COLIMA, Col. (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) acusó de sabotaje y apología del delito al líder campesino Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, por haber encabezado una protesta contra el alza a las gasolinas y al diésel el pasado 12 de enero, frente a los accesos del Puerto de Manzanillo. La audiencia de imputación en que la juez de Control decidiría si vinculaba a proceso o dejaba en libertad a Vizcaíno Rodríguez estaba prevista para realizarse este lunes en la sala de juicios orales del Poder Judicial Federal de esta ciudad, pero se difirió hasta el próximo 16 de noviembre. La petición del aplazamiento fue realizada por la parte acusada, que al no contar con defensor registrado ante el juzgado, le fue asignado uno de oficio que desconocía totalmente el caso, además de que en la última etapa el Ministerio Público Federal agregó al expediente el delito de sabotaje, situación que incluso no había sido informada a la abogada Adriana Ruiz Visfocri, quien ha asesorado legalmente a Vizcaíno. Presidente de Productores Unidos de Colima (PUC), organización afiliada a la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), Arnoldo Vizcaíno Rodríguez estuvo al frente de una de las manifestaciones contra el gasolinazo que se realizaron en enero pasado ante la caseta de entrada y salida del puerto colimense. En entrevista, Vizcaíno --exdiputado local y presidente estatal del PRD en Colima-- se mostró extrañado de que la Administración Portuaria Integral (API) procediera únicamente en su contra, pues en la protesta participaron cientos de campesinos, entre ellos el presidente nacional de la CIOAC, y la víspera organizaciones de transportistas habían bloqueado el puerto con sus unidades, en tanto que un día después, militantes de Morena también se manifestaron frente a la terminal portuaria. Dijo: “Yo tengo la absoluta tranquilidad de que no cometimos ningún delito, en ese sentido no me preocupo, además de que no me van a asustar, nomás eso faltaba; si hemos andado en muchas cosas, pero lo que me preocupa es que con cierta impunidad estas gentes se atrevan a atacar la esencia de los artículos fundamentales de la Constitución que protegen el derecho a la libre manifestación y a la libertad de expresión”. Expuso que hasta donde él tiene conocimiento, en el país no hubo ninguna acción penal contra quienes se manifestaron contra el alza a los combustibles, por lo que “evidentemente hay consigna, una actitud revanchista, pero no nos vamos a dejar amedrentar”. De acuerdo con Vizcaíno, tanto la API como la PGR “deben entender que la están regando, porque a nosotros no nos preocupa llegar hasta el final; si así quieren, así le entramos, y estamos preparando denuncias contra la API y un par de notarios corruptos de Manzanillo que se prestaron para dar testimonios falsos”. Mencionó que en los hechos jamás hubo un bloqueo del puerto por parte de los campesinos, ni hubo una toma, aunque “a lo mejor sí lo hubiéramos hecho porque el acuerdo de la asamblea de PUC contemplaba eso, pero cuando nosotros llegamos estaba ya todo tomado por policías; ellos no nos pueden acreditar que impedimos el acceso o la salida de ningún transportista, porque nadie nos solicitó o se apersonó para decirnos que querían pasar; en todo caso el puerto lo bloquearon ellos mismos”. Por su parte, la abogada Ruiz Visfocri recordó que desde marzo pasado Vizcaíno fue citado a la subdelegación de la PGR en Manzanillo, donde se le informó únicamente de la acusación de apología del delito, y se enteró del cargo por sabotaje hasta que recibió el citatorio para la audiencia de imputación, y ella se trasladó a Manzanillo a revisar el expediente. Adriana Ruiz comentó que el delito de sabotaje es grave en sí mismo e implica prisión preventiva de manera oficiosa en caso de que la juez determine que existen elementos para vincular a proceso al acusado. Mientras se llevó a cabo la diligencia de este día, decenas de integrantes de la PUC, representados por Griselda Martínez Martínez y Sergio Chávez Carrillo, permanecieron en plantón afuera de las instalaciones del Poder Judicial Federal.