El “plan Mancera” premia a constructoras con el dinero para los damnificados

Una veintena de organizaciones civiles, coordinadas en Ciudadanía 19S, denuncian que el plan de reconstrucción del gobierno de Miguel Ángel Mancera está concebido para facilitarles jugosos negocios a grandes inversionistas inmobiliarios y renovar el poder de los directores responsables de obra y corresponsables de estructuras, los especialistas más cuestionados por avalar edificaciones que no resistieron el sismo del 19 de septiembre. Por eso, proponen que se sustituya el plan Mancera por uno que sea transparente y en el cual participen los habitantes de la ciudad.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Los recientes sismos de septiembre no parecen haber cimbrado el negocio inmobiliario en la Ciudad de México, sino todo lo contrario: el programa de reconstrucción anunciado por el gobierno capitalino beneficia a las grandes constructoras, las rentas aumentaron, continuaron como si nada las edificaciones en las colonias más afectadas e incluso siguen avanzando los trabajos con maquinaria pesada a un lado de los inmuebles dañados, sin que las autoridades se preocupen por el impacto que esto causa.

A pesar de las quejas ciudadanas, las constructoras e inmobiliarias parecen intocables. Organizaciones civiles agrupadas en Ciudadanía 19S han denunciado que hay intereses financieros muy grandes detrás de estas empresas y que algunos políticos (exfuncionarios y exdelegados) están vinculados con este negocio, que ha generado millones de pesos para las administraciones en la Ciudad de México desde hace 17 años, cuando empezó el boom inmobiliario.

Entre los exfuncionarios mencionados están Elvira Daniel Kabbaz Zaga, hija de José Daniel Kabbaz, director general del grupo Danhos, que ha desarrollado alrededor de 1.5 millones de metros cuadrados, primordialmente de espacios comerciales como Parque Alameda, Parque Delta, Parque Duraznos, Parque Cuicuilco, Parque Tezontles, Parque Lindavista, Reforma 222 y la Torre Bicentenario II. Estos desarrollos pagan por impuesto predial al gobierno capitalino alrededor de 150 millones de pesos anuales.

Elvira Daniel comenzó a trabajar como asesora jurídica de Alejandra Barrales y luego con el entonces jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, como directora de Servicios de Transportes Eléctricos.

Los denunciantes también señalan a Simón Neumann Ladenzon, exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) vinculado con las empresas Dekah y Desarrolladora Vertical Home, las cuales estuvieron tras la venta de los departamentos de Insurgentes 1260; Canada Building Systems comercializó el edificio de Emiliano Zapata 56 y Baha Inmobiliaria remodeló el de Tepic 40.

También es el caso de Felipe de Jesús Gutiérrez, responsable de Seduvi, quien en 2008, como director general de Desarrollo Urbano en la administración de Marcelo Ebrard (2006-2012) autorizó los “polígonos de actuación”, zonas en las que podían hacerse megaobras de 50 niveles en zonas industriales, lo que benefició a algunas constructoras.

Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2140, ya en circulación

Acerca del autor

José Gil Olmos, reportero desde 1998. Colaboró en el periódico El Nacional y en el diario La Jornada. Desde el 2001 es reportero de la revista Proceso. Es autor de Los Brujos del Poder, La Santa Muerte la virgen de los olvidados, Los reporteros mexicanos en la guerra de Chiapas y Batallas de Michoacán.

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