CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los 43 mil millones de pesos extra del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018, aprobados la semana pasada, corren el riesgo de usarse de manera discrecional, aseguró este miércoles la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). En un comunicado, el organismo presidido por Gustavo de Hoyos Walther destacó que los recursos “en buena medida fueron colocados en ramos que serán ejercidos por las entidades federativas y que son susceptibles a la discrecionalidad”. Detalló que una parte de ese dinero fue asignado mediante artículos transitorios, como el quinto, que prevé 2 mil 500 millones de pesos a un fondo para la reconstrucción en entidades federativas, mientras que el sexto destina 186.3 millones de pesos a la búsqueda de desaparecidos, y el noveno transitorio incluye 750 millones para el “Fondo de Fronteras”, un subsidio para combatir la pobreza en la frontera norte y sur del país. A éstos se suman otros fondos, como el de Apoyo a Migrantes, Programas Regionales y Fondo para el Fortalecimiento Financiero, entre otros rubros, que quedaron considerados en las participaciones y previsiones del ramo 23, al que se asignaron poco más de 156 mil millones de pesos, lo que marcó un incremento real de 11.7%. De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), al carecer de reglas de operación o al ser cambiadas año con año, el manejo de esos fondos puede ser objeto de uso discrecional. Ojo en los nombramientos anticorrupción La Coparmex manifestó que está atenta a los nombramientos de más de 22 titulares de organismos autónomos que son clave en el combate a la corrupción y la impartición de justicia. “Uno de éstos, de suma relevancia, es el del auditor superior de la Federación –que concluye su periodo el 31 de diciembre–, pieza clave en la integración del Sistema Nacional Anticorrupción, toda vez que es la figura que provee información en relación al uso indebido de los recursos públicos tanto a nivel federal como local”, precisó. Recordó que en la gestión del actual auditor fueron detectados casos como el fraude en Oceanografía y el desvío de recursos en las pasadas administraciones en los estados de Veracruz y Quintana Roo, que derivaron en procesos penales de los responsables. En ese contexto, el organismo patronal demandó que en la Cámara de Diputado se atienda con la mayor seriedad el nombramiento del nuevo auditor; que se defina el modelo de la Fiscalía General de la República y se nombre a su titular, así como al fiscal Anticorrupción y los magistrados especializados en ese ámbito. “Ello precisa de un proceso de discusión con altura de miras, para que sean nombrados los mejores candidatos que garanticen su autonomía e independencia de grupos de interés”, subrayó Gustavo de Hoyos. De igual manera, sugirió elevar la calidad de la política fiscal creando un Consejo Fiscal Independiente e iniciar con “urgencia” la discusión de una reforma hacendaria de fondo, que abarque tanto los ingresos como la reestructura al gasto público.