Persisten prácticas de discriminación y despojo a comunidades indígenas, acusan activistas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Activistas y miembros de organizaciones en defensa de los derechos de las comunidades indígenas, evidenciaron la sistemática y continua violación a las garantías fundamentales que padecen los pueblos originarios.

Por ello, denunciaron que, a 14 años de la primera visita y presentación de un informe al Consejo de Derechos Humanos del relator especial de ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, persisten las prácticas de represión, discriminación y despojo de territorios a las comunidades de todo el país.

En el marco del recorrido de la actual relatora en el tema, Victoria Tauli-Corpuz –que se llevará a cabo del 8 al 17 de noviembre– los también miembros de concejos indígenas y oriundos de diversos pueblos originarios del país señalaron diversas problemáticas.

Las ONG refirieron que destacadamente existen trabas en las consultas a los pueblos originarios sobre la implantación de megaproyectos, pues, a pesar de que es derecho establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el país no existe una legislación en la materia que lo haga valer.

“El gobierno lo toma como un requisito más para avalar sus tratos, pues no se hace de la manera correcta. La información que se presenta es tendenciosa, no es la adecuada y los resultados no son vinculantes”, criticó Lucila Bettina Cruz Velázquez, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, de Santa María Xadani, Oaxaca.

Por su parte, los activistas Rufina Villa (del Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan), Santos de la Cruz Carrillo (del Consejo Regional Wixarika por la Defensa de Wirikuta); Mario Luna Romero (vocero de la Tribu Yaqui); Julián López Canaré, (del Consejo Indígena Nayeri) y María de Jesús Elan, de la comunidad maya en Yucatán, denunciaron que, en aras de promover la reforma energética en el país, el gobierno federal se ha vuelto cómplice de mineras, eólicas e hidroeléctricas que despojan a las comunidades de sus territorios.

Luego añadieron que en la defensa de sus tierras se ha incrementado las prácticas intimidatorias y actos de violencia a los defensores de pueblos originarios, por las mismas autoridades o por complicidad con los impulsores de los megaproyectos.

También, que en general se presentan violaciones a la libre determinación, dificultades para acceder a la justicia, discriminación, inseguridad y violencia.

Según mencionaron los activistas, buscarán que éstas y otras denuncias lleguen a oídos de la actual relatora especial de la ONU, Tauli-Corpuz, quien en su recorrido de nueve días por los estados de Guerrero, Chiapas, Chihuahua y Ciudad de México recibirá información de los pueblos y comunidades indígenas afectados para la elaboración de sus señalamientos y recomendaciones al organismo internacional.

“Este es un documento de rendición de cuentas internacional que señalará nuevamente los pendientes del Estados mexicano en la materia”, acotaron.

“Su posterior informe representa una oportunidad para abordar seriamente las razones de la negación de nuestros derechos y establecer consenso sobre la necesidad de corregir el modelo económico y político que el Estado mexicano promueve. Bienvenida la visita de la relatora”, celebraron.

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