GUANAJUATO, Gto. (apro).- Organizaciones defensoras de derechos humanos exhortaron al gobierno de Guanajuato a emitir medidas de protección para el personal del Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes (NIMA), ante la denuncia penal que, por difamación y calumnias, interpusieron los abogados del sacerdote católico Pedro Gutiérrez Farías, fundador de los albergues Ciudad del Niño de Salamanca. Estos centros de asistencia son investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) por presuntas violaciones a derechos de la niñez y la adolescencia cometidos por el personal con el sacerdote al frente, además de que actualmente se encuentran intervenidos por el DIF de Guanajuato, luego de que el sacerdote fue obligado a entregar la custodia. Gutiérrez Farías ha sido defendido por numerosos personajes públicos, alcaldes y diputadas, a pesar de que una juez de distrito encontró al interior del albergue Ciudad del Niño a más de un centenar de menores a quienes les fue cambiada la identidad –mediante actas del Registro Civil del estado- y se les pusieron los apellidos del sacerdote Gutiérrez y de una monja que colaboraba con él, entre otras anomalías. NIMA elaboró y difundió un informe sobre la situación de los menores y adolescentes y ha participado en las reuniones que otras organizaciones como la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM) han sostenido con las autoridades federales y estatales para revisar la situación de los menores, que no ha sido solucionada a cabalidad. En respuesta, los abogados del sacerdote católico interpusieron una demanda penal contra los directivos y personal de NIMA. Ante ello, el director del Centro de derechos humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Concha Malo; el Centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de derechos humanos Victoria Díez, REDIM, Aluna Acompañamiento Social y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos hicieron llegar al gobernador, Miguel Márquez, un exhorto en el que avalan la labor realizada por NIMA en este y otros casos y le solicitan que a nivel estatal se emitan medidas para proteger la vida, seguridad e integridad del equipo de esta organización civil. Aunque NIMA ha sido incorporada al Mecanismo federal de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas (expediente MEC/CEN/110/D/O/2017), la demanda en su contra ante el ministerio público en Guanajuato “puede constituir una campaña de desprestigio y criminalización contra la organización y su equipo… un afán de silenciar su labor e intimidarles para que no continúen con la misma”, expusieron las organizaciones firmantes. “El reconocimiento al trabajo que realizamos las organizaciones civiles es parte fundamental del diálogo democrático y posibilita que las víctimas de violaciones a derechos humanos y de delitos puedan acceder a la justicia, a la verdad, a la reparación y del daño y a las medidas de no repetición”, resaltaron.