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La Cámara de Diputados desacata al Tribunal Electoral por precio de gasolinas

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Durante este 2017 y para evitar someter a discusión la reducción del precio de las gasolinas –que al arranque de año se incrementó entre dos y tres pesos por litro, lo que provocó ira social en la mayor parte del país–, la Cámara de Diputados se dedicó a litigar en contra de la ciudadanía.

El 12 de julio pasado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la Cámara de Diputados dictaminar, discutir y votar la iniciativa que el 2 de febrero presentaron un grupo de 12 ciudadanos y la diputada priista Ivonne Ortega Pacheco para reducir el precio de las gasolinas en la misma proporción que aumentó.

Después de medio año sin dictaminar en comisiones la iniciativa, Ortega y el grupo de ciudadanos acudieron al tribunal para reclamar la “omisión” de la Cámara de Diputados, lo que violentaba, expusieron, sus derechos político-electorales.

La Cámara se negó a dar trámite al proceso legislativo porque discutir la iniciativa abría la posibilidad de que se aceptara la reducción, con lo cual el gobierno federal dejaría de percibir 166 mil millones de pesos, según se reveló la noche del miércoles 18 durante la sesión de la Comisión de Hacienda.

De acuerdo con la resolución del máximo tribunal –del cual Proceso tiene copia–, la Cámara, por conducto de su representante legal, litigó contra los ciudadanos y sus propios diputados. Alegó que los denunciantes no tenían “interés jurídico”, que el tribunal era “improcedente para combatir omisiones legislativas”, que “no es vía para combatir actos de carácter legislativo”; peor aún, reclamó la “inexistencia del acto reclamado”.

Del documento se desprende que la Cámara de Diputados buscó que el máximo tribunal no diera entrada al juicio, que no se entrara al fondo del reclamo, menos aún que un poder alterno –el Judicial– le enmendara la plana al Legislativo.

Pero no ocurrió así. Por unanimidad, los siete magistrados dieron la razón a los demandantes y exigieron a la Cámara de Diputados que cumpliera con su objetivo de legislar, repusiera el procedimiento y emitiera un dictamen de las comisiones unidas de Hacienda y Presupuesto. A la fecha no ha cumplido y está en desacato.

Los magistrados consideraron que la posibilidad de iniciar leyes por parte de los ciudadanos forma parte del ejercicio del derecho político-electoral, por lo que su debido ejercicio “debe ser tutelado por los tribunales electorales”.

Luego de lo anterior, la Cámara de Diputados interpuso recursos en donde alegó “causales de improcedencia” como, por ejemplo, “que la parte actora carece de interés jurídico al no advertirse que aduzca violación a alguno de sus derechos político-electorales”.

Los magistrados desestimaron su alegato debido a que la reforma del 9 de agosto de 2012 al artículo 35, fracción VII de la Constitución, permite a los ciudadanos presentar iniciativas de ley. Y la iniciativa ciudadana “es un mecanismo de democracia directa”, por lo que tienen el derecho a fin de que puedan “participar de manera inmediata en la toma de decisiones públicas gubernamentales.

En el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto se obtuvo un IEPS por combustibles del orden de los 30 mil 321 millones de pesos, con el aumento para este 2017 se pronosticó un cierre de 284 mil 884 millones de pesos.

La iniciativa se presentó al día siguiente de que inició el periodo de sesiones de este año. Los demandantes exigían una disminución en la misma proporción del aumento.

La noche del miércoles 18, cuando se disponían a aprobar el dictamen de la Ley de Ingresos para 2018, los diputados de la Comisión de Hacienda se percataron de que tenían la demanda en el cajón, que habían caído en desacato de un ordenamiento judicial y se enredaron en interpretaciones judiciales de lo que ello significaba.

Lo que sí estuvieron de acuerdo es que de haber dado marcha atrás al aumento al IEPS como era la demanda, el gobierno dejaría de percibir 166 mil millones de pesos, “y la iniciativa no dice cómo se sustituiría ese recurso, de dónde se obtendría”.

Precisiones

El tribunal destacó que los ciudadanos cuentan con interés jurídico para controvertir la omisión de los órganos legislativos de dictaminar los proyectos de creación, modificación, reforma, derogación o abrogación de leyes y decretos que hayan presentado.

El representante legal de la Cámara alegó que el hecho de que tengan derecho a presentar una iniciativa ciudadana no implica “que tengan como efecto vincular a la Cámara para dar respuesta o dictaminar en determinado sentido”.

Pero el tribunal le aclaró que la demandante no controvierte una “omisión legislativa”, sino “su omisión de ejecutar un proceso legislativo”. Según la Cámara, esa “omisión” no afecta los derechos político-electorales, sino atañe al ámbito parlamentario administrativo.

Sostiene también que no hay omisión porque en el momento de la demanda se estaba “en receso legislativo” y tampoco la hay porque el 18 de mayo la entonces presidenta de la mesa directiva “turno a comisiones unidas de Hacienda y Presupuesto” la iniciativa ciudadana.

El tribunal le respondió que, según el reglamento del Congreso, las comisiones deben sesionar una vez al mes, aun en periodo de receso, y tienen 45 días para dictaminar una vez que se remitieron a comisiones y, cuando las comisiones no han dictaminado, una vez vencido el plazo en la siguiente sesión del pleno se debe someter la iniciativa a discusión. Lo anterior significa que el 5 de septiembre debió discutirse, pero ello no sucedió.

La diputada de Morena Ariadna Montiel integrante de la Comisión de Hacienda, recuerda un párrafo de la resolución SUP-JDC-470/2017 del tribunal, que califica “la citada omisión (de no dictaminar) se traduce en un actuar doloso de la responsable que intenta llevar al límite de los plazos la tramitación de la iniciativa”.

Justo antes de dictaminar, la ley para el siguiente año y la cual se aprobó en el pleno al día siguiente, el jueves 19, los diputados de PAN, MC, PRD y Morena demandaron que se atendiera la resolución del tribunal; es decir, que se dictaminara la iniciativa “pero en comisiones unidas”.

“Es el colmo que el Poder Judicial tenga que venir a enmendarnos la plana porque no hacemos lo que nos toca, que es legislar, discutir, votar”, dice la diputada.

Y agrega: “Ha sido tan irregular el proceso de esta iniciativa, que en lugar de dictaminar en comisiones unidas, como fue el mandato, votamos ‘un proyecto de dictamen’ en la Comisión de Hacienda”.

Waldo Fernández, del PRD, reclamó que las comisiones no votan proyectos, sino dictámenes. Lo legal es que se vote en comisiones unidas. Por lo irregular del proceso, PRD, MC, PAN y Morena votaron a favor de la iniciativa, logrando 12 votos, pero el PRI, PES y Verde sumaron 21.

A pesar de ello, el proceso sigue siendo irregular y la Cámara no sólo litiga contra los ciudadanos, sino que apenas el martes 24 lo hizo en contra de reducir el IEPS.

La diputada Montiel explica que la resolución, de ser positiva, afectaría únicamente a los dos meses que restan del año, lo que implicaría que el gobierno deje de percibir cerca de 20 mil millones de pesos y los ciudadanos pagarían por la gasolina lo que desembolsaron en 2016, “pero además hubiera incidido en la votación para la Ley de Ingresos de 2018”.

El diputado Alejandro Armenta, también de Morena, la única voz discordante, junto con sus correligionarios Vidal Llerenas y Ariadna Montiel, en el rechazo a la Ley de Ingresos de 2018, explicó que toda la ley es una “farsa”; es irreal y se “miente a la ciudadanía”.

Ese dinero de los excedentes, acusa, se destina en un 60% a los fideicomisos públicos que no tienen reglas de operación claras. Por ejemplo, dice mientras sostiene los documentos, en la administración de Peña Nieto se han obtenido excedentes por 2.8 billones de pesos. Y tan sólo de enero a junio de 2017 ya se tienen 477 mil 202 millones de pesos. “Ese dinero es ocho veces más de lo que se requiere para la reconstrucción; si se aplicara como es debido no se tendría que aumentar el precio de gasolina ni ajustar programa a la baja con el pretexto de atender los daños del sismo”.

Este reportaje se publicó el 29 de octubre de 2017 en la edición 2139 de la revista Proceso.

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