendas populares en Labor de Terrazas, en la ciudad de Chihuahua, fue por 99 millones 151 mil 26 pesos, pese a que el avalúo era de 427 millones 840 mil 691 pesos. Según la FGE, la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi) resguarda actualmente los 16 predios cuya superficie es de 1 millón 906 mil 750.509 metros cuadrados. El Ministerio Público realizó el embargo precautorio a favor de la Coesvi y el juez Legarda podrá dar por cumplida la reparación del daño con la devolución de los terrenos, o bien cuando el inculpado pague en efectivo los 328 millones de pesos. Para el gobierno estatal eso representa un logro porque puede recuperar esa suma; Garfio, por su parte, quedaría libre si regresa los terrenos. Si el juez no da por cumplida la restitución con la entrega de los terrenos y el Garfio no paga la reparación del daño, entonces regresará a la cárcel, insiste la fiscalía, toda vez que el propósito es llevar ante la justicia a todas las personas que participaron en “el mayor desfalco de la historia de Chihuahua, por medio de una red delincuencial encabezada por el exgobernador César Duarte”. El Tribunal Superior de Justicia del Estado emitió también un comunicado en el cual informa que, en atención a la solicitud de “todas las partes involucradas”, se dispensó la lectura de la sentencia del domingo 22 en la causa penal 727/2017 contra Garfio Pacheco. La sentencia fue entregada por escrito a las dos partes. El documento indica que Garfio deberá acudir a firmar cada lunes ante la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, en calle 20 de Noviembre y 20ª, colonia Pacífico de esta ciudad, hasta que venza el plazo de la condena impuesta por el juez Legarda (tres años). Garfio debe residir en un determinado lugar, del que no podrá ausentarse sin permiso de la autoridad que ejerza el cuidado y vigilancia. En el caso sometido a estudio, el domicilio particular del sentenciado, en el entendido de que cualquier cambio de domicilio deberá informarlo a la autoridad ejecutora, en este caso el juez de ejecución o la Fiscalía de Ejecución de Penas. Garfio debe desempeñar una ocupación lícita, lo cual deberá acreditar ante las autoridades señaladas, así como abstenerse de causar molestias a la parte afectada en la investigación y el proceso. Además de la causa penal contra Garfio, la FGE sostiene otras 14 contra exfuncionarios y empresarios que se beneficiaron con las operaciones irregulares efectuadas por el gobierno duartista.