Colectivos civiles rechazan la iniciativa de Ley para la Consulta Indígena

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil denunciaron las constantes violaciones al derecho internacional de las comunidades indígenas a ser consultadas antes de la instalación de las llamados “megaproyectos de desarrollo”, pues según evidenciaron, en México no existe un solo ejemplo de un caso exitoso de consulta.

Durante el foro “Consulta, consentimiento previo, libre e informado y autodeterminación” organizado por Oxfam México, el organismo denunció que constantemente se violan los principios básicos que señala el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y al que México se adhirió desde 1992; es decir, falta una consulta previa, informada, de buena fe y culturalmente adecuada ante la instalación de mineras, hidroeléctricas, y de la intervención de la industria agroalimentaria.

Rodrigo Galindo, gerente del programa de Acceso Equitativo a Bienes Comunes Naturales de Oxfam México, explicó en entrevista con Apro, que para el gobierno mexicano la consulta se observa como un mero trámite y es por eso que constantemente utiliza mecanismos para alterarlas.

Por ejemplo, los funcionarios que se designan para las mesas de discusión no tienen facultad jurídica para tomar decisiones, además de que se rotan constantemente; se maximizan los plazos; se utiliza un lenguaje técnico; se traducen mal los conceptos importantes a consultar. En suma, la consulta se observa como mero trámite.

Expertos como Daniel Cerqueira, representante de la Fundación para el Debido Proceso, manifestaron su rechazo a la iniciativa de la Ley para la Consulta Indígena, pues estiman que legislar en la materia podría resultar contraproducente por los antecedentes de ilegalidad y de impunidad que registra el país.

“Más allá de la dimensión normativa, los Estados tienen la obligación de garantizar los derechos humanos por encima de cualquier interés económico. Por ello, es necesario que las decisiones estatales, incluyendo el diseño de políticas económicas y la gobernanza sobre los bienes comunes naturales, sean respetuosas de la autodeterminación, formas de vida y prioridades de desarrollo expresadas por los pueblos y comunidades indígenas”.

Al finalizar el encuentro también hicieron un llamado a los gobiernos de la región garantizar con firmeza la seguridad jurídica de sus territorios, frente a la constante vulneración de sus derechos durante los procesos de consulta indígena.

 

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