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Paola fue asesinada hace un año: no hay avances en el caso y le niegan protección a la principal testigo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalinas han obstaculizado el acceso a la justicia en el caso de Paola Sánchez Romero, la mujer transexual asesinada el 30 de septiembre de 2016, denunció el abogado defensor Luis Alberto Muñoz.

A un año del crimen, cuyo principal sospechoso es el guardia de seguridad Arturo Delgadillo, no existen avances sobre el caso y las autoridades responsables le han negado protección a Kenya Cytlally Cuevas, la principal testigo, señaló.

Además, la organización Equis: Justicia para las Mujeres, que encabeza la defensa legal de Paola, denunció que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México no ha hecho un pronunciamiento al respecto.

En conferencia de prensa, Luis Alberto Muñoz, abogado de Equis, explicó las complicaciones del caso y exigió justicia para Paola y protección policiaca para Kenya.

Destacó que el 2 de octubre de 2016, el juez Gilberto Cervantes Andrade dejó en libertad a Arturo Delgadillo, supuestamente por no tener información concluyente sobre la hora en que ocurrió el asesinato de Paola, pese a conocer la declaración de Kenya y dos elementos de la SSP, quienes encontraron a Delgadillo, pistola en mano (una Pietro Beretta, calibre 9 mm), dentro del auto en el que quitó la vida a la víctima.

Ante la presión social y las movilizaciones que desencadenó la decisión del juez, el caso pasó a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio Doloso en Agravio de Mujeres y Personas con Orientación o Preferencia Sexual, y la Unidad de Investigación 20-1 giró una nueva orden de aprehensión contra el presunto asesino.

Un año después de dictada la nueva orden de detención, la Policía Ministerial se ha negado a ejecutarla. En respuesta, la defensa de Paola interpuso el amparo 863/2017 en el Juzgado Décimo Segundo en Materia de Amparo Penal de la CDMX, justo el día en que se conmemoró el primer aniversario luctuoso.

Pero esa no es la única falta en que ha incurrido la Policía Ministerial, adscrita a la PGJ que dirige Edmundo Garrido Osorio, pues también negó las medidas cautelares de protección –consistentes en escoltas personales– a Kenya Cytlally, ordenadas por el juez de Control Cristian Mota desde el 28 de octubre de 2016.

El argumento es que no se puede proporcionar seguridad a una servidora sexual, pese al riesgo que corre la ahora defensora de los derechos de la comunidad LGBTTTI por haber denunciado el caso y porque, además, Arturo Delgadillo está en libertad.

Kenya, presente en la conferencia de prensa, señaló que desde enero ha recibido amenazas de muerte, vía telefónica, y desde entonces no se ha podido reintegrar a sus actividades en la capital del país.

La Policía Ministerial también negó darle protección a la activista porque, dijo, la Fiscalía no hizo “bien” su trabajo e intentó promover una revalorización de las medidas de seguridad para Kenya, a través del Comité de Evaluación de la PGJ, con el objetivo de retirarle la protección, según el abogado de Equis.

La defensa interpuso un amparo (513/2017) en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Penal en contra de la Policía Ministerial por no ejecutar las medidas precautorias.

De acuerdo con Luis Alberto Muñoz, la SSP también incurrió en falta al insistir en la negativa de proporcionar seguridad a Kenya por ser trabajadora sexual.

Sin embargo, apuntó, la dependencia capitalina está obligada a proporcionarle la protección porque así lo autorizó el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, en diciembre de 2016.

“Sorprendentemente”, explicó, la policía municipal de Chimalhuacán, municipio mexiquense donde vive Kenya, sí cumplió con las acciones que recomendó el Mecanismo, pues desde su aprobación, policías de la entidad vigilan el domicilio de la activista e instalaron un botón de pánico y cerraduras de seguridad en su domicilio, entre otras medidas cautelares.

“Es lamentable la respuesta de transfobia y de discriminación de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Es increíble que sigan pasando estas arbitrariedades en la capital, la entidad que supuestamente se declara amigable con la comunidad transgénero y en donde supuestamente hay derechos. En el discurso se dice una cosa y en los hechos no nos apoyan”, subrayó Kenya.

Se trata, dijo, de un acto de discriminación, por lo que ya existe una denuncia ante la Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México.

Y, a días de que concluya su misión como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos local, Perla Gómez no ha emitido las medidas precautorias respecto de las omisiones de la PGJ y la SSP, pese a que esa instancia fue la que inició una queja de oficio por el homicidio doloso de Paola y complementó las pruebas que aportó Equis Justicia, explicó Laura Hernández García, coordinadora de la Red de Abogados de la organización Letra S.

“La Comisión contestó que ya estaba en proceso un pronunciamiento, pero a más de un año, no se ha emitido. Si se pronuncia ahora, también actuaría de manera tardía, porque a estas alturas debería darse seguimiento a sus recomendaciones, y ya es un año”, agregó.

De hecho, sentenció, la Comisión también han negado el acceso a la investigación del caso por considerar que no son parte interesada.

A la denuncia se acumuló una más interpuesta ante la Contraloría del organismo de derechos humanos por el maltrato y revictimización que sufrió Kenya de parte de un miembro de la Dirección de Quejas.

“Tiene que quedar el precedente de que un funcionario de la Comisión de derechos Humanos ejerció maltrato a una víctima”, recalcó Hernández García.

“Es preocupante que una ciudad que se dice de avanzada, progresista en la defensa de los derechos de todas las personas y particularmente de todos los grupos de vulnerabilidad, como es la comunidad LGBTTTI, estemos teniendo esta respuesta por parte de la Procuraduría, la Secretaría de Seguridad Pública e incluso de la Comisión de Derechos Humanos”, remató el abogado Luis Alberto Muñoz.

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