“El Yugo Zeta” en Coahuila: control de penales, secuestros, matanzas, quema de cuerpos…

Un día de furia en el paraíso de la coca

El municipio colombiano de Tumaco, el lugar del mundo donde se produce más cocaína, fue escenario de una matanza de campesinos el pasado jueves 5, cuando la fuerza pública disparó contra los cultivadores de hoja de coca que se oponían a la erradicación forzada de su medio de sustento. Los cocaleros de la zona se han ido sumando a un programa voluntario de sustitución de cultivos… pero ese día las cosas se salieron de control. Según las autoridades, detrás de todo están las mafias que se enriquecen con la producción de la droga y habrían sido quienes provocaron la masacre.

BOGOTÁ (Proceso).- El jueves 5 todo salió mal en el remoto caserío El Tandil, del municipio de Tumaco, el lugar del mundo donde más cocaína se produce.

Ese día, muy temprano, unos mil 500 campesinos formaron una barrera para impedir que los policías y soldados, enviados cuatro días antes, cumplieran su tarea: erradicar por la fuerza los plantíos de hoja de coca.

La llegada de los uniformados, quienes se instalaron en un campamento a orillas del río La Hondita, generó gran malestar entre las comunidades indígenas, negras y mestizas que habitan la zona, pues la siembra de hoja de coca es su única fuente de ingresos.

Para esos campesinos, la mejor opción es acogerse al programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, que desarrolla el gobierno colombiano como parte de los acuerdos de paz con la exguerrilla de las FARC y el cual prevé un financiamiento de 12 mil dólares por familia en un plazo de dos años.

Pero muchas familias cocaleras no han sido admitidas en el programa por irregularidades en la tenencia de la tierra o porque, según el gobierno, tienen cultivos “industriales” de hoja de coca, como se denomina a los que ocupan extensiones de más de 3.8 hectáreas.

Y como el gobierno colombiano tiene encima la presión de Washington para reducir los cultivos ilícitos, de manera paralela a la sustitución voluntaria –que no produce resultados inmediatos– aplica un programa de erradicación forzosa que, por su naturaleza represiva, causa un gran malestar en las comunidades y en los grupos criminales que se benefician del negocio de la cocaína. Entre estos figuran los cárteles mexicanos de la droga.

El gobierno asegura que sólo está erradicando por la fuerza los cultivos “industriales”, detrás de los cuales hay bandas de narcotraficantes. Pero abundan los testimonios de campesinos con pequeños cultivos que indican que, incluso después de haberse acogido al plan de sustitución voluntaria, llegan tropas de la policía y el Ejército a destruir sus plantíos.

A El Tandil habían llegado el domingo 1 unos 200 efectivos, entre policías antinarcóticos, policías antimotines y soldados. El martes 3, unos 65 guardias indígenas de la etnia awá se presentaron en el campamento de los uniformados para explicarles que no podían estar allí, porque esas son tierras de un resguardo indígena en el que no se admite fuerza pública.

“La respuesta fue una agresión a los guardias indígenas con gases lacrimógenos, bombas de aturdimiento y balas de fusil. Dos compañeros resultaron heridos”, dice a Proceso el dirigente de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Óscar Montero.

La mañana del miércoles 4, una pequeña comisión de indígenas awá volvió al campamento de la fuerza pública y un oficial, que no se identificó, les reiteró que no se irían del sitio y que iban a cumplir la orden de erradicar manualmente en la zona unas 3 mil hectáreas de plantíos de hoja de coca, la mitad de las que están cultivadas en ese sector.

“Los guardias awá le dijeron al oficial que se fueran porque eso es un territorio protegido. Le mostraron un mapa oficial, le dijeron que la comunidad estaba muy inquieta y que todos se querían acoger al programa de sustitución voluntaria, pero no lo pudieron hacer entrar en razón”, relata Montero.

Campesinos de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de los Ríos Mira, Nulpe y Mataje también les pidieron a los uniformados que suspendieran el operativo, para dialogar con el gobierno.

“Pero no nos hicieron caso y querían seguir erradicando. Aquí no defendemos los cultivos ilícitos, sino nuestro derecho a subsistir, y la mata de coca es lo único que tenemos”, dice a este semanario un campesino cocalero identificado como Wilmer.

Desde las 06:00 horas del jueves 5, campesinos procedentes de varias veredas (caseríos) se congregaron en El Tandil para montar un cerco en torno a los cultivos de hoja de coca que serían destruidos manualmente por soldados y policías. El ambiente ya era muy tirante.

Un reporte de la Fundación Paz y Reconciliación, que envió investigadores al lugar, asegura que algunos campesinos participaban en la protesta “de forma voluntaria y, otros, forzados por el grupo de seguridad privada de narcotraficantes mexicanos al mando de Cachi (alias del exguerrillero de las FARC Jefferson Chávez Toro)”.

A las 09:30 horas, unos 300 campesinos se acercaron al campamento de la fuerza pública. Unos 110 policías antinarcóticos, con los fusiles al hombro, salieron a su encuentro. Los soldados y la unidad antidisturbios se mantuvieron en la retaguardia. Un capitán de la policía tomó la palabra.

“Parecía que estábamos dialogando. El capitán nos dijo que íbamos a instalar una mesa de diálogo –recuerda Wilmer–, pero eso fue subiendo de tono y hubo gritos, porque ellos decían que tenían que erradicar y nosotros que no… Y entonces no sé qué pasó, pero uno de los (policías) antinarcóticos disparó, y luego siguieron ráfagas y más ráfagas.”

Durante unos segundos el campesino pensó que eran disparos al aire, pero cuando vio que a unos metros de él algunos de sus compañeros comenzaron a caer supo que los tiros eran contra ellos.

“Yo corrí entre los árboles, no sé cuánto, hacia abajo, hasta que tropecé con algo y me caí. Cuando vi atrás, había tres compañeros tirados. Pensé en si estarían muertos o heridos. Ahí me quedé un momento largo, en el suelo, hasta que pensé que habían dejado de echar bala”, recuerda Wilmer.

Pero luego de un momento, los disparos siguieron. Algunos campesinos gritaban “paren, paren, que hay civiles heridos”. A Wilmer le pareció que la balacera se prolongó varios minutos.

A las 10:00 horas de ese jueves 5, en ese sector de la vereda El Tandil del municipio de Tumaco había unos 35 campesinos, entre muertos y heridos.

El ataque dejó de inmediato seis muertos y un campesino más falleció el jueves 12 en el hospital de Tumaco al que fue llevado. Pero la cifra total no se ha precisado porque, según denuncias de los cocaleros, hay cadáveres que no han sido hallados. Los heridos fueron 21.

“Los Mexicanos” 

Según un comunicado del Ministerio de Defensa, la muerte de los campesinos ocurrió cuando disidentes de la exguerrilla de las FARC, hoy dedicados al narcotráfico, lanzaron artefactos explosivos “contra los integrantes de la Fuerza Pública y contra la multitud que se encontraba en el lugar, y luego atacaron con fuego indiscriminado de fusiles y ametralladoras a los manifestantes y a las autoridades”.

El gobierno asegura que los disidentes están encabezados por Walter Patricio Artizala, Guacho, y Jefferson Chávez Toro, el Cachi, exguerrilleros del desaparecido Frente Daniel Aldana de las FARC. El segundo comanda un grupo armado que se hace llamar Los Mexicanos, por sus estrechas relaciones con los cárteles de la droga de México. Su zona de operación es donde ocurrieron los hechos del jueves 5.

Pero la abundancia de testimonios de los campesinos, que señalan como autores de los disparos a los policías, y la ausencia de huellas de explosiones en el lugar, desacreditaron muy pronto ante la opinión pública la versión oficial.

Luego, una misión de la Defensoría del Pueblo (el ómbudsman colombiano) visitó Tumaco y reportó que, según todos los testimonios, los manifestantes “fueron atacados con arma de fuego por miembros de la policía antinarcóticos”.

Además, los testigos señalaron a los enviados de la Defensoría que en el momento de los hechos “no hubo intervención de grupos armados ilegales (como) disidencias de las FARC ni tampoco se registró el lanzamiento o activación de cilindros bomba o ‘tatucos’ (explosivos artesanales), contrario a lo informado por las autoridades”.

Y la autopsia a seis de los cuerpos determinó que todos fallecieron por lesiones de proyectiles de alta velocidad, es decir, de fusil, mientras que el informe de balística indica que el calibre de la munición es 5.56, el mismo que usan las armas largas de los agentes antinarcóticos.

Otro dato revelador es que ninguno de los policías resultó herido ni por proyectiles de arma de fuego ni por esquirlas.

La policía mantiene la versión de que sus agentes fueron atacados por grupos criminales infiltrados en la manifestación cocalera, pero suspendió a cuatro integrantes de la institución “que presuntamente accionaron sus armas de fuego” contra los campesinos.

La investigación no ha estado exenta de tropiezos. Tres días después de la matanza, una misión humanitaria con personal de la ONU, la OEA, la Diócesis de Tumaco y varias ONG fue atacada por la policía en El Tandil con cuatro bombas de aturdimiento, gas lacrimógeno y disparos al aire.

La misión intentaba llegar a la parte trasera del campamento de los policías, donde según varios testimonios estaba el cadáver de un indígena muerto en el ataque.

“La comunidad piensa que si recibieron a balazos a una comisión internacional y oficial, es porque los policías estaban dispuestos a pagar un alto costo por ocultar algo. La gente dice que allí puede haber muchos más cadáveres”, afirma la dirigente de la ONG Minga, Sonia Cifuentes, quien formaba parte de la misión humanitaria atacada.

Pobladores del sector cercano al campamento de la policía reportaron que, antes de retirarse de la zona, los 112 agentes antinarcóticos que estaban allí, les impidieron ingresar a sus casas durante tres días. Al menos una de las viviendas fue saqueada, y en otras sus habitantes reportaron robo de leña.

En pocas horas se esparció por toda la vereda el rumor de que en las tres noches que siguieron a la tragedia se veían grandes fogatas y se percibía en el aire un “olor a carne”.

Se veía venir

Tumaco, donde según la ONU había sembradas 23 mil 148 hectáreas de hoja de coca en 2016, con una capacidad de producción de unas 137 toneladas de cocaína al año, es el municipio del mundo donde más se produce esa droga. También es una de las poblaciones más pobres y violentas de Colombia y un centro estratégico del narcotráfico internacional.

Ese municipio y puerto colombiano del Pacífico, en la frontera con Ecuador, ofrece condiciones excepcionales a las mafias de la droga. En su territorio de 3 mil 601 kilómetros cuadrados, mayoritariamente rurales y selváticos, no se concentran los más extensos cultivos de hoja de coca de Colombia, sino cientos de laboratorios para procesar pasta base y de clorhidrato de cocaína.

Bajo la espesura verde hay varios ríos por donde se saca la droga en pequeñas lanchas hacia el Pacífico. Ya en alta mar, se carga en semisumergibles y en enormes lanchas rápidas para ser transportada a Centroamérica y México.

Desde abril pasado, las protestas contra la erradicación forzosa de cultivos ilícitos mantienen en alta tensión a Tumaco. Ese mes, campesinos cocaleros retuvieron a 11 policías más de 24 horas y les robaron los fusiles; además un joven agente fue asesinado con arma de fuego.

El general José Ángel Mendoza, director antidrogas de la Policía Nacional, afirma que detrás de las protestas hay mafias del narcotráfico que pagan o presionan a los campesinos para enfrentar a los uniformados.

Los campesinos están entre dos fuegos. Las bandas criminales demandan pasta base de hoja de coca para procesar cocaína y la fuerza pública tiene órdenes de intensificar la erradicación forzosa de los cultivos ilícitos.

En medio de esas tensiones, el pasado martes 17, sólo 12 días después de la masacre en El Tandil, fue asesinado el líder social Jairo Cortés, integrante de la Junta de Gobierno del Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera, una organización que posee parte de los terrenos donde ocurrió el ataque a los campesinos cocaleros.

El vicario de la Diócesis de Tumaco, Arnulfo Mina, recuerda que desde hace medio año advirtió al gobierno central que, si no intervenía en forma urgente para hacer frente a la compleja problemática de violencia, desempleo –ocho de cada 10 jóvenes carecen de trabajo formal– y pobreza, que llega al 83%, “aquí iba a haber un estallido”.

Y por desgracia, dice el sacerdote católico, “ya estamos viendo esa explosión”.

Con la masacre de campesinos y el asesinato del líder social Jairo Cortés, el número de muertes violentas en Tumaco llegó a 139 en el transcurso de este año, 37 más que todo 2016. La tasa de homicidios en ese municipio es de 65 por cada 100 mil habitantes, casi tres veces más que el promedio nacional.

Las FARC eran el grupo armado dominante en la región hasta que esa exguerrilla firmó los acuerdos de paz en noviembre pasado. Tras su salida del territorio, se desató una dura disputa entre bandas como el Clan del Golfo, las Guerrillas Unidas del Pacífico, Renacer, Los Mexicanos y el insurgente ELN.

De acuerdo con el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, lo que hay en Tumaco es una “anarquía criminal” y muchas tensiones entre la fuerza pública y las comunidades que se oponen a la erradicación forzosa de cultivos ilícitos.

“Y en esa lucha –afirma el politólogo–, los cárteles mexicanos, que son los que tienen una especie de monopolio en la compra de pasta base y de clorhidrato de cocaína, están generando arreglos para que esa disputa no afecte el mercado.”

Este reportaje se publicó el 22 de octubre de 2017 en la edición 2138 de la revista Proceso.

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