OAXACA, Oax. (apro).- El Mecanismo de Protección a personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación es un “Frankenstein” que acumula violaciones a los derechos humanos, revictimiza a beneficiarios, sigue omiso, recoloca en riesgo y no está claro el manejo de recursos públicos, afirmó la periodista Jade Ramírez Cuevas. Durante el conversatorio: Agenda para la Libertad de Expresión en su primer análisis Medidas de prevención y protección a periodistas, avances y retos, que realizó el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Codigo-dh), la oficial de libertad de expresión de la red Periodistas de a Pie, consideró que lo preocupante es que “los hijos de Frankenstein” se replican en mecanismos y leyes estatales de protección. Y es que ese Frankenstein se está replicando en los estados a propuesta del presidente Enrique Peña Nieto, donde “el victimario se volverá ‘protector’ y los vivaces se sentarán en la silla de Consejeros Ciudadanos para estar más cerca de las oportunidades que brinda el poder”. La apuesta, dijo, “será perpetuar el contexto impune como descompuesto, que posibilita cada 22 horas agredir un periodista, asesinar defensores de la tierra, acosar movimientos sociales, desaparecer reporteros, encarcelar litigantes, espiar y criminalizar la defensa de derechos…como cinta de Moebius (ciencia ficción)”. Mencionó que “con la creación de Unidades de Protección o mecanismos estatales, se repite la historia de carencia de perfiles adecuados para ocupar los puestos inexistentes dentro de una secretaría tipo Gobernación”. Detalló que un Mecanismo es una instancia al mismo tiempo operativa y política que debe ejercer recursos financieros; un funcionario asignado para la tarea, debe combinar en cada caso de protección una estrategia quirúrgica bajo estándares internacionales como principio pro persona o de protección más amplia, principio de buena fe, debido proceso, entre otros, con dos aditivos: perspectiva de derechos humanos y reacción inmediata”. Sin embargo, Jade Ramírez cuestionó que “la plaga de iniciativas creadas y votadas al vapor se ha vuelto la corrosiva solución al tambaleante Mecanismo de Protección a personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación”. Recordó que el Mecanismo federal, en sus casi cinco años de creación, lo han sacado de terapia intensiva una y otra vez sin lograr que se estabilice o se erradiquen sus males nativos, ya que el problema es de forma con mucho fondo. Para cuando se creó el Frankenstein, no había personal, oficina, solo un incipiente proyecto ejecutivo, dijo. El Mecanismo se instaló a finales de 2012, la lista de inquietudes por parte de las organizaciones de sociedad civil involucradas en el proceso era tan larga, como la lista de nombres con urgencia de ir a tocar la puerta correcta para pedir protección, añadió. Dentro de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob, mencionó, había desatinos sobre lo que seguía, pues antes de promulgarse la ley, las ONG que llegaban a la dependencia a través de Serapaz A.C. o por su propia cuenta, pidiendo conciliar en medio de hostigamientos, encarcelamientos, agresiones y violaciones graves a pueblos, colectivos y varias resistencias. Salían de ahí con buena voluntad política y compromiso de diálogo. Nada más. Y “la ventanilla para atender periodistas en Segob estaba cerrada, quizá merecíamos un oficio a la CNDH o sellar un pase a la Procuraduría General de la República de donde veníamos corriendo porque la denuncia, era una carpeta inexistente”. Luego, prosiguió, vino la primera avalancha de urgencias de casos a analizar, además de definir todo lo no resuelto entre operativo, político y financiero. Se fueron los panistas y llegaron los priistas. En lugar de incluir expertos en materia de estrategias de protección y seguridad para los defensores de derechos humanos, prefirieron a la Policía Federal y la empresa RCU Sistemas S.A. de C.V. una multicontratista de gobiernos en los estados, quien hoy por hoy conoce por geolocalización de pe a pa todas las historias y casos activos en el Mecanismo. Luego, abundó, se comenzó a colocar el tema en reuniones de la Conferencia Nacional de Gobernadores, con la apuesta clara de regresar la responsabilidad a los gobiernos locales, pero no exigiendo acatar las disposiciones que les emitía la Junta de Gobierno. “A la luz de los años vemos que la tirada era que los gobernadores promulgaran leyes copy-paste, de lo que de por sí, ni es general ni es federal. Es copiar la tarea, pero mal”, puntualizó la exintegrante del Mecanismo. Ante periodistas de las regiones del Istmo de Tehuantepec, Cuenca del Papaloapan, Mixteca y Valles Centrales, dijo que “hoy estamos documentando los primeros nacimientos putrefactos de los hijos de Frankestein en Querétaro, Jalisco, Guanajuato –en pausa por la vital batalla que dieron periodistas y defensores para detener su votación- Colima, Sinaloa, Chihuahua y Michoacán”. Ello se suma a las erráticas iniciativas de protección en Veracruz, Guerrero, Morelos, Oaxaca; no solo por ineficaces, sino porque terminan siendo instrumentos de cooptación y regulación del periodismo; por ejemplo, dar becas o dádivas en nombre de la protección confunden una problemática que no le corresponde al gobierno resolver, sino a los directivos de los medios a través de condiciones laborales. Entonces, después de cinco años de tropiezos y algunas mejoras, después de la opacidad de la CNDH en la Junta de Gobierno, de la reiterada queja de la Comisión Nacional de Seguridad por destinar personal para cuidar activistas y periodistas, de la nula participación de los diputados y para emprender mejoras vinculantes en la Ley para la Protección, la periodista se preguntó: ¿De dónde los mecanismos en los estados o Unidades de Protección van a funcionar? Y tras el cambio de fiscal especial en la PGR también dejó varias preguntas en el aire: ¿Cuántas carpetas de investigación se reactivaron? ¿Han recontactado a las víctimas que desde 2005 interpusieron denuncias? ¿Se cambió la política de notificaciones con policías ministeriales en las redacciones? ¿Se movió algo en la estructura de ministerios públicos? ¿Se ha llamado a denunciantes para ampliar información o actualizar casos?