En el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), que encabeza el extaekwondoista Idulio Islas, los recursos se manejan de manera singular: los privilegiados son algunos entrenadores, atletas –aunque no precisamente de alto rendimiento– y personal administrativo, a quienes se les asignan jugosas becas. Peor aún, la directora de Servicios, Adriana Estrada Bernal, cuya oficina depende de la Subdirección de Administración, y otros funcionarios de la Conade se despachan con la cuchara grande, según la información oficial obtenida por Proceso. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) –conocido como fideicomiso CIMA– se ha convertido en la bolsa chica de la cual la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) toma recursos públicos federales para pagar los sueldos de personas que no prestan ningún servicio al deporte de élite del país para el cual fue creado. El director de Alto Rendimiento de la Conade, el extaekwondoista Idulio Islas Gómez, responsable de manejar el Fodepar, consiente la asignación de becas a atletas, entrenadores e integrantes de los equipos multidisciplinarios sin criterios transparentes que correspondan a los resultados de los deportistas, incluso algunas secretarias de los metodólogos gozan de una beca. La lista actual de entrenadores beneficiarios del Fodepar, por ejemplo, destaca que Luis Alberto Hernández García, Ángel Mendiola Medina y Luis Alberto Soledad Salazar –los tres entrenadores de padel, el deporte favorito del director de Conade, Alfredo Castillo Cervantes– tienen una beca. Hernández García recibe 36 mil pesos al mes, mientras que Mendiola Medina y Soledad Salazar cobran 20 mil cada uno. Lo paradójico es que no hay ningún jugador de padel que sea becario de Fodepar. De acuerdo con las reglas de operación del fideicomiso, los recursos públicos federales son para estimular a los deportistas con mejores resultados a nivel internacional, sobre todo en las disciplinas olímpicas. El padel ni siquiera forma parte del programa de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Los fondos del Fodepar se utilizan también para el pago de salarios de los entrenadores que trabajan en la Academia Conade de Beisbol. Se trata del proyecto diseñado por Castillo Cervantes para deportes profesionales, como tenis, boxeo, artes marciales mixtas, entre otros, en este caso con la finalidad de que tengan la oportunidad de llegar a las grande ligas; es decir, a que equipos profesionales los contraten. Los becarios son el cubano Odilio Calzadilla, director técnico de la Academia de Beisbol, quien forma parte del grupo de metodólogos de la Conade “en diversas disciplinas”. Él recibe 45 mil pesos al mes; Ronald Josué Brizuela Parra, 30 mil; Daniel Hernández Cabrera, también cubano, 40 mil, y Alberto Albeo Sánchez Pérez, 30 mil. Además, Calzadilla y los otros entrenadores cubanos residen en las Villas Tlalpan, en los dormitorios que son para los deportistas. Otro metodólogo que se alberga ahí es Cuauhtémoc Rigoberto Oregel Leja, quien fue director de alto rendimiento de la Comisión del Deporte (Code) de Jalisco de 2014 a 2015. Oregel Leja y su hermano Quetzalcóatl fueron denunciados por el probable delito de fraude (medio millón de pesos) por el presidente de la Asociación de Luchas Asociadas del Estado de Jalisco (ALAJ), Moisés Anguiano. Becas a granel Según la carpeta de investigación –parte de la cual publicó el periódico tapatío Mural en enero pasado–, cuando Quetzalcóatl Oregel fungió como presidente de la ALAJ le pidió a su hermano Cuauhtémoc recursos económicos para varios torneos de preparación a los cuales la selección Jalisco nunca asistió. Quetzalcóatl incluyó el nombre de un luchador ya fallecido como uno de los deportistas apoyados para esas competencias. La Dirección de Alto Rendimiento del Code también pagó material deportivo para los atletas, pero nunca se les entregó. Hoy, Cuauhtémoc Oregel recibe una beca de 38 mil 600 pesos mensuales y tiene dos secretarias a su cargo: Brenda Daniela Villalpando Pérez, quien también recibe del Fodepar 12 mil 900 pesos mensuales, y Guadalupe Jimena César Nicolás, quien tiene un contrato como prestadora de servicios (como si fuera una proveedora) a través del capítulo 3000 (servicios generales), según el cual cobrará 145 mil 200 pesos durante 2017. Otro entrenador becario es el australiano Christopher Letcher, quien se embolsa 60 mil pesos al mes y está en la lista de deportes de conjunto y raqueta. Después de Iván Bautista –quien cobra 96 mil pesos–, Letcher es el entrenador mejor pagado, pues recibe la beca más alta del fideicomiso aun cuando no entrena a ningún tenista de élite, sino al grupo de nueve deportistas de 14 años que integran la primera generación del proyecto llamado Academia Conade de Tenis. En la misma lista de deportes de conjunto y raqueta se encuentra el frontenista español Israel Valero Martínez, amigo de Castillo Cervantes, quien en 2016 tuvo una beca por 96 mil 200 pesos mensuales supuestamente por entrenar a un grupo de frontenistas (Proceso 2078). En realidad, Valero Martínez no entrena a ningún atleta y rara vez se presenta en las oficinas de la Conade, pero actualmente tiene una beca de 38 mil 600 pesos. Otro caso irregular es el del Karla Rocío Coquis Jiménez, secretaria del cubano Óscar Gómez Acosta, jefe de los metodólogos. Coquis Jiménez tiene asignada una beca de 18 mil 800 pesos mensuales y aparece entre los beneficiarios de Fodepar como metodóloga en “diversas disciplinas”. Otros metodólogos que cuentan con secretarias que cobran como proveedoras a través de contratos adjudicados de forma directa son: Vivian Saavedra, Flavio Torres y Eduardo Rodríguez Escandón. También el subdirector de Calidad para el Deporte, Valentín Yanes, goza del mismo privilegio. Su secretaria Jessica Osorio tiene contrato como proveedora, igual que los asistentes de ésta: Gisela Solís, Maripaz Islas, Jaime Velázquez y María Remedios Nicolás. El clavadista Rommel El caso de María Tzinnia Macías González, una psicoterapeuta que estudió en el Instituto Mexicano de la Pareja (Proceso 2078) destaca porque fue dada de alta en Fodepar el 1 de enero de 2016 con una beca mensual de 96 mil 200 pesos. Ahora recibe 24 mil 500 pesos. Según la información proporcionada por la Conade mediante una solicitud de acceso a la información, Macías González fue contratada como psicoterapeuta para “dar seguimiento psicopedagógico en las disciplinas de fuerza rápida y pertenecientes a las federaciones mexicanas de deporte convencional” y atiende a los seleccionados nacionales de clavados Rommel Pacheco, Rodrigo Diego, Dolores Hernández, Melany Hernández, Alejandra Orozco, Paola Espinosa, Germán Sánchez, Iván García y Jahir Ocampo. Pero eso es falso. Ella sólo atiende a Pacheco, a quien le ayuda a superar el rompimiento con la doble medallista olímpica Paola Espinosa, de quien se separó en vísperas de los Juegos Olímpicos de Río 2016. La Conade es tan generosa con Pacheco, que desde el rompimiento con Espinosa le paga la renta de un departamento de lujo en el Pedregal, a espaldas del centro comercial Perisur. El subdirector de Logística de la dependencia, Christian González Romero, es quien cubre la renta del clavadista. Pacheco recibe una beca mensual por 36 mil pesos y otros 25 mil por la renta del departamento. Sin embargo, durante por lo menos tres meses estará alejado de la fosa de clavados, pues actualmente participa en el nuevo reality show de TV Azteca: Exatlón México, una competencia con locación en la República Dominicana y cuyo ganador recibirá 2 millones de pesos. Pacheco no es el único becario del Fodepar que recibe recursos públicos por entrenar de tiempo completo, pese a que está participando en el reality show. También están los gimnastas Daniel Corral y Ana Lago, así como el judoca paralímpico Eduardo Ávila, quien supuestamente acusa una debilidad visual pero que en las pruebas del Exatlón compite en los mismos retos que sus compañeros que ven perfectamente. Corral recibe 15 mil pesos, Lago sólo 10 mil, pero la beca de Ávila asciende a 55 mil. Los montos asignados a los atletas en el Fodepar no tienen criterios homogéneos: el clavadista Germán Sánchez y la marchista Guadalupe González, subcampeones olímpicos en Río 2016, por ejemplo, reciben 52 mil pesos mensuales; Iván García, quien finalizó en el lugar 11, devenga 51 mil, y Paola Espinosa, que fue cuarto lugar en su prueba individual, recibe 61 mil 200. Por su parte, Alejandra Zavala, de tiro deportivo –cuarto lugar olímpico en rifle de aire 10 metros– tiene una beca de 41 mil pesos; la taekwondoista María Espinoza, medalla de bronce en Río 2016, recibe 75 mil. El campeón mundial de surfing, Jonathan Corzo, ingresó al Fodepar apenas el mes pasado, con una beca de 49 mil pesos. Esta disciplina estará en el programa olímpico de Tokio 2020. Un deporte que no es olímpico es el ráquetbol. En esa disciplina la atleta potosina Paola Longoria ha sido tres veces campeona mundial y hoy tiene una beca por 60 mil pesos mensuales. No hay un criterio uniforme entre el surfing, que sí es olímpico, y el ráquetbol, que no lo es. Reglas que no se cumplen  Las decisiones de los montos de las becas se supone que se toman de manera colegiada y que existen un Comité Técnico y una Comisión Deportiva que realizan análisis y evaluaciones para determinar quién cumple con los criterios para merecer un estímulo económico, aumentarlo o disminuirlo en función de los resultados. Las Reglas de Operación del Fodepar indican que los montos se definen por objetivos cumplidos y que los resultados de las trayectorias deportivas no son acumulables. Los medallistas olímpicos y paralímpicos reciben además una beca vitalicia por sus logros. Pero no sólo en el Fodepar los recursos federales de la Conade se utilizan a discreción. La directora de Servicios, que depende de la Subdirección de Administración, Adriana Estrada Bernal, utiliza su posición en beneficio personal y de su familia. Estrada Bernal contrató a su hermano Gerardo como proveedor de servicios; en 2016 le adjudicó un contrato de forma directa por 355 mil 600 pesos para desempeñarse en la dirección de Alto Rendimiento. Gerardo Estrada Bernal es un abogado graduado del Instituto Brima, una escuela privada ubicada en Toluca, donde también hizo la carrera de contaduría su hermana Adriana, aunque ella no se tituló. Él supuestamente desempeñó funciones de tipo jurídico durante el año en que fue proveedor de la Conade. Mediante una solicitud de acceso a la información, la Subdirección de Calidad para el Deporte entregó los reportes de actividades que realizó de febrero a septiembre. Según las ocho hojas consultadas –son copias que contienen la misma información, en las cuales sólo cambia la fecha–, Gerardo Estrada únicamente verificaba que los movimientos que se hicieron en el área a la que está adscrito se apegaran a la Ley General de Cultura Física y Deporte, lo cual corresponde a la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos. Por lo tanto, no era necesario contratarlo. Si la dependencia lo hizo, violó el artículo 19 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, según el cual “la erogación para la contratación de servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, requerirá de la autorización escrita del titular de la dependencia o entidad, o aquel servidor público en quien éste delegue dicha atribución, así como del dictamen del área respectiva, de que no se cuenta con personal capacitado o disponible para su realización. La delegación a que se refiere el párrafo anterior en ningún caso podrá recaer en servidor público con nivel inferior al de director general en las dependencias o su equivalente en las entidades”. Contratos absurdos Según la investigación realizada por este semanario, Adriana Estrada, la responsable de contratar todos los servicios de la Conade, ha derrochado millones de pesos en irregularidades por medio de empresas fantasma, cursos de superación personal, manejo y control de estrés, adquisición de artículos de cafetería y agua potable, e incluso talleres de electricidad, redacción y ortografía para los empleados de la dependencia (Proceso­ 2126). A una larga lista de contratos absurdos que ella adjudicó de forma directa se suma el contrato de tres años que firmó con la empresa Lumo Financiera del Centro para “el servicio integral de transportación terrestre” por 14.2 millones de pesos. Lumo le arrienda vehículos de lujo a la Conade –Volkswagen Passat de seis cilindros y Chevrolet Cruze de seis velocidades, modelos 2016– que están al servicio de funcionarios de rangos menores, quienes, de acuerdo con el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, no deben tener un coche asignado. La secretaria del titular de la Conade, Alfredo Castillo, maneja un Cruze placas MXP5590, mientras el secretario del secretario técnico de la Conade, Alfredo Peral, tiene a su servicio un Passat placas MXR2060. El propio Peral maneja un auto similar. Adriana Bernal conduce un Passat­ MZG6732; la directora de Recursos Humanos, Rocío García, otro Passat placas MXR2056; el director de Tecnologías de la Información, Milton Vega, un Passat placas MWU7736, y Christian González Romero, un Cruze MXP6920. Otros servidores públicos que tampoco deberían tener asignado un vehículo son Idulio Islas; la coordinadora de Comunicación Social, Adriana Téllez; el subdirector de Información, Juan Martín González; la coordinadora ejecutiva de la subdirección de Calidad para el Deporte, Paulina Lelo de Larrea Torres; la coordinadora ejecutiva de la subdirección de Cultura Física, Ana Lilia Ramírez Ortega. Tampoco deberían tener una unidad la jefa del Departamento de Adquisiciones, Mónica Romero Quiroz; ni los coordinadores ejecutivos de la Dirección General y la Subdirección de Deportes, Helios Rojas y Roberto Corona, respectivamente; menos aún la titular del Órgano Interno de Control, Carolina Soto Cerecedo; ni Carlos González, titular del área de auditoría interna; ni Emiliano Montiel, quien se desempeña en la dirección general aun cuando no está en la estructura de la Conade. Todos ellos tienen a su disposición autos que pertenecen al parque vehicular de la Conade o bien de la arrendadora Lumo. Algunos, como la propia Estrada Bernal, González Romero y Ramírez Ortega incluso los usan los fines de semana o cuando se trasladan a Toluca, donde residen. En respuesta a la solicitud de información, la Conade admite que las unidades están bajo el resguardo de Adriana Estrada Bernal, la “encargada del uso eficiente de los mismos”, si bien detalla que ninguna está asignada a algún servidor público en particular y que “todos los vehículos pernoctan” en las instalaciones de la dependencia. Pero eso no es así. Proceso solicitó entrevistas con Idulio Islas y con Óscar Juárez Davis, subdirector de Administración de la Conade, pero hasta el cierre de edición ninguno había atendido la petición. Este reportaje se publicó el 5 de noviembre de 2017 en la edición 2140 de la revista Proceso.