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Comisión del TEPJF resolverá elección en Coahuila ante vínculos priistas de magistrada encargada del proyecto

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante los señalamientos de que la magistrada encargada del proyecto para validar la elección en Coahuila, Mónica Aralí Soto Fragoso, tiene vínculos con el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) integró una comisión con personal de las siete ponencias de la Sala Superior para la elaboración de la sentencia.

“Las magistradas y magistrados del TEPJF acordaron, para la sustanciación y resolución de esos asuntos, integrar una comisión con personal de las siete ponencias de esta Sala Superior, para la elaboración del proyecto de sentencia de los juicios SUP-JRC-389/2017 y SUP-JDC-1014/2017, relativos a la elección de gobernador de Coahuila, el cual será sometido al estudio y análisis del conjunto de integrantes de este órgano jurisdiccional”, señaló en un comunicado.

El máximo órgano jurisdiccional en materia electoral indicó que la autonomía e independencia de las magistradas y magistrados está sustentada en sus respectivas experiencias y capacidades técnicas y profesionales, las cuales fueron plenamente acreditadas en el proceso público de selección y designación, tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como por el Senado de la República.

“El deber de actuar de forma imparcial y apegada a la ley es parte esencial de su mandato constitucional y de su compromiso frente a la ciudadanía”, mencionó.

En días pasados, la Sala Superior del TEPJF recibió dos impugnaciones a la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila, que confirmó la declaratoria de validez de la elección de gobernador de esa entidad y la entrega de constancia de mayoría al priista Miguel Riquelme, candidato de la coalición Por un Coahuila Seguro.

Los recursos fueron promovidos por el PAN y el excandidato independiente Javier Guerrero, y fueron turnados a la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, señalada de tener vínculos con el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza.

Según reportes, Soto Fragoso estudió y aprobó cursos impartidos en el Tribunal Electoral federal cuando el priista se desempeñaba como director del Centro de Capacitación Judicial Electoral.

Documentos difundidos por el periodista coahuilense Luis Carlos Plata a través de redes sociales indican que, en 2009, Soto Fragoso cursó y aprobó en el TEPJF el Primer Diplomado Virtual en Derecho Electoral, y en 2011 cursó la Especialidad en Justicia Electoral en modalidad no escolarizada; para este último, Ochoa avaló que no sustentara examen para obtener el diploma.

En su defensa, el TEPJF explicó que el turno de los asuntos que se presentan ante ese órgano se determina mediante un sistema de asignación a las diversas ponencias, el cual sigue un orden alfabético, cronológico y sucesivo, ajeno a cualquier consideración discrecional y aclaró que todos los turnos son siempre del conocimiento público.

No obstante, dijo que el turno de los medios de impugnación contra la declaración de validez de la elección para gobernador de Coahuila y la entrega de la constancia de mayoría correspondiente, “se llevó a cabo tomando en consideración la ausencia temporal de uno de los magistrados y con fundamento en el artículo 70, fracciones III y VI del Reglamento Interno del TEPJF”.

El Tribunal agregó que en toda democracia, la transparencia es un referente fundamental en la actuación de los jueces.

“Los expedientes de la carrera profesional de las magistradas y magistrados del TEPJF constituyen información pública, para el conocimiento y valoración de la ciudadanía, y fueron parte del proceso público de selección de los siete magistrados que, desde noviembre del año pasado, integran la Sala Superior de este Tribunal”.

De la resolución sobre la fiscalización de los gastos de campaña de candidatos a la gubernatura de Coahuila, el Tribunal dijo que no fue consecuencia de una decisión individual, sino que “la Sala Superior revocó, por mayoría de seis votos, parte del dictamen respectivo, elaborado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), en una sesión pública, el pasado 5 de octubre. La decisión es del Pleno, no de uno de sus miembros”.

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