La narcopolítica, desechada en el caso Miroslava

La investigación del asesinato de la periodista Miroslava Breach, que el gobernador Javier Corral se comprometió a resolver de forma ejemplar, se hundió entre incongruencias y filtraciones de información dudosa, incluido el homicidio del psicólogo Gabriel Ochoa en un intento de convertirlo en chivo expiatorio. Y aunque las autoridades estatales declararon resuelto el caso, los capos señalados como responsables siguen libres, con su poder político intacto.

(Proceso).- El pasado 23 de marzo, ocho horas después del asesinato de la periodista Miroslava Breach, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, dijo que la única línea de investigación sería el trabajo periodístico de la víctima. Y precisó que se investigarían los nexos que documentó entre políticos y narcotraficantes.

Sin embargo, ya no se refiere a la narcopolítica. El fiscal César Augusto Peniche Espejel sólo menciona como eje de la indagatoria al crimen organizado.

Extraoficialmente se señala como autores intelectuales del homicidio a los líderes del grupo criminal Los Salazares: Adán Salazar Zamorano, preso desde 2011, y su hermano Crispín, que desde el poblado de Chínipas domina amplias regiones de la Sierra Tarahumara y varios municipios de Sonora, al frente del brazo armado del Cártel de Sinaloa.

No obstante, el fiscal Peniche está informado de la fusión entre narcotraficantes y políticos, documentada por Breach en varios reportajes. Más aún: tiene en su poder testimonios de personas que identificaron las voces de conocidos panistas en grabaciones de las llamadas telefónicas que recibieron Miroslava y la corresponsal de Proceso Patricia Mayorga, ahora exiliada, presionándolas para que no escribieran más sobre el homicidio y revelaran sus fuentes de información sobre los narcocandidatos postulados en los comicios de 2016.

–¿Quiénes son esos panistas cuyas voces ustedes reconocieron? –se les pregunta.

–Alfredo Piñera Guevara (titular de Comunicación Social del PAN en el estado) es uno de ellos –dijo uno de los testigos, que como los demás, solicitó omitir su nombre.

Otra voz, revelaron, es de Mario Vázquez, entonces dirigente estatal del PAN y actualmente director de Servicios Públicos Municipales en la administración de la panista María Eugenia Campos Galván, en la ciudad de Chihuahua.

–¿Corral sabe quiénes presionaban con esas llamadas a las periodistas?

–Sí, él fue informado personalmente.

La fiscalía estatal permitió que escucharan esas grabaciones algunos defensores de derechos humanos y periodistas de medios nacionales y locales que solicitan informes sobre el avance de la investigación. “Pero se nos hace creer –comentan reporteros de Chihuahua– que el hombre que está hablando con Miroslava es miembro de un grupo criminal”.

La fiscalía informó que halló las grabaciones en una computadora encontrada durante un cateo en la colonia Revolución, a la casa del hombre que condujo el Chevrolet Malibú plateado 2008 en el que se transportó a un sicario hasta una calle cercana a la casa de Miroslava, quien la acribilló cuando salía de la cochera en su camioneta.

El chofer del Malibú es sobrino de Crispín Salazar Zamorano, según filtración publicada por El Heraldo de Chihuahua.

Una colega de Breach cuestiona: “¿Cómo llegaron esos audios de llamadas telefónicas a la laptop de un narco?”

El mensajero del narco

Hugo Amed Schultz Alcaraz, el exalcalde de Chínipas que busca un cargo en el gobierno de Corral, “es el mismo que vio, calló y negoció con el narco del pueblo la designación de su sobrino Juan Ochoa Salazar como candidato del PRI a la Presidencia Municipal. Sólo cuando los medios de comunicación nacionales hicieron público tal despropósito, la dirigencia estatal priista sustituyó esa candidatura junto con la de Namiquipa”, escribió Miroslava Breach en su columna “Don Mirone” (Norte de Juárez, 25 de noviembre de 2016), cuatro meses antes de ser asesinada.

Añadió: “Las andanzas del exalcalde serrano que ahora quiere ser funcionario estatal son más graves. Tuvo como director de la Policía Municipal todo su trienio a Martín Ramírez, también sobrino del capo de la región Crispín Salazar Zamorano. El excomandante de policía aparentemente estuvo involucrado en múltiples asesinatos y desaparición de personas, mientras el presidente municipal dejaba hacer y dejaba pasar los crímenes… Schultz también jugó de mensajero de Salazar, para intentar amedrentar a periodistas que han documentado lo que sucede en esa región”.

Su acusación no alcanzó para evitar que el gobierno de Corral cobijara al “mensajero del narco”, actual coordinador de Educación de la Región Serrana en la Dirección de Educación Básica de la Secretaría de Educación y Deporte.

La voz de Miroslava es clara en la grabación de la fiscalía, cuando responde a la pregunta de quién la está presionando:

–¡No, no, no! ¡No voy a darte nombres! Aquí la única responsable soy yo. Por eso escribo y firmo con mi nombre: Miroslava Breach. Conozco cada piedra de Chínipas. Diles que si ellos no hacen nada… yo sí tengo ovarios para denunciarlos. Díselos así. Porque el silencio también es complicidad.

Los reportajes que Mayorga y Breach publicaron el 4 de marzo de 2016 en Proceso y La Jornada, respectivamente, echaron abajo la imposición de narcocandidatos en municipios de la sierra y el noroeste del estado, como Namiquipa, Bachíniva, Urique, Uruachi, Guazaparez, Guachochi, Batopilas y Buenaventura.

En Bachíniva, Arturo Quintana, El 80, encabeza el brazo armado de La Línea (Cártel de Juárez). Este líder criminal impuso como precandidata del PRI a la alcaldía a su suegra Silvia Mariscal Estrada, quien fue secretaria del ayuntamiento en la administración 2013-2016, con el alcalde panista Armando Mendoza.

En Chínipas, el PRI postuló a Juan Miguel Salazar Ochoa, sobrino de Crispín Salazar. Conocedora de su tierra, Miroslava escribió que Hugo Schultz, alcalde panista, impulsaba esa candidatura.

El “caso resuelto” y los asesinos libres

El gobernador Corral prácticamente cerró el caso Breach el 17 de mayo pasado, tras entregar al presidente Enrique Peña Nieto un sobre que según versiones extraoficiales contenía las conclusiones de la investigación y una solicitud: que la Secretaría de la Marina capture a los asesinos, que pertenecen al crimen organizado.

Al siguiente mes la PGR ofreció una recompensa de 1 millón y medio de pesos a quien ofrezca información que lleve a la captura de los homicidas. Luego vino un largo silencio.

Al cumplirse el primer año del gobierno de Corral, éste pronunció un discurso de 9 mil palabras sobre los logros de su mandato ante funcionarios, empresarios, correligionarios y dirigentes de organizaciones sociales. A más de seis meses del asesinato de Miroslava, el mandatario ni siquiera pronunció su nombre ni se refirió a la narcopolítica, la violencia, los feminicidios. En el rubro de “seguridad y justicia”, dijo: “Nuestro fiscal, el maestro César Augusto Peniche, y el doctor Óscar Aparicio Avendaño, comisionado Estatal de Seguridad, han hecho una honrosa labor, aunque a veces los medios no lo quieran reconocer”.

El 23 de septiembre, cuando se cumplió medio año de la muerte de Breach, en la Cruz de Clavos instalada frente al Palacio de Gobierno en memoria de las víctimas de feminicidios, el periodista Rolando Nájera reclamó a nombre de sus colegas: “No sabemos si es miedo o es complicidad, pero las autoridades nos han demostrado que no tienen capacidad para resolver ni este ni ningún otro crimen de los muchos que se han cometido en el estado”.

El 19 de marzo los habitantes de Ciudad Cuauhtémoc y pueblos vecinos sufrieron durante más de tres horas uno de los peores enfrentamientos con armas de alto poder entre grupos rivales del narco. Corral andaba jugando golf en Mazatlán y regresaría hasta concluir el “puente vacacional” porque, dijo, eran días de asueto a los que tenía derecho. Murieron ocho personas, incluido Raúl Gamboa, El Cabo, ejecutado por la gente del 80.

Tres días después, y a 24 horas de su muerte, Breach publicó en la última entrega de “Don Mirone” que ni el PAN ni el fiscal Peniche eran ajenos “a los pecados de omisión y permisividad que se dio en el noroeste del estado para el empoderamiento de los grupos criminales de esa región”.

Recordó que Cuauhtémoc, Bachíniva, Namiquipa y Cusihuiriachi, entre otros municipios, fueron gobernados por el PAN en el trienio anterior y en todos ellos “se paseaban como Pedro por su casa” El Cabo y El 80.

“El ahora fiscal Peniche también tuvo una responsabilidad directa en el empoderamiento de esos grupos criminales. Él fue delegado de la PGR, ni más ni menos; y como tal, necesariamente tendría que haber tenido conocimiento del mapa de la delincuencia organizada en la entidad”, enfatizó. En efecto, entre noviembre de 2010 y agosto de 2015, en el gobierno de César Duarte, Peniche ocupó ese puesto.

“Los otros responsables –concluyó Breach– son el exfiscal Jorge González Nicolás y el exmandatario César Duarte. Ambos reiteradamente minimizaron la permanente sangría generada por los grupos criminales en la región serrana, donde han sido asesinados y desaparecidos centenares; además del desplazamiento de miles de habitantes en poblados y comunidades.”

La narcopolítica tiene raíces profundas en Chihuahua. Trasciende a los partidos que se alternan en el poder. Alejandro Gutiérrez, en su libro Narcotráfico. El gran desafío de Calderón (Planeta, 2007) documentó con fuentes de la PGR, la DEA y la procuraduría estatal que entre 1998 y 2004, durante el gobierno de Patricio Martínez, varios grupos operaron en Chihuahua para los cárteles de Juárez, Tijuana y Sinaloa.

Mencionó a Adán Salazar como operador del Chapo Guzmán y primo de Héctor Luis Palma Salazar.

En la DEA y el FBI, escribió Gutiérrez, se consideraba que los judiciales del estado y de la Policía Municipal eran “el brazo ejecutor del Cártel de Juárez” cuando el procurador era José de Jesús Solís Silva, El Chito Solís.

“Los gobiernos van y vienen, pero la policía es la misma –le dijo un excomandante a Gutiérrez–. En la administración de Corral toda la estructura policiaca sigue en las mismas manos”. Observó que los jefes de escoltas del gobernador y del fiscal “son gente de Chito Solís, que permanece intocable sin importar quién gobierna el estado”.

Trágico “distractor”

El 17 de abril, a 25 días del crimen, el gobernador Corral informó: “Ya tenemos detectado al autor material, a coparticipes y por supuesto al autor intelectual del asesinato. Sin duda habrá detenciones. Tenemos todos los elementos para ir a la captura de los responsables, y lo que estamos reforzando con el mayor rigor científico, técnico, jurídico, es el proceso y la cadena de custodia”.

Al día siguiente se propagó que “el asesino de la periodista” había sido ejecutado en la ciudad de Chihuahua por un comando armado que dejó el mensaje: “Este es el marrano que asesinó a la periodista Miroslava por orden del 80 en complicidad con Pablo Ernesto Rocha Esto es la prueba de que no queremos marranos haciendo Injusticia” (sic).

La información, acompañada de fotos, se filtró a los medios desde la fiscalía.

La víctima es el psicólogo Gabriel Ochoa Cárdenas, de 56 años, acribillado cuando recogía huevos de gallina en el patio de la granja donde trabajaba, en la colonia Junta de Los Ríos. Enfermo y discapacitado, ya no ejercía su profesión.

Junto a su cuerpo, los asesinos dejaron un arma que, “según fuentes de la fiscalía”, es con la que mataron a Miroslava Breach: una Colt .038 Súper con la imagen de Emiliano Zapata y el lema “mejor morir de pie que vivir de rodillas”.

El Diario de Juárez incluso publicó un retrato hablado del presunto asesino de Miroslava y al lado el rostro del psicólogo, con la versión de que peritos de la fiscalía encontraron “un alto parecido” entre ambos.

En un desplegado de prensa, familiares y amigos de Ochoa reclamaron que fuera exhibido mediáticamente a través de fotografías y versiones filtradas por la autoridad “con el propósito de inducir la percepción de que era el homicida material de la periodista”.

El 23 de abril, Rosa María Breach, hermana de Miroslava, conminó al gobernador:

“Si por cualquier motivo resulta que su gobierno no tiene la capacidad o no puede esclarecer el asesinato de Miroslava y castigar a los asesinos, a los autores materiales y a los autores intelectuales, a todos, por encumbrados que estos estén, que así lo reconozca y que al menos no caiga en los oprobiosos esquemas del viejo régimen de fabricar chivos expiatorios.”

Finalmente Corral y Peniche declararon que el asesinato de Ochoa “fue un distractor más”.

El 7 de octubre Corral adelantó a La Jornada que se realizaría un operativo conjunto con fuerzas federales para aprehender a los asesinos de Miroslava. Cuatro días después, El Heraldo de Chihuahua filtró que los autores intelectuales son los mencionados líderes de Los Salazares.

En su editorial del día 12, el diario acusó a la autoridad estatal de “filtrar información parcial” que, “lejos de disipar las dudas que pesan sobre la muerte de nuestra compañera… las multiplica, por sus inconsistencias, y obliga a preguntarse si no se trata de un intento a trasmano de descartar líneas de investigación acerca de la posible gestación del asesinato en círculos político-empresariales”.

Rosa María Breach dijo que con esas filtraciones están poniendo en grave riesgo a toda su familia y solicitó a la justicia federal un amparo, que le fue concedido el mismo día 7. Según este recurso, la fiscalía debe reconocerle a Rosa María sus derechos como víctima indirecta del homicidio de su hermana, incluido el acceso a la carpeta de investigación del caso. Sin embargo, la hermana de Miroslava denuncia que la fiscalía decidió interponer un recurso de revisión y siguen negando su derecho a conocer la investigación.

Este reportaje se publicó el 29 de octubre de 2017 en la edición 2139 de la revista Proceso.

Comentarios