Proceso

Para el NAICM y dos megaobras empañadas por la corrupción 9 mil mdp en 2018: ONG

La malla divide los terrenos del Nuevo Aeropuerto Internacional de la CDMX en Texcoco. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Cámara de Diputados aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 el uso de recursos públicos por más de nueve mil millones de pesos para tres megaobras hidráulicas en las que se presumen actos de corrupción, además de otras irregularidades, denunciaron organizaciones sociales.

Se trata de la construcción de la Presa El Zapotillo-Acueducto El Zapotillo León; del Túnel Emisor Oriente y de las obras hidráulicas del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NACM).

María González, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, y Elena Burns, de la organización social Agua para Todos, denunciaron que este año tres cuartas partes del presupuesto etiquetado para infraestructura local del agua y saneamiento nacional se destinará al pago de empresas encargadas de estos mega proyectos: para el Túnel Emisor Oriente cinco mil millones de pesos; para el NAICM tres mil 200 millones; y para la presa y acueducto de Jalisco y Guanajuato mil 530 millones.

Las activistas calificaron esta designación de los diputados como una violación al derecho humano del agua, pues será mínimo el recurso de interés público y mayoritario el dirigido a proyectos que han sido señalados por presuntas irregularidades.

Es una disminución de 72% de los recursos en comparación con lo asignado en 2017, mencionaron.

Explicaron que desde el 2014 la presa El Zapotillo y acueducto Zapotillo-León cuenta con una suspensión total de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de una controversia constitucional promovida por la misma Cámara de Diputados de Jalisco.

El órgano máximo de justicia determinó que la modificación de la cortina de la presa en Jalisco de 80 a 105 metros provocaría inundaciones a las comunidades de Temacapulín, Palmarejo y Acasico y afectaría a agricultores de la zona.

Además, como lo evidenció la reportera Jesusa Cervantes en agosto pasado, las empresas privadas del proyecto que inició en 2005 -Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) en donde es accionista mayoritario el empresario mexicano Carlos Slim; de La Peninsular y Grupo Hermes de Carlos Hank Rhon; y la española Abengoa-han recibido dádivas desde el inicio de la administración de Enrique Peña Nieto triplicando el costo inicial de 10 mil 37 millones de pesos a 27 mil 253 millones de pesos.

En el caso del Túnel Emisor Oriente, explicó Elena Burns, el proyecto se adjudicó de manera directa a Carlos Slim. La obra que tenía que ser terminada desde 2012, a la fecha ha recibido cuatro mil 400 millones de pesos “y no se tiene ni una garantía de su utilidad en un futuro cercano”.

Finalmente, del NAICM se cuestiona que se construyó en una zona lacustre, con un subsuelo que presenta hundimientos diferenciados y que se presume provocará inundaciones en su periferia, y otras afectaciones ambientales.

“Constatamos sólo simulación con la aprobación del Presupuesto 2018. Los diputados y sus partidos no priorizaron el derecho humano al agua y saneamiento”, subrayaron.

Las representantes del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario y de Agua para Todos, indicaron que emprenderán nuevas acciones legales como amparos y controversias constitucionales.

Además de una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y denuncias ante la Auditoria Superior de la Federación y el Sistema Nacional Anticorrupción.