CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión de Vivienda de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México desechó la iniciativa de ley que envío el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, para la reconstrucción de la capital después del sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre. “Al no considerar el contexto y las características específicas que tuvieron las personas afectadas, se corre el riesgo de perder la oportunidad que otorga la reconstrucción para mejorar todo el entorno de las personas y zonas afectadas y entonces la reconstrucción puede asumir un carácter puramente mercantil en función de la inversión y ganancias privadas que generará -para los desarrolladores inmobiliarios- este proceso”, se lee en el análisis a la iniciativa de Mancera Espinosa. Firmado por la presidenta de la comisión, la legisladora Dunia Ludlow Deloya, con fecha 24 de octubre, el documento denominado “Análisis y observaciones en torno a la Ley del Programa de reconstrucción, recuperación y transformación de la CDMX en una ciudad cada vez más resiliente”, se dio a conocer hoy por la legisladora a raíz de que Mancera Espinosa culpó a la Asamblea de “atorar” la ley por cuestiones políticas. En el documento, que identifica “debilidades” y “fortalezas” de esta iniciativa y ofrece la ruta normativa “más adecuada” para dar sustento legal a las acciones de reconstrucción, carece de “una perspectiva humana y de género, por lo cual no considera la diversidad de las necesidades preexistentes y generadas por el sismo”. Además, señala la necesidad de contar con dictámenes y estudios que permitan identificar las causas de los daños y las circunstancias previas y actuales de las personas, familias, inmuebles y zonas dañadas. Sobre el capítulo Reconstrucción de inmuebles habitacionales, considera la necesidad de limitar la posibilidad de incrementar hasta en 35% los niveles máximos de edificación y el número de viviendas permitidos por los programas delegacional y parcial de desarrollo urbano, como lo señala la iniciativa de Mancera, difundida por este semanario el 18 de octubre en la nota titulada “Mancera no está repensando la Ciudad de México”, en la que urbanistas y asambleístas señalaron su inconformidad ante el proyecto. “El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, no conforme con otorgar a las grandes compañías desarrolladoras la construcción de los edificios que sustituirán a los inmuebles derrumbados y a los que se van a demoler, ahora pretende que la Asamblea Legislativa le autorice aumentar en 35% la densidad de construcción que tenían los inmuebles dañados antes del sismo del 19 de septiembre”. Sobre el punto, en el análisis sobre la iniciativa de Mancera, se acota: “En aquellos casos en los cuales dichos niveles estuvieran por encima de lo permitido en los programas de desarrollo urbano, dichos niveles se respetarían y se tomarían como base para el incremento que se propone otorgar con esta Ley”. Continúa: la iniciativa, “abre la posibilidad de regularizar e incrementar niveles construidos de manera ilegal y se pasa por alto las características del suelo y el entorno de cada predio, los cuales no necesariamente son adecuados para aumentar los niveles de construcción”. El documento señala que la iniciativa carece de mecanismos de mitigación que tendrá este crecimiento a nivel urbano-ambiental, tanto en la infraestructura como en las necesidades de equipamientos y servicios. Peor aún, si no se dan a conocer los dictámenes estructurales y se reconstruye con el criterio predominante de aumentar las viviendas, es posible que se vuelvan a cometer los mismos errores que provocaron los derrumbes. Por ello, la Comisión de Vivienda establece para este tema y la planeación de la reconstrucción, en lo general, se den a conocer los dictámenes técnicos y oficiales de cada uno de los edificios derribados o dañados, a fin de identificar clara y pormenorizadamente las fallas en la construcción, mantenimiento o el impacto del tipo de sismos que se pueden presentar en la ciudad. “De otra manera no podrá establecer un proceso que permita castigar al mal desarrollador y a la construcción irregular, ni se considera, como factor generador imprescindible de riesgo, la actividad urbana, el desarrollo inmobiliario y sus causas subyacentes”, se lee en el análisis. La iniciativa de Mancera asume la creación de áreas comerciales en las plantas bajas de los edificios que se reconstruyan, sin embargo, en opinión de la Comisión, la ley no define lineamientos para la administración de las plantas bajas, lo cual puede dar ventajas a desarrolladores para apropiarse de esos espacios. “La falta de una visión integral deja fuera de la reconstrucción a vecinos y habitantes que no son propietarios, ya que los propietarios y desarrolladores aparecen como los actores centrales que recibirán los apoyos y facilidades para la reconstrucción”, señala el documento. “Tampoco se menciona la posibilidad de que la compra o expropiación de bienes abandonados o en mal estado, que pudieran servir para apoyar la vivienda de interés social”. “Los damnificados (propietarios e inquilinos) deben poder tomar decisiones en conjunto con las autoridades sobre diversos temas: expropiaciones, créditos, reubicación, vigilancia del destino de los recursos y; todos los demás que intervengan en el proceso de reconstrucción”. Autoridades capitalinas tienen un registro de edificios dañados de 11 mil 79, de los cuales 6 mil 85 está en la clasificación verdes (55%), es decir, requieren remodelación. Sobre el capítulo sexto “Acreditación del Derecho de Propiedad”, señala que la propiedad en condominio de personas ausentes se encuentra en riesgo al dejar indefensos a dueños que no se presenten en un plazo de dos días. La Asamblea pidió que la Procuraduría capitalina dé a conocer el dictamen final sobre las causas que originaron el derrumbe o daño en los inmuebles, así como una versión pública de la investigación y, en su caso, la sentencia sobre el deslinde de presuntas responsabilidades de desarrolladores, vecinos y/o autoridades, tal como el Pleno lo aprobó el pasado 10 de octubre.