“El Yugo Zeta” en Coahuila: control de penales, secuestros, matanzas, quema de cuerpos…

Siniestros, políticos y empresarios

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante los días posteriores al 19 de septiembre, todos nos volvimos buenos. En la esperanza fugaz de la solidaridad ciudadana y el entusiasmo exacerbado por emotivas coberturas mediáticas, con opinión de intelectuales políticamente correctos, hubo espacio para la redención, inclusive de los peores.

Intocables, las Fuerzas Armadas pasaron de ser cuestionadas por su involucramiento en los grandes crímenes de la historia reciente al aplauso generalizado por su presencia –no siempre afortunada– en la atención de la contingencia por el sismo.

La constructora española OHL –todo un directorio de la nomenclatura en su consejo de administración– envió cuadrillas de trabajadores y vehículos a zonas de amplia cobertura de medios, como la colonia Roma. Sin investigación que hasta ahora determine los favoritismos y prebendas obtenidos de las administraciones mexiquense y federal peñanietistas, hoy, cuando el escándalo Odebrecht llegó al extremo de amagar con una crisis política –por parálisis legislativa en días de presupuesto y presión por el cese del fiscal electoral–, todos parecen olvidar que fue en medio del escándalo OHL y no Odebrecht que Emilio Lozoya dejó la dirección de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Cierto es que la impunidad con que OHL evade las investigaciones no puede atribuirse a su actividad durante los días posteriores al sismo, pero esto último es ejemplar del oportunismo con el que, quienes hacen negocios al amparo del poder, suelen lavar su pasado, en ocasiones pleno de muerte, despojo y corrupción.

Un ejemplo: el 3 de mayo de 2011, el Pocito 3 de la empresa Binsa, en Sabinas, Coahuila, fue escenario de un cúmulo de condiciones que reflejan la forma en que funciona el país: una explosión en la mina mató a 14 obreros y un niño perdió su brazo. Incontrovertible que ahí se valían del trabajo infantil en una de las actividades más peligrosas.

Alfonso González Garza –cabeza de una familia conocida en la región como Los Mupos– era el concesionario minero en sociedad con Jesús María Montemayor, hermano del exdirector de Pemex, Rogelio Montemayor. El alcalde de Sabinas era hijo homónimo de Jesús María, mientras la empresa, usando dicha concesión minera, era propiedad del hijo de Alfonso, Melchor González Vélez y su esposa, hija a su vez del expresidente municipal Conrado Marines, extinto cacique cenecista.

Ahí llegó Javier Lozano, entonces secretario del Trabajo, quien convirtió en un set de promoción el lugar de la tragedia, bajo resguardo de la Marina. Todo era irregular: la concesión, las condiciones en que operaba la mina, el control de deudos con matices clientelares desplegado por el alcalde.

Salpicado Melchor, fue su hermano Alfonso quien asumió el directorio empresarial de Los Mupos como director de Minergy Corp –una razón social con la que dejaron atrás Binsa– y por quien, en días pasados, se ha escrito mucho en el norte. Ahora resulta que Alfonso lleva ocho años como rescatista, cuya cuadrilla vino a ayudar en Álvaro Obregón 286 y, conforme con los testimonios publicados, esa cuadrilla estuvo a cargo de lo más peligroso, escarbando, ubicando cuerpos, aunque en los hechos de Binsa no se le vio a él por ningún lado.

En las grandes tragedias hay quienes siempre ganan, así sea borrando un pasado letal e impune, gracias a una clase gobernante negligente y corrupta, pero también indiferente y frívola:

El pasado 1 de octubre, cuatro trabajadores murieron en la mina La Encantada, propiedad de la canadiense First Majestic; otro minero falleció en la mina El Cubo, de la también canadiense Endeveaur Silver, justo el día que llegó a México el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. No hubo reclamo por los escándalos de las empresas de su país, y nuestras senadoras, solícitas y prontas, optaron por romper el protocolo y sacarse selfies, pues para ellas lo importante fue que el político es guapo.

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