Una lección de ética política

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Con su renuncia a competir por una candidatura independiente a la Presidencia de la República, Emilio Álvarez Icaza dio una lección de dignidad y de ética política como desde hacía muchos años no veíamos en las esferas de las luchas por el poder. En su discurso, después de señalar la elección de Estado que se llevó a cabo en los pasados comicios en el Edomex, la complicidad de las autoridades electorales en ella, el cinismo, la complicidad y la impunidad de la clase política que, en su desprecio por la ley, se emparenta con el crimen organizado, la ya larga violación a los derechos humanos y la estrategia de fragmentar el voto mediante los mal llamados candidatos independientes, dijo:

“Ante estos escenarios […] he decidido no ser funcional ni a los intereses ni a las estrategias del PRI [que en otros momentos ha llamado con mayor precisión ‘una cultura política’]y por eso no seré un candidato independiente más. […] Hacer política de otra manera supone actuar en congruencia, primero con el país, después con nuestra organización y después, mucho después, con cualquier pretensión personal […]”

Estas palabras, que adquieren sentido mediante actos –la única forma en que la ética se enseña–, no sólo confirman la ya larga presencia moral de Emilio en la vida política del país; son también un llamado a lo que desde hace tiempo no he dejado de insistir y de insistirle: la unificación de la “reserva moral del país” para refundar la nación, para realizar una revolución no-violenta y necesaria: “Llamo –dijo al final del discurso– a un diálogo nacional a todas las fuerzas políticas y sociales que estén por la transición democrática y contra la regresión, a que generemos una agenda, un programa y un proyecto de país que nos oriente hacia el futuro.”

En los siete meses que lleva la vida de Ahora, Emilio ha ido construyendo ese diálogo con mucha de esa reserva moral del país: ONG de defensa de derechos humanos; ciudadanos hartos que carecían de representación y han encontrado una alternativa en esa iniciativa ciudadana; organizaciones políticas como la de Por México Hoy, representada por Cuauhtémoc Cárdenas; hombres y mujeres de partido que, pese a todo, han puesto entre paréntesis sus intereses personales para rescatar el país; estudiantes y pequeños y medianos empresarios.

Ha organizado y fortalecido también candidaturas independientes en las regiones, al grado de que Ahora ha lanzado una posible candidata para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en la persona de Lucía Riojas Martínez, una talentosa muchacha del Yo Soy 132.

Ese trabajo, que se suma a su larga y profunda tradición como defensor de los derechos humanos, y que ha adquirido mayor autoridad con su reciente renuncia a una posible candidatura independiente, ha sentado las bases para que ese llamado a un gran diálogo, que pueda conducir a la unidad de la reserva moral del país, se realice pronto.

Emilio no sólo está obligado a hacerlo –él, después de la lección de ética política que acaba de darle a la nación, es la única figura que puede convocarlo en medio de la emergencia nacional y del oscuro y corrompido panorama político que amenaza con encerrarnos muchas décadas más en el infierno–; está también obligado a ampliar ese diálogo con otras organizaciones sociales de abajo, en particular con Marichuy y las fuerzas indígenas de la nación. Sé que al menos con Marichuy lo ha intentado. Sé también que por prejuicios tanto del EZLN y del CNI como de Emilio –prejuicios que se remontan a los diálogos de paz en Chipas–, el puente no ha encontrado su punto de apoyo para ser tendido.

Emilio, sin embargo, tiene una propuesta incluyente y fundamental para ese urgente diálogo con la ya larga y ejemplar lucha de los pueblos originarios, una propuesta que, por desgracia, no ha hecho pública y que es impostergable que la anuncie y la explique en sus más profundos e importantes detalles: la creación de un cuarto nivel de gobierno que, de alguna forma, está en la base de los Acuerdos de San Andrés.

Los pueblos originarios –es una deuda de México y de su Constitución con ellos– no sólo merecen ser reconocidos como un espacio tan autónomo como es el de la Federación, el de los estados y el de los municipios; merecen también tener una representación como un poder más de la nación. Emilio tiene la obligación de formularla y de llamar directamente a Marichuy y al Concejo Indígena de Gobierno a ese diálogo, como lo hizo en su discurso con el ingeniero Cárdenas y Por México Hoy. Marichuy y el Concejo Indígena tienen también la obligación de sentarse a dialogar con esta propuesta. Hay más de una semejanza en lo que Emilio y Marichuy representan en la dignidad del país.

Vivimos, como lo expresé en mi artícu­lo “Transitar en el vacío” (Proceso 2136), una profunda crisis civilizatoria que anuncia, en su vacío, algo nuevo. Eso nuevo que viene sólo puede ir adquiriendo un rostro con la unificación, en el orden del diálogo, de la mayor parte de la reserva moral del país. Sólo así podremos poner un coto a lo que el sistema representa –“corrupción, engaño, abuso, mentira, privilegios para unos cuantos y violación sistemática al Estado democrático de derechos y los derechos humanos”– y, mediante “una agenda, un programa y un proyecto de país”, abrir el sentido político de la refundación nacional y de lo nuevo que viene.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a las autodefensas de Mireles y a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales y refundar el INE.

Este análisis se publicó el 22 de octubre de 2017 en la edición 2138 de la revista Proceso.

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