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La SEP deja al garete las escuelas dañadas

Sin tomar en cuenta la realidad que enfrentan más de mil 200 escuelas capitalinas afectadas en diversos grados por el sismo del 19 de septiembre, el secretario de Educación Pública y presunto presidenciable Aurelio Nuño fijó sus fechas para el retorno total a clases y la conclusión de las reparaciones necesarias en los planteles. En tanto, son los padres de familia y los profesores quienes se hacen cargo de la reubicación temporal de los estudiantes y las verificaciones de la seguridad de las instalaciones.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- A pesar de la premura del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, por tapar los estragos que el sismo del 19 de septiembre provocó en las escuelas de educación básica de la ciudad, la incertidumbre predomina en algunos de los mil 233 planteles que sufrieron algún daño (del total de 4 mil 529).

Padres de familia, maestros, directivos y alumnos dudan de los dictámenes de seguridad, cuestionan los mecanismos de reu­bicación y de reingreso de los estudiantes y hasta el procedimiento de evaluación que Nuño fijó para los próximos meses.

El funcionario –a quien el coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa, mencionó entre los presidenciables para 2018–, informó que el lunes 6 toda la plantilla escolar de los estados afectados por los sismos de septiembre regresará a clases. Para entonces deberán estar terminadas todas las aulas temporales y reubicados los alumnos de las 19 escuelas en código rojo.

Además se acordó que para el 1 de diciembre concluyan los trabajos de reparación de daños menores, como cambio de vidrios, resanes y reinstalación de puertas.

A días de que venzan dichos plazos, los reclamos no cesan. La semana pasada todavía grupos de padres de familia cerraron calles en prácticamente todas las delegaciones capitalinas. Exigen nuevas evaluaciones estructurales de los planteles, la reubicación de los alumnos y principalmente que la Secretaría de Educación Pública (SEP) se responsabilice de la seguridad de las clases.

Además, senadores de oposición revelaron el miércoles 1 que el gobierno federal autorizó que la SEP rentara 10 pisos de oficinas en el antiguo Centro Bancomer, uno de los inmuebles más lujosos y caros de la ciudad, por 34 millones de pesos mensuales.

El costo total de esa inversión equivale a 10% del monto para la reconstrucción de las escuelas dañadas por los sismos, que los padres consideran insuficiente. Nuño Mayer respondió que tomó la decisión porque los “compañeros” de la SEP merecen buenas condiciones laborales.

Dictamen fallido 

El pasado 20 de octubre, el director operativo de la zona escolar 99, Juan Pablo Castellanos Alejandre, confirmó verbalmente que la secundaria pública 125 Pablo Casals, cercana a la zona de hospitales de la delegación Tlalpan, está en código rojo: el sismo provocó fisuras de hasta 2 milímetros en las columnas de su edificio principal y en las trabes de las aulas de talleres técnicos.

Los padres de los 950 alumnos de la escuela más grande y representativa de la delegación Tlalpan, que ya se habían percatado de las fisuras, insistían desde principios de mes en que sus hijos no regresaran a las aulas.

Gabriela Zúñiga, presidenta del Consejo Escolar de Participación Social, y Lourdes Vergara Sánchez, presidenta de la Asociación de Padres de Familia, dicen que en la Cédula Postsísmica y en el Dictamen Gratuito de Seguridad Estructural que elaboró el 6 de octubre el arquitecto y director responsable de obra, Carlos Badillo Corrales (DRO-1831), se indicó que la edificación era “segura” y con “bajo riesgo”.

Ese mismo día la secundaria Pablo Casals apareció en la lista de las escuelas que podían reanudar clases, supuestamente porque la SEP avaló que no había sufrido daños estructurales y contaba con certificado de seguridad.

Lo cierto es que se le hicieron al menos tres revisiones: dos por parte de DRO y uno por un “enviado” del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed). En los reportes correspondientes se reconoce que el inmueble presenta daños, pero no se ordenó su cierre ni se prohibió el acceso de los estudiantes.

Entre las “observaciones” de la Cédula Postsísmica y el dictamen de seguridad –de los cuales Proceso tiene copia– se indica: “El estado del plantel general presenta fisuras y grietas en escalones de concreto armado”. Además, “a manera precautoria se pide se restrinja la circulación por el área de talleres ya que las trabes que se localizan en esta área están dañadas”.

A su vez, en la Encuesta de Verificación Básica Preventiva que elaboró el 13 de octubre, Juan Carlos Becerril Alvarado, del Inifed, indica que halló “columnas, castillos y cadenas con grietas mayores de 2 mm y en algunos casos con exposición de acero con corrosión”.

Con estos resultados, los padres de familia se movilizaron al menos dos veces, la primera el 9 de octubre. Ante los mítines y la creciente exigencia de los padres para reunirse con altos funcionarios de la SEP, Castellanos Alejandre finalmente les dijo a los inconformes que la escuela no se abriría porque era peligroso y que el siguiente paso sería reubicar a los niños.

Todo esto fue verbal y sin mostrar un nuevo dictamen de seguridad.

Cambio de escuela

Para que las 700 adolescentes de la secundaria diurna 2 Ana María Berlanga, en la delegación Cuauhtémoc, regresaran a clases el 23 de octubre, los padres de familia, los maestros y alumnas vivieron un calvario.

El sismo dañó el contraflexeo de uno de los dos edificios principales de la escuela para niñas ubicada en la colonia Santa María la Ribera. El soporte en forma de X del edificio se dobló y ya no soporta la carga, por lo que la SEP lo clasificó en rojo, de alto riesgo.

Desde entonces, los profesores intentan que las alumnas retomen sus clases. Y las directoras de los dos turnos, María del Carmen Suárez Ochoa y Martha Guadalupe Morales Fernández, por órdenes de la SEP buscan espacios para la reubicación.

Fue una labor ardua, recuerda Verónica Cruz Morales, la profesora de biología que acompañó a la directora del turno matutino a conseguir aulas, pues fue imposible que una sola escuela las admitiera a todas.

Los grupos se repartieron en tres escuelas: las secundarias 4 y 15 en tanto que las alumnas del turno vespertino fueron reubicadas en la Preparatoria Popular Mártires de Tlatelolco, donde conviven con jóvenes de bachillerato, kínder, primaria y de educación especial.

Durante más de una semana los padres de familia se resistieron a reubicar a las niñas, pues no tenían certeza de que otros planteles estuvieran diseñados para albergar a más menores o contaran con todas las medidas de seguridad en caso de que ocurriera otro sismo. Finalmente accedieron para que los niños ya no perdieran más clases.

El problema no terminó ahí. Según la profesora Cruz Morales, los cuatro grupos de niñas de tercer grado estudian en el auditorio de la secundaria 4, pero no tienen acceso a la cooperativa y dos grupos tienen que sentarse en el suelo porque no hay sillas suficientes.

“Nos dejaron solos con el paquete de reubicar a las niñas. No previeron este tipo de situaciones, aunque parecen muy básicas. Cuando le conviene a la SEP, las escuelas son autónomas, y cuando no, se vuelca a poner trabas”, dice la maestra.

En cuanto a los profesores, tienen que trasladarse de un plantel a otro todos los días y no cuentan con ningún apoyo para el transporte.

“Reparaciones menores”

Desde el 16 de octubre las puertas de la primaria Lic. Antonio Díaz Soto y Gama, en la delegación Iztapalapa, se abrieron para iniciar las clases. A decir del director del turno matutino, Antonio Mendoza Flores, el plantel registró cuarteaduras en las bardas perimetrales y las autoridades dictaminaron que sólo necesita “reparaciones menores”.

Sin embargo, una decena de personas, encabezadas por el presidente de la Asociación de Padres, Rubén Israel Medel Pérez, se negaron a que sus hijos regresen, aunque la escuela cuenta con un dictamen de seguridad desde el 7 de octubre.

Los vecinos de la escuela también insisten en que se requiere un estudio más amplio, pues la escuela está cimentada sobre el sistema de fracturas del subsuelo de la delegación, misma que con el sismo afectó cuatro colonias de Iztapalapa y Tláhuac y dejó en el asfalto grietas de hasta 90 centímetros de profundidad.

En las tres calles que rodean la escuela (Batalla de Jiménez, Lucio Blanco y Miguel Hill) hay al menos cinco casas afectadas por la grieta, que sigue su curso por los postes de luz, banquetas, coladeras e incluso el patio donde juegan los niños de la escuela Antonio Díaz Soto y Gama.

Los padres inconformes denunciaron que no han recibido apoyo del director Antonio Mendoza Flores ni de la delegación, mucho menos de la SEP.

“Tal parece que con tener el dictamen basta, que deben de acatar órdenes a como dé lugar”, comenta Dánae Álvarez Rebollo, vicepresidenta de la Asociación de Padres. Y recuerda que a causa de esa fractura hace años se abrió un socavón en el patio y ahora se levantó el asfalto ahí mismo.

“La escuela se abrió desde el lunes y, como muchos papás no llevaron a sus hijos, la forma en que están ejerciendo presión es que les prohibieron a los niños que sí han ido que les pasen las tareas o apuntes a los que están estudiando desde casa”, comenta Álvarez Rebollo, madre de un alumno de tercer grado, al que no quiere enviar todavía a la escuela.

Las observaciones del Dictamen de Seguridad Estructural que elaboró el arquitecto Jesús Carlos Arteaga Martínez (DRO-1910) señalan que un edificio mixto, el de los niños de primer grado, se “tendrá que desalojar” y “restringir su uso”. También indica que otro de los edificios presenta “asentamientos importantes” y se necesitan reparaciones en la entrada y en la barda perimetral, que están a punto de caer.

Con todo, el inmueble ostenta la clasificación verde y así toman clases los alumnos, que poco a poco van acercándose a la plantilla total. En el recreo, sólo un cartel blanco y unos listones les prohíben pasar durante el receso a las áreas afectadas, comenta otra madre de familia.

Además, no funcionan las alarmas sísmicas ni hay escaleras de emergencia en uno de los edificios de tres niveles. Los niños también tienen que esperar la llegada de sus padres afuera de la escuela, donde amenazan con caer en cualquier momento las casas dañadas por la grieta. No obstante, la escuela recibirá a otros niños cuyas aulas, en la misma delegación, fueron afectadas.

Hace dos semanas el director de la escuela recibió un apoyo de 50 mil pesos para que dirija las “reparaciones menores” y la primaria concluya la reposición de su barda el 1 de diciembre.

Los padres de familia relatan que tuvieron un primer acercamiento con la delegación Iztapalapa, cuya administración encabeza la perredista Dione Anguiano y es la más poblada de la capital. Los funcionarios prometieron que se realizaría un estudio del subsuelo, pero no dieron fecha para realizarlo.

En la delegación Cuauhtémoc, la encargada de Protección Civil, Cynthia Murrieta Moreno, admite que en las escuelas de su demarcación el gobierno federal no ha atendido temas centrales, como el de la colindancia: hay edificios que tienen listo su dictamen de seguridad pero están rodeados de otros marcados como de alto riesgo, lo que pone en peligro a la comunidad escolar.

“La delegación es la que ha atendido todos los casos que nos llegan, la que ha tomado las riendas junto con los padres de familia para este tipo de situaciones. Es un asunto del que debería responsabilizarse la SEP, pero no lo hace porque desconoce la problemática de las escuelas, al menos en la delegación Cuauhtémoc”, concluye.

Este reportaje se publicó el 5 de noviembre de 2017 en la edición 2140 de la revista Proceso.

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