Colombia: la rebelión cocalera

BOGOTÁ (apro).- Las movilizaciones de campesinos cocaleros que esta semana se realizan en Colombia no sólo expresan el creciente descontento de miles de humildes jornaleros por la lentitud con que está aplicando el gobierno el programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, sino algo más grave aún: el alto costo social que tiene en este país la nueva guerra antidrogas de Estados Unidos.

La administración del presidente estadunidense Donald Trump no está interesada, como lo estaba la de su antecesor, Barack Obama, en siquiera explorar estrategias alternativas a la fracasada guerra contra las drogas que proclamó Washington hace más de medio siglo, o en abordar el fenómeno como un asunto de salud pública.

Por el contrario, Trump está enfatizando en el combate policiaco en todos los eslabones de la producción –lo que criminaliza a miles de campesinos pobres–, el procesamiento y el tráfico de drogas, y su gobierno desconfía del programa de sustitución voluntaria de cultivos de hoja de coca que desarrolla Colombia porque su enfoque es fundamentalmente social, no represivo.

Esto presiona a Colombia. Y es que ante el aumento de cultivos de hoja de coca que se ha registrado en el país en los últimos tres años –periodo en el que se duplicaron, hasta llegar a 146 mil hectáreas–, Estados Unidos exige acciones de fuerza que produzcan una rápida disminución de los plantíos.

Esta exigencia se ha traducido en una intensificación de las labores de erradicación forzosa de cultivos ilícitos que realizan la policía y el Ejército, mientras que el programa de sustitución voluntaria de cultivos cocaleros ha pasado a un segundo plano.

Las comunidades campesinas que viven de la siembra de hoja de coca rechazan la destrucción de sus plantíos no porque sean criminales, sino porque son el único sustento que tienen. En muchos casos, además de la ofensiva policiaco-militar enfrentan la presión de las bandas del narcotráfico, que las obligan a mantener por lo alto la producción de coca.

Los campesinos cocaleros son, por mucho, el eslabón más débil de la cadena del narcotráfico. Según estimaciones de Naciones Unidas, en 2016 había 106 mil familias colombianas dedicadas a esta actividad, cuyo ingreso per cápita fue de 80 dólares mensuales en promedio, equivalentes a la tercera parte del salario mínimo en Colombia.

Es decir, las comunidades indígenas, negras y mestizas que se dedican a la siembra de hoja de coca viven una economía de subsistencia.

Y lo hacen porque las apartadas regiones rurales que habitan carecen de infraestructura para sacar productos tradicionales a los centros de consumo.

Enfoque social

El programa de sustitución voluntaria que desarrolla el gobierno prevé financiar con un total de 12 mil dólares por un plazo de dos años a cada familia cocalera para que reemplace sus cultivos por cacao, maíz, café, plátano y otros productos legales.

Este programa forma parte del acuerdo de paz que suscribieron el gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en noviembre pasado y el cual obliga al Estado, además, a llevar infraestructura social (centros médicos, escuelas, drenaje, electricidad) y carretera a las zonas donde se desarrolla esa actividad.

La enorme mayoría de las 106 mil familias cocaleras que hay en el país quieren acogerse al programa de sustitución voluntaria de cultivos, pero como esa estrategia no da resultados inmediatos, como la erradicación forzosa, el gobierno está priorizando esta última para presentar buenas cuentas a Washington.

Mediante la erradicación forzosa, el gobierno ha destruido este año 40 mil hectáreas de plantíos ilícitos, y a través del programa de sustitución voluntaria unas 6 mil.

Los dirigentes de los campesinos cocaleros aseguran que está en marcha una rebelión nacional contra la erradicación forzosa y exigen al gobierno acelerar la sustitución voluntaria. Las movilizaciones de miles de campesinos en diferentes regiones del país están tomando fuerza.

La tensión social que provoca esta estrategia antidrogas ya tuvo un estallido el pasado 5 de octubre, cuando policías antinarcóticos que realizaban labores de erradicación en el suroccidental municipio de Tumaco mataron a ocho campesinos cocaleros que se oponían al operativo.

Las protestas de esta semana serán una medición de fuerzas con el gobierno colombiano, que a su vez se encuentra entre la espada y la pared. Por un lado, enfrenta las presiones de Washington para reducir rápidamente los cultivos ilícitos y, por otro, sabe que la mejor respuesta que puede dar al fenómeno de la producción de drogas es social y no policiaca.

Todo esto con un elemento político que atraviesa el debate sobre cuál es la mejor estrategia antidrogas que puede aplicar Colombia: las campañas de cara a los comicios presidenciales de 2018 ya están en marcha y la derecha (desde el Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe, hasta el fiscal general Néstor Humberto Martínez, militante de Cambio Radical) tienen bajo fuego el programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.

Uribe, Martínez y el aspirante presidencial de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, están con Trump y apuestan por la mano dura. Es decir, por la misma estrategia que ha llevado a miles de campesinos pobres a la cárcel en las últimas dos décadas y que en ningún momento ha logrado que Colombia deje de ser el principal productor mundial de cocaína.

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