Proceso

En México, hay “un uso abusivo del poder” en la construcción de megaproyectos, advierte informe

Indígenas marchan contra megaproyectos en Chiapas. Foto: Isaín Mandujano

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras dos meses de investigación sobre tres megaproyectos que se desarrollan en México, Isabel Madariaga, exfuncionaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aseguró que las autoridades avanzan en esas obras sin considerar las afectaciones a las personas que viven en los alrededores.

“Hay un uso abusivo del poder, tanto desde el punto de vista del derecho internacional, que México se ha comprometido a respetar, como desde la perspectiva de resoluciones judiciales que disponen proteger a los pueblos, pero que son ignoradas por las autoridades, en un abierto desprecio hacia el Estado de derecho y la justicia”, dijo la consultora independiente en derechos humanos para organismos nacionales e internacionales.

A los pueblos afectados –de origen indígena– no se les reconoce el derecho a la libre determinación consagrado en la Constitución y en el derecho internacional, y no existe una consulta libre, previa e informada, criticó.

Las observaciones de la abogada, quien en la CIDH coordinó la Relatoría sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, fueron formuladas después de realizar un estudio de los impactos por la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan sobre la comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla, en el Estado de México; la siembra de grandes extensiones de soya transgénica en los alrededores de las comunidades mayas de Los Chenes, en Campeche, y la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el ejido de San Salvador Atenco y pueblos vecinos.

“El gobierno mexicano está a tiempo de tomar medidas simples pero cruciales para atender y reparar la situación en estos tres pueblos, a la vez que debería considerar medidas de fondo para prevenir nuevas injusticias contra tantas otras comunidades amenazadas por la imposición de megaproyectos”, resaltó Madariaga.

Entre esas medidas mencionó el fortalecimiento de la legislación agraria, que actualmente desprotege a los pueblos indígenas; respetar su derecho al consentimiento y a definir sus prioridades de desarrollo, y obligar a los funcionarios públicos y a las empresas a respetar los fallos judiciales cuando éstos no les convienen.

El informe “Mecanismos del despojo. Tres pueblos indígenas y campesinos ante la injusticia”, fue entregado a la Relatora de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, quien se encuentra de visita oficial en el país, así como al subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa, y a otras autoridades nacionales e internacionales.