HERMOSILLO, Son (apro).- Durante los últimos tres días grupos de hombres armados incursionaron en los terrenos del Ejido el Bajío, ubicado en Caborca, para “levantar”, golpear, amenazar y quemar vehículos de los campesinos, denunció a Apro el ejidatario Manuel Hernández. “El pasado 24 de octubre a las 19:30 horas arribó a un predio de la mina Dipolos en el Ejido el Bajío, un comando armado conformado por al menos quince delincuentes en tres camionetas y dos cuatrimotos”, contó Hernández Al llegar, los pistoleros sometieron a seis ejidatarios desarmados que custodian y viven en esa aérea; cinco más lograron esconderse en la oscuridad antes de ser vistos. “Una vez sometidos los ejidatarios: Erasmo Santiago Santiago, su esposa Margarita Ramírez, José Gaytán Ruiz, Reynaldo Castro y sus dos hijos, los delincuentes comenzaron a robar carbón activado contenido en diez filtros”, añadió el vocero de los ejidatarios. Los cinco campesinos que evitaron ser capturados marcaron al 911 alrededor de las 19:45, hora local, y la ayuda arribó hasta las 2:30 de la madrugada, cuando ya no había nadie a quién rescatar. “Doce horas después liberaron a dos ejidatarios muy golpeados y amenazados de que, si denuncian, lo siguiente es la muerte, pues les quitaron sus identificaciones”, contó Manuel Hernández Mencionó que a pesar de las amenazas los ejidatarios pusieron una denuncia en la Agencia Primera del Ministerio Público del Fuero Común de Caborca. Los pistoleros regresaron los dos días siguientes y continuaron privando ilegalmente de su libertad a los campesinos para soltarlos después de amenazarlos de muerte y quemar los carros estacionados en el Ejido el Bajío Los ejidatarios ratificaron la denuncia por lo que fueron detenidos dos hombres que participaron en los ataques, un menor de 17 años y un adulto de nombre Jesús Germán Gil Millanes. Ambos reconocieron que trabajan para Rafael Pavlovich, tío de la actual gobernadora de Sonora. Los ejidatarios del predio El Bajío son propietarios de una de las vetas de oro más ricas de México, la cual es improductiva desde hace un año por un conflicto con la minera Penmont, firma estadunidense que se apropió ilegalmente de los terrenos. Tras un largo litigio que duró años, el Tribunal Agrario ordenó a Penmont, socia de la minera mexicana La Herradura, que restituya los terrenos a los campesinos y pague por el oro saqueado ilegalmente, indemnización que se calcula en 300 millones de dólares. Con argucias ilegales y sobornos a Magistrados del Tribunal Agrario, Rafael Pavlovich Durazo se apropió de una parte de los terrenos del ejido y ahora los reclama como su propiedad.