El eurodiputado Romeva

BRUSELAS (apro).- Nació en Madrid en 1971, pero es uno de los líderes del separatismo catalán. Raúl Romeva acababa de cumplir 33 años cuando se convirtió en diputado del Parlamento Europeo. Era un joven político del partido ecologista Iniciativa per Catalunya Verds, que forma parte de la bancada del Grupo del Partido Verde Europeo.

Romeva fue quizás el eurodiputado que más incomodó al gobierno mexicano, principalmente al del presidente Felipe Calderón Hinojosa, durante las dos legislaturas que sirvió en el Parlamento Europeo entre 2004 y 2014.

Dejó Bruselas con la reputación de haber sido el eurodiputado más participativo: 2 mil 139 intervenciones en sesión plenaria, 14 informes como ponente, 627 propuestas de resolución o mil 366 preguntas parlamentarias.

Es más conocido el vuelco que dio su trayectoria política al volver a Cataluña. En septiembre de 2015, Romeva encabezó y ganó la candidatura independentista de Junts pel Sí, y fue designado a ocupar el nuevo cargo de consejero (algo así como secretario) de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia del gobierno de la Generalitat de Cataluña dirigido por Carles Puigdemont.

Tras el referéndum catalán del pasado 1 de octubre, Romeva se convirtió en uno de los rostros más importantes del movimiento independentista en el extranjero, dando entrevistas y participando en debates en inglés o francés en las cadenas de televisión más importantes del planeta.

Junto con todos los miembros del gobierno de la Generalitat catalana fue cesado de sus funciones este 27 de octubre, tras la aplicación del artículo 155 por parte del gobierno conservador de Mariano Rajoy. Sobre Romeva pesan diversas acusaciones del Tribunal Superior de Justicia de España por haber sido uno de los firmantes del decreto que convocó el referéndum de autodeterminación ilegal del 1 de octubre.

Mirando hacia atrás, se puede afirmar que Romeva fue el eurodiputado que más criticó al gobierno mexicano por no proteger los derechos humanos de sus ciudadanos, pero también presionó a las instituciones comunitarias para que actuaran en consecuencia.

Lo hizo a través de numerosas preguntas parlamentarias tanto a la Comisión Europea como al Consejo Europeo, y con propuestas de resoluciones en el Parlamento Europeo, que movilizaron a la diplomacia mexicana y sus aliados del Partido Popular Europeo, al que pertenece el actual partido de gobierno en España.

En una década, Romeva logró tejer a su alrededor una red de ONG y fundaciones europeas que le solicitaban apoyo a sus causas en México. Ayudó también a darle proyección comunitaria al reclamo de justicia de los padres de Hester Van Nierop, la joven asesinada en Ciudad Juárez en 1998 y cuyo asesino, Pedro Padilla Flores, fue finalmente enjuiciado y encarcelado en 2014.

Las embajadoras mexicanas ante la UE, María de Lourdes Dieck Assad (2004-2007) y Sandra Fuentes-Berain (2007-2013), tenían una notable animadversión en contra de él, sobre todo la segunda, quien incluso públicamente ponía en entredicho las habilidades diplomáticas del catalán y se quejaba de su inmadurez política.

Cuando en 2004 Romeva llegó al Parlamento Europeo, México era gobernado por Vicente Fox, que con su imagen de macho ranchero todavía se beneficiaba de cierta complacencia internacional derivada de su histórico triunfo en las elecciones de 2000, que sacaron al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la presidencia nacional después de siete décadas de monopolizarla y abrieron la posibilidad de que el país transitara hacia una verdadera democracia, lo que terminó siendo un tremendo fracaso.

En aquel momento, el gobierno foxista había logrado, más o menos con éxito, que la UE aplaudiera el supuesto cambio positivo en la política mexicana de derechos humanos, incluyendo una interesada actitud de “apertura” al escrutinio internacional.

Pero eso duró hasta que ocurrieron las represiones policiacas de Guadalajara en mayo de 2004 contra manifestantes que asistían a la cumbre UE-Latinoamérica; San Salvador Atenco en mayo de 2006 contra los pobladores de esa localidad, y Oaxaca a finales de ese mismo año contra la disidencia magisterial, y durante la cual fue asesinado el activista estadunidense Brad Will.

Por escrito o verbalmente, Romeva protestó en cada una de esas ocasiones contra el uso excesivo de la fuerza del Estado. A veces casi en solitario.

Por ejemplo, entre las víctimas de los hechos de Atenco del 3 y 4 de mayo de 2006, había dos ciudadanas catalanas, María Sostres y Cristina Valls, que fueron agredidas sexualmente por la policía y luego expulsadas de México sin que las autoridades respetaran los procedimientos internacionales.

Romeva tomó la defensa de las jóvenes en Bruselas y criticó la ineficacia de las autoridades consulares españolas durante la detención y expulsión de las jovencitas. En contra de sus esfuerzos para que la UE se implicara en el caso, el gobierno de Madrid, entonces presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, permitió que el Consejo Europeo (los Estados miembros de la UE) se desentendiera de brindar protección a sus ciudadanas y, por tanto, de llamar a cuentas al gobierno mexicano, como también lo exigía Romeva.

Fue además el único eurodiputado que durante una audiencia en el Parlamento Europeo, el 18 de diciembre de 2007, cuestionó la autoridad moral de México para presidir el nuevo Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al encarar a quien se ocuparía de tal función, el mexicano Luis Alfonso de Alba. Eso fue poco después de que el presidente Calderón nombrara secretario de Gobernación al exgobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, a quien se le responsabiliza de la detención y tortura de activistas durante la cumbre eurolatinoamericana de mayo de 2004.

Le dijo: “El problema de fondo al que nos enfrentamos en todo el mundo es la falta de credibilidad y de autoridad moral que nos impide hacer el trabajo que deberíamos hacer (…) Cuando uno quiere dar lecciones de derechos humanos es más fácil hacerlo cuando no se le puede a uno criticar o se le critica poco”.

Y continuó: “Quisiera hacerle una pregunta que puede resultarle incómoda: México es un país que en este momento tiene sobre la mesa muchos temas abiertos sobre derechos humanos: el caso de Atenco, la situación preocupante de Oaxaca, el caso no resuelto de los feminicidios, los hechos de Guadalajara (…) ¿Cómo, desde la dificultad de ser mexicano, aspira a afrontar estas cuestiones?”.

Sin embargo, la iniciativa que llevó a Romeva a una máxima tensión con el gobierno mexicano y los intereses españoles en el Parlamento Europeo fue su propuesta de resolución contra los feminicidios en 2007.

Como no había pasado desde el levantamiento zapatista, esa resolución mereció que la diplomacia mexicana activara la maquinaria pesada de cabildeo para eliminar o suavizar las partes que no le convenían del texto –con la ayuda decisiva del eurodiputado popular José Ignacio Salafranca– empezando por el título, que por ninguna razón quería que se mencionara la palabra “México” como enunciaba el borrador original.

La ofensiva gubernamental mexicana alcanzó niveles extraordinarios, como cuando al comparar las cuantiosas enmiendas propuestas al texto de parte de populares y socialistas resultaban ser exactamente las mismas, pero una en español y la otra en inglés.

Romeva traspasó una línea roja. Su situación parecía ponerlo nervioso e inseguro (alguna vez reconoció que nunca se esperó tal reacción de sus oponentes). Para algunos, su arrojo descansaba en la insensatez y la ingenuidad; para otros, tenía que ver con una personalidad soñadora y combativa.

Él mismo ha relatado que el consejero jurídico de la embajada mexicana, en esa época Jorge Cícero, le advirtió que el gobierno haría todo lo posible para que su resolución no pasara.

En las negociaciones y en los debates abiertos del texto, a Romeva le llovían recriminaciones y burlas disimuladas de los eurodiputados populares, que, en una lógica de comparaciones tramposa, consideraban injusto e inapropiado sólo plantear el caso y la responsabilidad del gobierno de México en el texto, pues, argumentaban, la “violencia contra las mujeres” es “un problema mundial” que para combatirlo se requería cooperar y no señalar con el dedo.

Después de una dura negociación en la que Romeva debió ceder desde su posición minoritaria en el Parlamento Europeo, finalmente el texto que se refería a “México y Centroamérica” fue aprobado el 11 de octubre de 2007, aunque lleno de parches y sin la figura de un zar contra los feminicidios que proponía crear al interior de la Delegación de la UE en México.

Desde entonces, el eurodiputado catalán libró una lucha desigual contra el Estado mexicano y los grupos mayoritarios del Parlamento Europeo, de la que poco a poco se fue alejando para concentrarse en otras preocupaciones, como la política armamentista o pesquera de Europa, aunque nunca dejó de ser un fastidio para las autoridades calderonistas.

Ahora, enfrentado con el poder central de Madrid, y con la UE y la comunidad internacional dándole la espalda a la independencia de Cataluña, incluyendo México, Romeva libra otra batalla escabrosa y solitaria… todavía más difícil y agotadora que aquella que tantos dolores de cabeza provocó durante su paso por el Parlamento Europeo.

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