TOLUCA, Edomex (apro).- Eran las 7:45 horas. Alrededor de 350 internos asignados a los módulos 2, 3, 4 y 5 concretaron el motín que habían acordado realizar desde hace alrededor de un mes en el penal de Chiconautla, en protesta por los malos tratos a los que se ven sujetos, a partir de la llegada del nuevo jefe de custodios, Jesús Antonio Ramírez. Los reclusos sublevados sacaron de sus celdas algunos colchones y los quemaron para hacer fumarolas con el objetivo de llamar la atención del exterior. A eso de las 8:00 am se escucharon más de 20 detonaciones de arma de fuego. Después, los custodios del penal se replegaron y dejaron a los internos en estado de indefensión. Armados con puntas y palos, los inconformes se trasladaron al área médica, desde donde pretendían accesar al módulo 1 –de indiciados-, en donde se encuentran unos 840 procesados, con la finalidad de hacerse de rehenes, entre ellos, los de presencia mediática, como el activista José Humbertus Pérez Espinoza, y personal del penal con presencia relevante en la estructura. También se hablaba de la intención de retener a Emyr Garduño Lord Rolls Royce, pero él se encontraba en el módulo 8. “Ya habían rodeado el módulo 1 y querían entrar por el área médica; nosotros colindamos con el área médica y no hay guarniciones, por allí quisieron romper los vidrios para entrar. Como se dijo que venían por varios rehenes, entre ellos un servidor, a mí me protegieron mucho, unos 300 internos se dispusieron en mi pasillo para no dejar pasar a quienes se amotinaron, venían por mí y por otros internos para usarnos como escudos”, expuso Pérez Espinosa, el presidente del Frente Mexiquense en Defensa de una Vivienda Digna A.C. (FMDVD). El activista aprovechó para responsabilizar al gobierno estatal de cualquier agresión o daño a su integridad. “Nosotros tuvimos que repeler la agresión. Tardó más de una hora en arribar el grupo antimotines y los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El evento quedó contralado alrededor de las 10.30, pero un custodio conocido como “El Che” fue picado gravemente, el jefe de turno fue herido en una pierna, y se habla de varios internos de la población que fueron heridos”, detalló Humbertus, recluido en esa cárcel desde el 4 de noviembre de 2015, tras denunciar diversos fraudes inmobiliarios en los que se encontraban coludidos funcionarios priistas. A través de un comunicado, el gobierno del Estado de México aseguró que el malestar de los reclusos derivó del traslado, la noche del domingo, de 9 reclusos relacionados con Luis “N” alias El Tatos a otros centros penitenciarios. “Estos personajes presuntamente prestaban servicios de seguridad a dicho sujeto, situación que pretendió ser aprovechada por otros internos para tratar de agredir al individuo referido”, afirmó la autoridad. El Tatos es identificado como líder de grupos de reos en diversos penales de la entidad que emplean la tortura a los demás internos para extorsionar a sus familias, como se aprecia en la información y videos revelados hace algunos días por la Agencia MVT. Luis “N” fue trasladado el pasado 20 de octubre de Neza-Bordo a Chiconautla, como una supuesta estrategia para desarticular su banda. No obstante, Pérez Espinoza consideró que tal evento sólo pudo ser el pretexto, porque el motín ya se venían preparando y anunciando desde hace alrededor de un mes, por la inconformidad por la llegada del nuevo jefe de custodios, el comandante Jesús Antonio Ramírez, a finales de julio. Desde su llegada, indicó, se han denunciado casos de tortura, golpes y cacheos en contra de la población, y malos tratos a sus familiares durante las visitas. Apenas el pasado viernes realizó una revisión violenta en el Módulo Femenil, durante el operativo, a las internas les fueron hurtadas pertenencias como artículos de limpieza y aseo personal, uniformes y sartenetas, lo que desató la irritación de sus esposos -que también son parte de la población- y sirvió como detonante. Desde septiembre pasado, que coincide con la llegada del nuevo comandante, indicó, también se incrementó el consumo del alcohol en el penal, en colusión con un custodio al que conocen como El Texcoco. Agregó que los sentenciados también están molestos por las muertes de internos a los que no se ha atendido de tuberculosis –alrededor de 20 reclusos la padecen, y unos 8 han muerto por falta de atención-. En los últimos dos años esta enfermedad contagiosa se incrementó porque la población tampoco tiene una alimentación nutritiva. Los casos de cáncer, ascariasis o de la infección conocida como hongo de agua no son atendidos pues a pesar de que los familiares adquieren los medicamentos, el personal médico se los roba y no los aplica. El además fundador de la asociación Presunción de Inocencia, expuso que si bien no justifica la vía violenta, todo motín tiene una explicación y revela inconformidad. La población penitencia de Chiconautla rebasa los 4 mil 500 internos. El hacinamiento es tal que tan sólo en el módulo 1 hay 13 celdas y en cada una pernoctan en promedio 75 internos. José Humbertus Pérez advirtió que eso es inconcebible bajo el esquema del nuevo sistema de justicia acusatorio, adversarial y oral, además de violentar la Ley de Vigilancia de Medidas Cautelares promovida en 2015 por el exgobernador Eruviel Ávila, con el objetivo de acabar con el autogobierno, las fugas y los motines. De forma paralela, recordó que debió sustituirse la prisión preventiva oficiosa con medidas alternas para delitos no graves, pues de aplicar en Chiconautla, se despresurizaría en 60 por ciento, pues a la fecha 20 por ciento de su población detenida cuando operaba el sistema penal inquisitorio no ha sido sentenciada desde hace diez años, 20 por ciento más alcanza beneficios porque ya compurgó tres quintas partes de la sentencia, hizo trabajo y tiene buen comportamiento; y otro 20 por ciento más es acusado de robo por montos insignificantes. “Está comprobado que la prisión preventiva oficiosa indiscriminada genera motines y fugas”, alertó. Pérez Espinoza recordó que de 2011 a 2017 (en la gestión de Ávila Villegas) se aprobaron 986 millones 715 mil pesos para crear el fideicomiso público C3, a través de la partida 203H0, con el que debieron construirse más centros preventivos de readaptación social y modernizarse los que ya se tienen, lo que nunca ocurrió y cuyo destino se desconoce.