MADRID (apro).- Soraya Sáenz de Santamaría, la omnipresente vicepresidenta del gobierno de Mariano Rajoy, tiene bajo su mando la intervención de la presidencia de la Generalitat de Cataluña (la administración de la región) y de todos los departamentos del Govern (gobierno local), con el fin de regresar la administración autónoma “al orden legal”. Lo anterior se desprende del decreto que el Boletín Oficial del Estado de España publicó la madrugada del pasado 28 de octubre, en el cual se establecen las inéditas medidas del gobierno español para frenar la Cataluña independiente del depuesto Carles Puigdemont. El decreto, aprobado por el Senado en la frenética jornada del 27 de octubre, autoriza a Rajoy a asumir “las funciones y competencias que le corresponden al presidente de la Generalitat, previstas en el Estatuto de Autonomía dada la aplicación del artículo 155 y el consecuente cese del Govern”. Sin embargo, en un apartado del decreto, Rajoy delegó todas las competencias a Sáenz de Santamaría, quien desde el inicio de la segunda legislatura del político conservador fue nombrada enlace con Cataluña para frenar el proceso soberanista. Por ello, sumó a su enorme poder la cartera de Administraciones Territoriales. El motivo de Rajoy para desplazar a Soraya hacia Cataluña en ese momento era que Puigdemont aprovechó la crisis que atravesaba España en 2016 –por el bloqueo político que durante meses impidió la formación de un nuevo gobierno nacional– para decretar que el referéndum por la independencia se celebraría en 2017, “sí o sí”. Con esa encomienda, Soraya aseguró a los periodistas que intentaría encauzar la relación mediante el acercamiento, para “estar continuamente presente, hacerme imprescindible, confundirme con el ambiente” catalán. Eligió como interlocutor al vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, debido a su talante más dialogante y porque el partido de éste, Esquerra Republicana de Catalunya, tenía mayores posibilidades ante un nuevo escenario electoral. Sin embargo, Puigdemont olió la jugada y colocó a Junqueras como principal responsable del referéndum independentista, echando por tierra la operación de diálogo de Soraya. El 6 y 7 de septiembre, cuando el Parlamento catalán aprobó las leyes de referéndum y de transitoriedad jurídica, para dar curso a la nueva república, la vicepresidenta del gobierno español criticó el “abochornante espectáculo” y la “vergüenza” para “cualquier demócrata” que dio el Parlamento independentista con un “falso debate” sobre dichas leyes. Y cargó contra Puigdemont al acusarlo de estar “no sólo fuera de la ley, sino de la realidad”. Sáenz de Santamaría repitió como mantra: “Ese referéndum no se va a celebrar”. Lo declaraba desde el mando supremo que coordina toda la estrategia legal, la documentación, informes, recursos, coordinación de los abogados del Estado y de la fuerza de seguridad, a través del ministro de Interior, para frenar la consulta. Echó mano del Centro Nacional de Inteligencia, que desde 2011 Rajoy puso en su órbita al retirárselo al Ministerio de Defensa. Pero los servicios secretos fueron incapaces de encontrar las urnas antes de la jornada soberanista, pese a que la vicepresidenta declaró en septiembre a la radio española Cadena SER: “No le voy a contar a Puigdemont lo que voy a hacer para retirarle las urnas. Es mejor que la estrategia quede a buen recaudo. Un gobierno no anuncia, un gobierno actúa”. Las urnas estuvieron escondidas en una imprenta familiar en Elna, pequeña localidad de la región del Languedoc-Rosellón, en el sur de Francia, donde se estampó el logotipo de la Generalitat, informó el diario Ara. La Generalitat pudo instalar al menos seis mil 249 urnas en dos mil 315 colegios electorales, en los que se contabilizaron dos millones 266 mil 498 votos (43% de los electores), ganando el “sí” a la independencia. Pero el desastre marcó el operativo de policías nacionales y guardias civiles para retirar las urnas de los colegios electorales, porque las imágenes del uso excesivo de la fuerza policial dieron la vuelta al mundo, lo que los independentistas usaron para denunciar lo que calificaron como la “represión franquista” del gobierno de Rajoy. Los miembros del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) pidieron en el Congreso de los Diputados “la reprobación de la Vicepresidencia por su gestión en la crisis de Cataluña y la actuación policial”. Pero gracias a las negociaciones para fijar una posición común entre Rajoy y Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, la reprobación a Sáenz de Santamaría fue aplazada. “El orden legal” La posición inflexible de Rajoy y Sáenz de Santamaría contra cualquier mejora en la relación institucional entre Cataluña y España viene de lejos: fue el hoy presidente, como líder de la oposición, quien presentó el recurso contra el nuevo Estatut de Cataluña (la norma máxima de esa comunidad) en 2006. Sáenz, entonces secretaria ejecutiva de Política Autonómica y Local del Partido Popular (PP) y el diputado Federico Trillo fueron quienes registraron en el Tribunal Constitucional el recurso de inconstitucionalidad contra el Estatut, por considerarlo una “constitución paralela”. En 2010 el Constitucional resolvió avalar la mayor parte del Estatut, incluido el término nación en su preámbulo, porque era simbólico y no afectaba la “indisoluble unidad de la nación española”. Sin embargo, recortó 14 artículos y detuvo las pretensiones de declarar “preferente” la lengua catalana, tener un Poder Judicial autónomo y ampliar sus competencias fiscales. La postura conservadora del PP de Rajoy-Sáenz de Santamaría despertó un sentimiento de humillación y, año tras año, provocó un crecimiento del independentismo contra la cerrazón del ahora gobierno español. Pese a que ambos políticos aluden al estado de derecho y al regreso de Cataluña al “orden legal”, muchas de sus actuaciones se apartan de las normas democráticas y los ha llevado a ser repetidamente reprobados por el Congreso de los Diputados. En octubre pasado, Jorge Fernández Díaz, ministro de Interior en la primera legislatura de Rajoy y en el gobierno en funciones, fue reprobado y todos los partidos opositores pidieron su dimisión “por sus acciones antidemocráticas y falta de ética política”, al permitir la actuación ilegal de una brigada de policía política, aquí conocida como “policía patriótica”, para desprestigiar a los independentistas. Al amparo del comisario Eugenio Pino, titular de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional, esta brigada orquestó expedientes con información falsa sobre supuestas cuentas bancarias en Suiza de Artur Mas, predecesor de Puigdemont, y del exalcalde de Barcelona, Xavier Trias. En mayo pasado el Congreso también reprobó al ministro de Justicia, Rafael Catalá, en cuya esfera recae la estrategia legal del gobierno de Rajoy –con la coordinación de Sáenz de Santamaría–contra los líderes independentistas. Su reprobación se debió a su injerencia en procedimientos judiciales por corrupción en los que están investigados miembros del PP y por manipular a la Fiscalía General del Estado, que jerárquicamente depende de su departamento. La moción pedía también la destitución del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, “por incumplimiento grave y reiterado de sus funciones” al proteger al fiscal anticorrupción, Manuel Moix, con antecedentes documentados de favorecer y proteger a dirigentes del PP vinculados al caso Lezo –una trama de corrupción en torno a la empresa pública Canal Isabel II, que gestiona el agua de Madrid– que llevó a prisión a Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid. La reprobación es una declaración de contenido político, pues ni Catalá ni Maza renunciaron. Este último, incluso, declaró: “No me inquieta ser reprobado por el Congreso”. Maza es quien presentó el pasado 30 de octubre las querellas por rebelión, sedición y malversación contra Puigdemont, Junqueras y el resto del gabinete del Govern, así como contra los seis miembros de la Mesa del Parlamento catalán. En la estrategia de intervención de Cataluña, Rajoy dejó un apartado fuera de las manos de Sáenz de Santamaría, que es el control de Economía, el cual recayó en el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien desde septiembre pasado tiene intervenidas las cuentas de la Generalitat. Montoro, por cierto, también fue reprobado por el Congreso, por “beneficiar a los defraudadores” con la amnistía fiscal aprobada en 2012.