CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La tarde del pasado 23 de septiembre un transeúnte alertó a policías preventivos del hallazgo del cuerpo de un niño envuelto en una cobija en la colonia Santa Catarina, delegación Tláhuac. Las investigaciones condujeron a los victimarios: sus padres. Según testimonios de vecinos recabados por policías de investigación de la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJCDMX) el menor, de cuatro años de edad, era constantemente maltratado por sus progenitores quienes argumentaban que los golpes visibles en el niño eran producto de caídas. Sin embargo, según confesaron padre y madre, quienes ya fueron detenidos, la noche del pasado 20 de septiembre el menor fue golpeado por su papá a bordo del microbús del que era chofer y que utilizaba junto con su esposa e hijos como lugar para dormir. A la madrugada siguiente, del 21 de septiembre, el menor tiró el dinero obtenido por el pago de los pasajes y eso molestó tanto al padre que lo golpeó hasta privarlo de la vida. Al día siguiente padre y madre se dispusieron a trabajar en la ruta como si nada hubiera sucedido y durante el transcurso del día acordaron abandonar el cuerpo. La madrugada del 22 de septiembre, lo envolvieron en cobijas y lo dejaron en el lugar y condiciones en que fue hallado alrededor de las 14:30 horas del 23 de septiembre por un transeúnte quien dio aviso a la policía. Uniformados de la Policía Preventiva acudieron al lugar y localizaron al menor por lo que solicitaron apoyo de paramédicos, pero el pequeño no tenía signos vitales y presentaba lesiones en diversas partes del cuerpo. Al tomar conocimiento del ilícito, el agente del Ministerio Público dio intervención a agentes investigadores, así como a peritos en fotografía y criminalística, para realizar las primeras diligencias y trasladar el cuerpo al anfiteatro. De acuerdo con el protocolo de necropsia, y de los estudios criminalísticos y de patología, la causa de muerte del pequeño fue traumatismo cráneo encefálico y torácico, con un intervalo postmortem de 15 a 25 horas de la intervención. Como parte de las indagaciones desarrollas por la Procuraduría, se giró la cédula de identidad con la media filiación del niño, la cual, también contenía las características de la ropa que vestía y las prendas que lo envolvían. Trabajos de campo y gabinete desarrollados por la Policía de Investigación adscrita a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio, condujeron a los abuelos del menor, quienes acudieron al Instituto de Ciencias Forenses e identificaron plenamente a la víctima. Además, proporcionaron datos de los padres y del domicilio donde habitaban. Reyes Peña explicó que, durante las entrevistas recabadas por la Policía de Investigación y el agente del Ministerio Público, los testigos refirieron que en diversas ocasiones se percataron de que el niño presentaba lesiones en el cuerpo; sin embargo, los papás manifestaban que éstas eran consecuencia de caídas. Agentes investigadores acudieron a la vivienda que habitaba el menor con sus padres y dos hermanos, en la delegación Tláhuac, sin embargo, estos ya habían sacado sus pertenencias y abandonado el lugar. En el sitio se obtuvieron entrevistas con los vecinos, quienes aseveraron que los padres ejercían violencia contra el menor y que incluso habían intervenido y los había enfrentado en varias ocasiones para que dejaran de maltratarlo. Con los datos de prueba recabados e integrados en la carpeta de investigación, el representante social solicitó a un Juez de Control la orden de aprehensión contra los implicados. También se obtuvo el testimonio del propietario del microbús, quien refirió que ese mismo día localizó la unidad desvalijada. En conferencia de prensa, el titular de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales, Marco Enrique Reyes Peña, informó que tras ejecutarse las órdenes de captura, los imputados fueron ingresados al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla y al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, y se busca su vinculación a proceso por un Juez de Control, por el delito de homicidio calificado en relación de parentesco. Precisó que de encontrarlos penalmente responsables del hecho que se les acusa, los padres del niño podrían alcanzar una sentencia de hasta 50 años de prisión cada uno.