CARACAS (apro).- “Se metieron, se metieron…”, una frase que en Venezuela enmarcó el terror vivido durante los allanamientos ilegales perpetrados por cuerpos policiales y militares en conjunto con civiles armados adeptos al presidente Nicolás Maduro. El objetivo: amedrentar a las familias de clase media que protestaban contra el Gobierno. Este fenómeno de asaltos armados a viviendas civiles fue dirigido y ejecutado por la Guardia Nacional (GN), el Conas (Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro), la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), entre abril y agosto de 2017, meses en los que una ola de manifestaciones antigubernamentales se realizaron ininterrumpidamente, que mantuvo en vilo a Venezuela en lo que fue denominada, por la ONG defensora de los derechos humanos Provea, como la primera rebelión popular del siglo XXI en el país. Amnistía Internacional (AI) publicó este lunes 30 el estudio Noches del terror: Ataques y allanamientos ilegales a viviendas, el cual revela la participación de la fuerza pública venezolana en estos asaltos a domicilios civiles. “El equipo de investigación de Amnistía Internacional, asimismo, ha tomado conocimiento de al menos 47 denuncias por allanamientos y ataques a zonas residenciales por fuerzas de seguridad del Estado y grupos civiles armados. Ello entre abril y julio de 2017 y en 11 distintos estados del país”, explica AI en el documento. El modus operandi del gobierno fue asediar a los manifestantes que convirtieron en focos de protestas los alrededores de conjuntos residenciales. Lluvias de bombas lacrimógenas, disparos de perdigones de plomo --lo cual es ilegal en Venezuela y viola tratados internacionales suscritos por el país--, vehículos-cisternas con agua a propulsión para repeler a los manifestantes, incluso disparos con armas de fuego, eran las tácticas más recurrentes de la fuerza pública venezolana contra las protestas. Otro componente de esta estrategia de represión sistemática fue la cooperación de los cuerpos de seguridad con grupos de civiles armados identificados con Maduro. Lo que atemorizaba aún más a los habitantes de las zonas afectadas por estos allanamientos. Mientras esto ocurría, se han reportado en diversas localidades a grupos de civiles armados, con la aquiescencia del Estado, atacando a las mismas zonas allanadas, precisa el informe de AI. Como si de una producción cinematográfica se tratara, el gobierno de Maduro comenzó a utilizar despliegues militares de guerra contra los civiles. Helicópteros, drones, equipos de prensa del gobierno, cientos de militares y decenas de vehículos bélicos eran dispuestos para atacar no solo las manifestaciones sino los edificios residenciales, escuelas e incluso hospitales privados que recibía a los manifestantes heridos. “Existe evidencia de que inmediatamente después de las manifestaciones los cuerpos de seguridad del Estado se dirigían hacia el interior de los edificios y zonas residenciales, para continuar reprimiendo a la población, ahora dentro de las comunidades mediante allanamientos ilegales En otros casos, los allanamientos ocurrían muchas horas después de haber acabado todo tipo de manifestación en las calles, o incluso días después de las mismas”, explica el informe de AI. En todos los casos, el denominador común antes de los asaltos a las viviendas de esas residencias fue el uso de drones días antes. Con esta tecnología, analistas y víctimas aseguran que el gobiernos marcaba el domicilio de las residencias para perpetrar los asaltos ilegales. [caption id="attachment_509248" align="alignnone" width="702"] Represión en Los Verdes días antes del allanamiento. Foto: Edecio Brito Adrián [/caption] Una semana antes del allanamiento a Los Verdes. Medios locales reseñaron testimonios de residentes afectados en los que confirmaban que estos aparatos sobrevolaron las zonas allanadas justo antes de los asaltos. En noviembre de 2016 la estatal petrolera venezolana destinó más de 7 millones de dólares en la compra de drones para el Ministerio de la Defensa. Otra característica que definió estas incursiones fue la falta de órdenes judiciales de allanamiento, tampoco hubo presencia de fiscales del Ministerio Público. De acuerdo a lo establecido por la legislación venezolana, todo allanamiento debe hacerse con una orden emanada por un juzgado y contar con la presencia de fiscales que garanticen el respeto a los derechos fundamentales de los implicados. Estos principios también los ampara la Constitución venezolana y pactos internacionales suscritos por el Estado, pero fueron ignorados sistemáticamente por los organismos de seguridad que perpetraron los allanamientos. “De acuerdo a distintos relatos, todos ellos concordantes, estos operativos podían durar varias horas y prolongarse durante toda la noche, mientras numerosos funcionarios asediaban al tiempo la zona, sin limitar el uso de la violencia y sin justificar sus acciones en alguna orden judicial”, reseña AI. Las incursiones de la fuerza pública en instalaciones civiles dejaron destrozos a propiedad privada, incluyendo derribo de paredes, rejas, vandalismo contra autos, destrucción de cámaras de seguridad y cortes de luz, pero también detenciones ilegales y robo de objetos de valor e incluso de alimentos de las familias que habitan los apartamentos allanados, además de sembrar el terror entre sus habitantes que vieron vulnerados sus derechos civiles y políticos. El amedrentamiento, intimidación, uso desproporcionado de la fuerza y la violencia desmedida fueron comunes en todos los procedimientos realizados en diferentes ciudades venezolanas. “El terror creado durante estas largas noches que se vivieron en muchas ciudades de Venezuela trascendió a esos momentos. Las personas relataron cómo las afectaciones han traído secuelas: presentan problemas para dormir, se sienten inseguros en su propia casa y totalmente desprotegidos frente a las arbitrariedades que cometieron las mismas autoridades que debían resguardar su seguridad”, explica el reporte de AI a partir de los testimonios que recogió. Una de las residencias allanadas fue el Conjunto Residencial el Paraíso, mejor conocido como Los Verdes --por el color de los edificios--, ubicado al oeste de Caracas. Estas residencias han sido bastión opositor desde la época de Hugo Chávez. Y, tanto en las protestas de 2014 como este año, protagonizaron fuertes manifestaciones contra Maduro. Las imágenes de vehículos militares blindados derribando las verjas de estos edificios le dieron la vuelta al mundo como muestra del uso desproporcionado de la fuerza en Venezuela. [caption id="attachment_509247" align="alignnone" width="702"] Vehículo blindado de la fuerza pública irrumpió en Los Verdes durante el allanamiento ilegal del 13 de junio. Foto: Vecinos de Los Verdes.[/caption] Transmisión del 13 de junio durante el allanamiento a Los Verdes El alcalde del municipio Libertador en Caracas, donde se encuentran Los Verdes, es el oficialista Jorge Rodríguez, quien, por cierto, criticó a México y aseguró que es el país más violento del mundo, pero a los pocos días se le vio en Ciudad de México donde viven sus hijos y fue increpado por un venezolano que lo reconoció. Debido a la naturaleza chavista del ayuntamiento, Rodríguez se propuso eliminar cualquier foco de protestas y fue así como se perpetró uno de los más brutales allanamientos militares a civiles el 13 de junio en Los Verdes que comenzó en horas de la tarde y se prolongó hasta la noche. Entre los detenidos esa noche estaba una joven embarazada a la que sacaron de un apartamento, sin orden judicial ni derecho a la defensa. Días después fue liberada. En ese asalto, los militares dispararon a Cross, mascota Yasmín Navarro, dueña de uno de los apartamentos asaltados. En declaraciones a Proceso, Navarro dijo que le suplicó al militar que no le disparara al perro, pero el uniformado con una escopeta lo mató. “Una vez adentro de mi apartamento, me amenazaron, le tomaron fotos a los portarretratos de mi familia y me dijeron que si aquí (en Los Verdes) había otra protesta me iban a llevar presa”, relató. Testimonio de la dueña de Cross Estas residencias quedaron destruidas y casi cinco meses después no han podido recuperar las áreas comunes dañadas. Las dos entradas principales fueron derribadas por los blindados de la GN y el Conas, la crisis económica que del país ha impedido que las más de 200 familias que habitan este conjunto residencial puedan costear los daños causados por los allanamientos. Esta situación se repite en las residencias asaltadas en diferentes ciudades venezolanas, de acuerdo lo constatado por AI. El miedo y desconfianza de la población afectada hacia las autoridades fue otro hallazgo de esta investigación. El estudio de AI ha denominado estas incursiones ilegales como “noches del terror”, debido a que en las comunidades visitadas por la organización, las víctimas relataban situaciones similares y era común que las llamaran de esa forma. AI listó siete puntos coincidentes en los testimonios que recogieron en diferentes regiones venezolanas donde ocurrieron los allanamientos ilegales: a. Allanamiento sin orden judicial: “Cuando abrí, simplemente me empujaron y me apuntaron” (Testimonio de allanamiento realizado el 22 de mayo en Miranda) b. Uso excesivo e indiscriminado de la fuerza: “Les disparan para que quede oscuro” (Informe del Observatorio Venezolano de Violencia) c. Actuaciones arbitrarias: “Se llevaron hasta mi computadora” (Testimonio de allanamiento realizado el 29 de julio en Caracas) d. Destrucción de evidencia: “Quedó sólo una cámara de vigilancia” (Testimonio de allanamiento realizado el 22 de mayo en Miranda) e. Amenazas a los residentes: “Llegó el Coco (monstruo)” (Testimonio de allanamiento realizado el 22 de mayo en Miranda) f. Detenciones arbitrarias: “Hay veces que te llevan y tú no sabes a dónde te llevan” (Testimonio de allanamiento realizado el 4 de julio en Miranda) g. Participación de grupos armados pro gobierno: “Los Guardias en una esquina y los 'colectivos' en otra” (Testimonio de allanamiento en Barquisimeto el 26 de abril) Cámara de seguridad captó cómo funcionarios trataron de destruir evidencia durante el allanamiento en Montaña Alta, Miranda el 22 de mayo Luego de los comicios regionales realizados el domingo 15, en El Paraíso, ubicado al oeste de Caracas, los manifestantes trataron de iniciar nuevamente las protestas, pero fueron rápidamente controlados por los cuerpos de seguridad que volvieron a allanar varios edificios ese sector capitalino, aunque con menos brutalidad que en los meses anteriores. El resultado: no se reactivaron las protestas. “Amnistía Internacional detectó que existen patrones consistentes que indican que estos allanamientos son parte de una política de represión, a través de actuaciones que constituyen violaciones a los derechos humanos por parte del Estado venezolano”, concluye el informe de AI y añade recomendaciones para el Estado venezolano, entre ellas el cese inmediato de este tipo de procedimientos, que investigue y sancione de manera imparcial a los funcionarios que ordenara y participaron en estos allanamientos ilegales. Además, recomienda proveer garantías para que las investigaciones y juicios sean imparciales y que la jurisdicción militar decline en los juicios a civiles. También solicitaron la liberación de toda persona detenida de manera arbitraria.