CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Las organizaciones sociales Justicia Pro Persona y el Observatorio Ciudadano Nacional Contra el Feminicidio (OCNF) exigieron sanción a tres policías del municipio de Chimalhuacán, Estado de México, acusados por los delitos de violación, homicidio y abuso de autoridad cometidos en contra de una joven de 15 años y su novio de 16, desde el 2013. La justicia por el caso que ocurrió hace cuatro años aún no llega para las familias de Alejandra Flores Flores y del fallecido Víctor Emanuel Martínez Cabrera. En el juicio oral celebrado el lunes 6, en que se presentarían los alegatos de clausura de la causa penal 211/2014 para abrir paso a una sentencia, la defensa de Andrés Alan Hernández Gutiérrez, uno de los policías acusados, argumentó que desconocía la totalidad de las pruebas en contra de su defendido y que acaban de asignarle el caso. Bajo este argumento, el juez Juan José Colón Martínez, de Juicio Oral de Nezahualcóyotl, Estado de México, suspendió la audiencia y la pospuso para el martes 21 de noviembre, fecha en la que finalmente ambas organizaciones -que además encabezan la representación legal de los familiares de las víctimas- podrán presentar ante el Juez los alegatos finales para que se juzguen los hechos. La defensa de las víctimas accedió a la resolución del juez para que en un futuro la falta de conocimiento del caso no pueda ser utilizado como un argumento en su contra. Sin embargo, esta no es la primera vez que se pospone una de las audiencias, explicó a Apro Ana Yeli Pérez Garrido, abogada de Justicia Pro Persona. La abogada dijo que esta ha sido una estrategia por parte de los litigantes de oficio de los policías municipales y presuntos responsables: Andrés Alan Hernández, Francisco Jiménez Arechiga y Pedro Luis Becerril Ríos. Pérez Garrido denunció que en al menos en tres ocasiones se han cambiado a dos de los abogados de oficio; existe una falta de continuidad y de organización administrativa por parte del Poder Judicial del Estado de México, y que todos estos hechos son contrarios al principio de concentración, del nuevo sistema de justicia penal. La explicación de la mamá de Víctor Emanuel es en el mismo sentido: “Quieren que nos cansemos y no lo van lograr”, refirió luego de la audiencia, de cuatro años del caso y de la nueva suspensión que dio Colón Martínez, en la sala dos del juicio oral a la que además asistió Apro. El dolor de las familias de los dos jóvenes arrancó el 21 de febrero de 2013. De acuerdo con las madres de Alejandra y Víctor, ambos fueron detenidos alrededor de las 22:00 horas dentro de su camioneta. Argumentando “faltas a la moral”, los tres policías -- dos de ellos recién ingresados a las labores policiacas -- bajaron del vehículo a los jóvenes. La pareja intento defenderse al asegurar que sólo se estaban besando, pero fue inútil ya que inició la inspección policiaca. En el acto, Pedro Becerril Ríos, apartó a Alejandra de la camioneta y, en una cancha de futbol cercana, abusó sexualmente de ella sin que su novio se percatara de ello. Cuando la pareja se reencontró, la joven contó a Víctor lo que había ocurrido, por lo que juntos fueron a pedir auxilio a los padres de ambos, con la finalidad de interponer una denuncia penal. En el camino y ya con los padres de Víctor y Alejandra interceptaron a la patrulla 554 que estaba tripulada por los mismos policías. Al notarlos, los elementos de seguridad trataron de huir, y cuando Víctor y su padre del mismo nombre intentaron evitar la fuga de los tres uniformados, dispararon en al menos dos ocasiones al joven de 16 años. Víctor murió al instante, frente a sus padres. No obstante, las familias no desistieron en su denuncia. El caso formó parte del análisis del municipio mexiquense para decretar la Alerta Contra la Violencia de Género en 11 municipios mexiquenses, en 2015. Irregularidades A cuatro años del caso, el Centro Justicia Pro Persona denunció que desde entonces Ana María Flores Santiago y su hija Alejandra (ahora de 20) han recibido amenazas que van desde la intimidación directa, hasta secuestros cercanos a su domicilio. Además las organizaciones hicieron hincapié en una serie de irregulares que se han cometido, como que la etapa judicial intermedia se postergó por más de un año, se perdió evidencia en la etapa inicial, así como la continua suspensión de los juicios orales. Principalmente, destacaron que una vez iniciada la carpeta de investigación en el Ministerio Público el caso se turnó a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, y no a la Fiscalía de Feminicidio del Estado de México, por lo que faltó -- como muchos de los casos ya registrados en la entidad-- la perspectiva de género para juzgar el abuso sexual que sufrió Alejandra. “Es un actuar doloso del estado para no garantizar el acceso a la justicia”, comentó María de la Luz Estrada, coordinadora ejecutiva del OCNF. Sin embargo, destacaron que las medidas para la detención de los tres presuntos responsables fueron rápidas. A pesar de que ahora los policías se encuentran en prisión, los familiares y las organizaciones exigieron que los delitos además sean analizados como ejecución extrajudicial y tortura sexual, pues se cumplen con la tipificación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: los jóvenes no portaban armas, fueron actos intencionales, que causaron un sufrimiento severo, además de considerar el contexto de violencia por el que atraviesa la entidad priista. Al respecto, Ana Yeli Pérez dijo que este reconocimiento no incrementaría la penalidad de los presuntos responsables, sino que es parte de la reparación del daño de las familias, además del derecho a la verdad y de derechos humanos. Por su parte, la defensa de Andrés Alan Hernández, Francisco Jiménez Arechiga y Pedro Luis Becerril Ríos sostiene que si bien los elementos de seguridad pública estuvieron en el lugar de los hechos, el disparo en contra de Víctor fue como un medio de defensa, pues según narraron, vecinos y familiares de los jóvenes arribaron con palas y picos con la intención de agredirlos. Esta versión fue desestimada por los padres de familia. Como parte de las reparaciones del daño, el centro Justicia Pro Persona y el OCNF exigieron se dé una sentencia condenatoria en contra de los policías municipales, que se reconozcan los estándares internacionales para el juicio por estos delitos, y pidieron acompañamiento psicológico a Alejandra y sus familiares. “Ha sido muy difícil, cada vez que nos citan a audiencia es recordar a mi Victor, Con una sentencia podría ya iniciar mi duelo”, dijo María Elena Ángeles Cabrera Soto, madre de Víctor. La cita para la próxima audiencia es el 21 de noviembre a las 16:00 horas.