CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Convocadas de manera urgente y sin mayor discusión, las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos aprobaron por mayoría la minuta de reformas a la Ley Federal de Radiodifusión y Telecomunicaciones proveniente de la Cámara de Diputados y mejor conocida como Ley Televisa Döring, en referencia al legislador panista Federico Doring que propuso estas reformas. La senadora panista Marcela Torres Peimbert propuso la moción suspensiva de la discusión, pero fue desechada por la mayoría de legisladores del PRI y del Partido Verde, encabezados por Gerardo Flores, quienes argumentaron la pertinencia de dictaminarla. “Los comunicadores de Televisa y TV Azteca quieren tener lengua suelta en el proceso electoral del 2018”, afirmó el senador Fidel Demédicis, del bloque PT-Morena, quien también argumentó en contra. “No pretendamos tapar al sol con un dedo: TV Azteca y Televisa ya le jalaron las orejas a la telebancada en el Senado para que se pase tal cual esta minuta”, señaló el legislador morelense. Los priistas Raúl Pozos Lanz y Miguel Romo Medina argumentaron a favor de esta reforma que deroga la figura de la “suspensión precautoria” de transmisiones como sanción para los concesionarios que violenten los derechos de las audiencias. La reforma también privilegia la “autoregulación” de los concesionarios de radio y televisión en materia de derechos de audiencias, mientras que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se queda solamente con facultades de “vigilancia” en materia de derechos de las audiencias y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes. Según las reformas, aprobadas en abril de este año en la Cámara de Diputados, cada concesionario deberá emitir libremente un Código de Etica y no estará sujeto a convalidación o revisión previa o posterior del IFT o de alguna autoridad. Asimismo, designarán libremente al defensor de la audiencia. Uno de los puntos más criticados de esta ley por parte de organizaciones dedicadas a la defensa del derecho a la información, como la AMEDI, Artículo 19 y otras, es que abre la posibilidad de violentar la prohibición absoluta establecida en el artículo 6 constitucional para presentar como información u opinión lo que, en realidad, es publicidad.