CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En vísperas de que la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México determine la titularidad de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), una peticionaria del organismo interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), contra la actual ombudsman Perla Gómez Gallardo, por vulnerar los derechos humanos de “protección de datos, a no ser discriminada, a la integridad y seguridad personal, a la dignidad y honra, a la privacidad y al trato digno”. La denuncia contra Perla Gómez fue presentada también ante el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Leonel Luna, así como ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), al considerar que con su actuación la ombudsman violó la Ley General de Víctimas. La queja presentada este martes 31 ante la CNDH, se deriva de la entrevista a Gómez Gallardo incluida en el reporte especial publicado el sábado 28 en el portal de Proceso, en el que la ombudsman da respuesta a quienes han cuestionado su gestión, entre ellos María de Lourdes Mejía Aguilar, madre de Carlos Sinuhé Cuevas Mejía, fallecido el 26 de octubre de 2011, presumiblemente víctima de una ejecución extrajudicial atribuida a personal de la Procuraduría. La peticionaria se manifestó en contra de la reelección de Gómez Gallardo el pasado 17 de octubre, fuera de las instalaciones de la Asamblea Legislativa, al informar que la presidenta de la CDHDF la ha presionado para que concilie con la Procuraduría, a lo que no ha accedido. En la entrevista, Gómez Gallardo señaló que la señora Mejía había recibido 70 mil pesos de la Procuraduría, que tenía mayores pretensiones económicas, así como que detrás de los reclamos de la peticionaria estaban integrantes de la organización que la representa, I (dh)eas, Litigio en Derechos Humanos, en cuyo consejo directivo están “mi antecesor (Luis González Placencia), Rocío Culebro, y varias personas que también se postularon para estar en la Comisión”. Ante tales revelaciones, Mejía decidió acudir a la CNDH, y aclaró que recibió “un apoyo económico por concepto de apoyo a víctimas de delitos graves por parte de la Procuraduría General de Justicia de Distrito Federal, el cual como se señaló en el respectivo expediente no constituye de ninguna forma una reparación del daño”. Por las declaraciones a Proceso, la madre de Cuevas Mejía consideró que Gómez Gallardo violó sus derechos humanos al colocarla en una “situación vulnerable y riesgosa”, al atentar en contra de la “protección de datos personales e información sensible que obra dentro del expediente de queja CDHDF/I/122/TLAL/11/D6739”, además de que al informar sobre el monto que recibió por parte de la Procuraduría, puso en riesgo su integridad personal, “en medio de un contexto de inseguridad como el que pasamos actualmente”. Para la quejosa, Gómez Gallardo estigmatizó su “lucha por la verdad y justicia en el caso de la ejecución extrajudicial” de su hijo, al pretender deslegitimar las exigencias que ha venido haciendo desde hace años en relación a este caso “lo cual constituye una revictimización hacia mi persona”, subrayó. En cuanto a las consideraciones que Gómez Gallardo hace de la organización que la defiende, I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Mejía considera que la presidenta de la CDHDF “buscó deslegitimar la defensa y el acompañamiento de una organización no gubernamental”. Lo anterior, apunta Mejía en su queja, “resulta evidentemente contrario a la función de Perla Gómez Gallardo como servidora pública que se encuentra a cargo de una comisión de defensa y promoción de derechos humanos”. Agrega que “la divulgación de dicha información vulnera diversos derechos humanos de la suscrita, entre ellos a la “protección de datos, a no ser discriminada, a la integridad y seguridad personal, a la dignidad y honra, a la privacidad y al trato digno”. La queja presentada ante la CNDH, advierte que Gómez Gallardo habría violentado la Ley General de Víctimas al haber incumplido “con los principios de no victimización secundaria, debida diligencia, igualdad y no discriminación, máxima protección, no criminalización, buena fe y dignidad”, previstos en el articulado de dicha ley, de aplicación obligatoria para todo funcionario público. En el escrito, Mejía narra que en marzo pasado tomó “simbólicamente” las instalaciones de la institución para que Gómez Gallardo le diera una cita, y que ante la “falta de actuación y negligencia de la Comisión local”, ha utilizado recursos legales y plataformas en medios de comunicación “para dar a conocer información respecto al caso y en relación a la indebida actuación de la CDHDF”. Tras fundamentar jurídicamente su queja, la señora Lourdes Mejía solicitó a la CNDH iniciar un expediente de queja y una resolución; a la CEAV “coadyuvar con las indagaciones” derivadas del escrito, en tanto que al presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Leonel Luna, lo pone al tanto de los hechos en momentos definitorios sobre el próximo titular de la CDHDF.