CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Fórmula bien conocida: ante los señalamientos por sus acciones perniciosas, Enrique Peña Nieto suele pronunciar un discurso, prometer reformas legales y pedir un cambio de tema en el debate público. A veces puede ser sutil, otras despliega su talante en un explícito “ya supérenlo”. La táctica es pedestre, pero efectiva a pesar de lo predecible. Se consigue marcando la agenda periodística y el debate público, al condicionar la publicidad oficial por sumisión; se articula con un trabajo de convencimiento de actores prestos al diálogo que contribuyen, con ingenuidad o perversión, al propósito presidencial de superar las crisis. En plena campaña el surgimiento del Movimiento #yosoy132 se encaró así: ante las protestas masivas que exigían democracia efectiva y equidad en medios, Peña Nieto lanzó el Manifiesto por una Presidencia Democrática, un decálogo que planteaba reformas en transparencia, combate a la corrupción y regular la publicidad oficial. Ya convertido en presidente electo, en medio de impugnaciones y protestas, Peña Nieto propuso tres iniciativas: transparencia, anticorrupción y otra vez publicidad oficial. No cumplió ninguna, hasta que los escándalos de corrupción que se inauguraron con la llamada Casa Blanca lo llevaron a reproponer reformas en las dos primeras. La transparencia sufre un grave retroceso. El tinglado de reformas estructurales, principalmente en materia energética, redujo el acceso a información; el INAI es una cloaca facciosa de grupos políticos con interés en legitimar opacidades; el programa de “gobierno abierto” es una dispersión sobrevaluada y poco amigable. En tanto, a las disposiciones anticorrupción --esa farsa para la impunidad-- no sólo les falta fiscal, más grave, les falta una armonización legislativa que no concluirá pronto. Con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y los reclamos masivos, propuso otro decálogo para reformar la llamada justicia cotidiana. Mientras sus sucesivos fiscales articulaban una mentira histórica, él disertaba sobre la forma de legislar divorcios, delitos o ilícitos menores en diferentes materias, y el número de emergencias 911. Cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vino a México para coadyuvar en la indagación de los hechos en Iguala, desprestigiaron a los investigadores y los echaron del país. Por esos días, organismos internacionales reprobaban a México en cuanto a derechos sociales y los líderes globales señalaban la precariedad de los derechos humanos. Entonces, nuevo discurso, una iniciativa para legislar derechos demandados por la población LGBTTTIQA, mientras los legisladores priistas se negaban a ir al debate. Otra vez, nada. En el episodio más reciente encontramos su reclamo por el “bullying” a la Policía Federal, en medio de los señalamientos por los hechos de Nochixtlán, mientras promueve su Ley de Seguridad Interior. Hoy hace seis meses que asesinaron a Javier Valdez en Culiacán. Nueva crisis enfrentada con discurso y propuesta de reformas, misma impunidad que en los más de cien periodistas asesinados. Como en los mencionados y otros tantos ejemplos, Peña Nieto ha podido sortear las crisis de su mal gobierno, en parte gracias al control de la agenda mediática por publicidad oficial –40 mil millones repartidos-- y por eso, se trata de un asunto relevante para la democracia que, gracias al trabajo de Artículo 19, llegó hoy a la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde, sin embargo, los pronósticos son reservados. Visita www.notassinpauta.com