WASHINGTON (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió al gobierno de Estados Unidos suspender la ejecución del ciudadano mexicano Rubén Ramírez Cárdenas, sentenciado a la pena capital en el estado de Texas. “La CIDH urge asimismo a Estados Unidos a otorgarle una reparación efectiva que incluya la revisión de su juicio conforme a las garantías del debido proceso y un juicio justo, previstas en la Declaración Americana”, destacó el órgano jurídico de la Organización de Estados Americanos (OEA) en un comunicado de prensa. Desde el pasado 24 de julio, en su informe de fondo 45/08, la CIDH indicó que el gobierno estadunidense era responsable de violar el derecho de justicia y de un juicio justo en las actuaciones penales seguidas en contra de Ramírez Cárdenas, cuya ejecución está programada para este miércoles 8. En su informe, la CIDH advirtió que si Estados Unidos procedía con la ejecución en virtud de las actuaciones penales analizadas en el caso “estaría cometiendo una violación grave e irreparable” del derecho fundamental a la vida previsto en el artículo I de la Declaración Americana. En ese sentido, recomendó que el gobierno estadunidense otorgue a Ramírez Cárdenas una reparación efectiva, y realizar un nuevo juicio acorde con las protecciones de igualdad, debido proceso y juicio justo como lo establece la Declaración Americana. Bajo este contexto, la CIDH insta a que al ciudadano mexicano lo represente un abogado competente. “La CIDH urge a Estados Unidos a respetar sus obligaciones internacionales de derechos humanos, especialmente aquellas derivadas de la Declaración Americana y la Carta de la OEA”, destacó el comunicado de prensa. Y recalcó que esta misma recomendación la emitió desde 2008, pero no tiene evidencia de que el gobierno estadunidense haya cumplido con ella. El pasado 18 de octubre, el organismo adoptó la resolución 41/2017 mediante la cual otorgó una medida cautelar a favor de Ramírez Cárdenas, por medio de la cual requiere a Estados Unidos que adopte las medidas necesarias para proteger su vida e integridad personal, por lo que sustenta la obligación de suspender la pena de muerte contra el ciudadano mexicano. En paralelo, requiere que las condiciones de detención se ajusten a los estándares internacionales aplicables, y que se le proporcione atención médica adecuada frente a su situación de salud. Como miembro activo del Sistema Interamericano, desde 1951, el gobierno de Estados Unidos está sujeto a las obligaciones y mandatos de la Carta de la OEA. Por ello, la CIDH pide al gobierno del presidente Donald Trump, y en particular al del estado de Texas, respetar plenamente sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. “La CIDH recuerda al Estado que ejecutar la pena de muerte causa no solo un daño irreparable, sino que también significaría que el Estado incumple con las recomendaciones del órgano jurídico de la OEA”, añade el comunicado. El organismo aprovechó para reiterar al gobierno estadunidense que debe cumplir con las recomendaciones del Informe de Fondo relacionadas a los cambios estructurales. “Estados Unidos debe revisar sus leyes, procedimientos y prácticas para asegurar que a los ciudadanos extranjeros arrestados, encarcelados o puestos en custodia en espera de juicio, o detenidos de alguna otra manera por los Estados de la Unión, se les informe sin demora sobre su derecho a asistencia consular y que, con su aprobación, se informe sin demora al consulado correspondiente sobre la situación de dichos ciudadanos extranjeros, de conformidad con las protecciones de debido proceso y juicio justo consagradas en la Declaración Americana”, concluye el documento de la CIDH.