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Colectivos “clausuran” las instalaciones de la CEAV para exigir freno a irregularidades

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Decenas de personas procedentes de Tamaulipas, Guerrero, Sonora y Sinaloa clausuraron simbólicamente las instalaciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), en exigencia de que sean recibidos por el presidente del organismo, Jaime Rochín Rincón.

Los manifestantes repudiaron las trabas en la canalización de recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, así como falta de atención integral a las víctimas de delitos o de violaciones a derechos humanos.

Los integrantes de diversos colectivos se concentraron frente a la CEAV cerca de las 10:00 para protestar por lo que consideran irregularidades en la atención a las víctimas, y al menos diez horas después continuaron en las instalaciones aguardando la presencia de Rochín.

Mario Segura, director del periódico digital El Sol del Sur Tampico, contó que entre las irregularidades que se han detectado en la CEAV destaca la tardanza en la incorporación del Registro Nacional de Víctimas (Renavi), y con ello en la entrega de recursos, como el alquiler de vivienda para personas que como él se vieron desplazados por las amenazas.

Segura explicó que, desde que tuvo que huir de Tampico, en agosto de 2012, hasta hace algunos meses de este año se le reconoció como víctima en el Renavi, sin que ello haya significado la liberación de recursos para su sobrevivencia.

Edgar Mondragón, de Hermosillo, Sonora, padre del niño Ismael Mondragón, que murió en diciembre de 2004 a causa de un acto de negligencia médica en el Hospital Infantil de la entidad, reclamó que pese a que desde 2006 la CNDH emitió una recomendación, y de que está en proceso de cumplimiento de una solución amistosa con el Estado mexicano tras haber llevado su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no ha contado con la atención por parte de la CEAV.

“Hace apenas cuatro meses me dieron mi Renavi, y eso que desde 2014 la CEAV tenía conocimiento de mi caso, hasta ahora ni a mí ni a los otros tres integrantes de mi familia nos han dado la atención integral que necesitamos, ni psicológica ni médica ni los apoyos económicos para los traslados, la alimentación y la renta de las viviendas”, dijo Mondragón.

También destacó que, a pesar de que avisó a la CEAV de que acudiría a la Ciudad de México a una reunión en la Secretaría de Gobernación para el cumplimiento de la solución amistosa de la CIDH, “no me proporcionaron recursos para mi traslado, ni mi hospedaje y alimentación, como era su obligación”.

Geovanni Barrios Moreno, presidente de Justicia Tamaulipas, aseguró que el burocratismo de la CEAV “revictimiza” a las víctimas y familiares que se ven obligados a acudir a la Ciudad de México a realizar diligencias ministeriales en oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR).

De acuerdo con el abogado, padre del joven Geovanni de 17 años, quien fue secuestrado el 24 de abril de 2008 en Reynosa, Tamaulipas, y del que no se volvió a saber nada, las víctimas de distintas entidades, algunas de ellas inscritas en el Renavi, y otras más con retrasos en su incorporación, reclaman la imposición de trabas burocráticas para tener acceso a recursos para costear los viajes, el hospedaje y la alimentación cada vez que tienen que desplazarse a la capital del país.

“En mi caso, me dieron recursos en tres ocasiones para realizar diligencias en la SEIDO, los abogados de la CEAV me acompañaron, y cuando tenía que realizar un nuevo viaje, me dijeron que tenía que entregar las facturas que comprobaran las entregas de los fondos de los viajes anteriores, cuando en la Ley General de Víctimas no hay artículo alguno que hable de las facturas”, dijo Barrios.

Al señalar que hay diversas inconformidades de las víctimas directas e indirectas, destacó que, en el caso particular de los colectivos tamaulipecos, hay molestia porque no fueron incluidos en la Asamblea Consultiva de la CEAV, “a pesar de que Tamaulipas ocupa el primer lugar en víctimas de ejecuciones y desapariciones”.

María Icela Valdez, madre del joven Roberto Quiroa Flores Valdez, desaparecido el 10 de marzo de 2014, aseguró que hay inconformidad de las víctimas procedentes de aquel estado porque teniendo el mayor número de casos, no “tenemos representación en la CEAV y, más aún, con los obstáculos para moverse a la Ciudad de México, nos sentimos doblemente victimizados”.

La reportera solicitó la posición de la CEAV ante el plantón que mantienen las víctimas en sus instalaciones, y el área de comunicación social respondió que desde que llegaron a las instalaciones a clausurar simbólicamente el edificio, se pidió a los manifestantes permitir que, por razones de protección civil, dejaran al menos un acceso libre.

Igual se les ofreció atender caso por caso por parte de los funcionarios que atienden cada uno de los expedientes.

De acuerdo con el funcionario que atendió el llamado de la reportera, hasta ahora los manifestantes mantienen su posición de ser atendidos por el presidente de la CEAV.

Luego dijo que la mayoría de los casos son del orden estatal, por lo que tendrían que ser atendidos por las comisiones estatales de atención a víctimas.

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