MONTERREY, NL (apro).– Un perito acreditado ante el Poder Judicial del estado se apropió indebidamente de material visual y documentación en los que se demuestra quién filtró a las redes los videos de la balacera del 18 de enero pasado en el Colegio Americano del Noreste de esta ciudad. En esa ocasión un menor, Federico “N” asesinó a su maestra y se suicidó en el aula, según reveló el titular de la Comisión de Transparencia, Sergio Mares Morán. La Comisión de Acceso a la Información y Transparencia del estado (CTAINL) busca aclarar quién entregó las imágenes y sancionar a los que exhibieron indebidamente la identidad de los afectados. Este caso sería el primero en el que se sancione a quien viralizó una videograbación que debía permanecer resguardada, aseguró el Mares Morán. En entrevista, el funcionario explicó que el encargado de analizar las imágenes y elaborar un dictamen “desapareció”. Ya ha sido requerido en tres ocasiones y no se presenta, por lo que presentará una denuncia penal en los próximos días contra el perito por los delitos que le resulten. Una fuente cercana a la investigación comentó al corresponsal que el responsable de la filtración es un funcionario estatal, aunque omitió su nombre. El comisionado presidente explicó que el video entregado al perito no es el que muestra el suceso violento, sino el que registró la cámara de vigilancia instalada en el cuarto de monitoreo del colegio, donde las autoridades revisaron la secuencia de los acontecimientos. La exhibición del ataque en las redes sociales provocó la indignación generalizada, pues muestra de manera explícita la actuación de Federico y la forma en que se quita la vida. Uno de los funcionarios que acudió al plantel horas después fue quien grabó en su celular la acción que registraron los monitores y que después colocó en redes sociales donde se viralizó, expuso Mares Morán. La CTAINL abrió de oficio un expediente por la filtración debido a que, además de transparentar y facilitar el acceso a la información pública, también tiene como función proteger los datos personales de los niños y la maestra que, en este caso, fueron difundidos sin autorización, lo que violentó sus derechos personales. Hasta ahora han declarado dos personas sobre el caso, dijo Mares, pero la investigación está detenida desde hace más de 10 meses porque el perito no ha rendido el dictamen y la CATINL sólo podrá cambiarlo cuando el perito regrese la información que se llevó. “Esta persona que tiene que dar el dictamen no lo ha rendido pese a los múltiples oficios y notificaciones que le hemos hecho. Es una prueba pericial sobre el video en el salón de clases y de la oficina contigua al salón de clases. “Hay que analizar todo. Ya vimos el video y sabemos quién pudo haber subido la información pero necesitamos un perito que lo dictamine en el expediente”. A partir del análisis del especialista, la comisión puede requerir a más personas, resolver sobre el caso y sancionar con una multa a los funcionarios que violentaron los derechos de terceras personas, precisó Mares Morán.