Relatora de la ONU constata violaciones a derechos de indígenas en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Luego de dos días de visita, la relatora especial para los Pueblos Indígenas de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz, documentó y constató las graves violaciones a sus derechos que padecen las comunidades de los diferentes grupos étnicos que coexisten en la entidad, quienes demandaron respeto a sus autonomías y a la libre autodeterminación.

Los pueblos, comunidades y organizaciones que se reunieron ayer martes con Tauli-Corpuz, en el ejido Candelaria, municipio de San Cristóbal de Las Casas, entregaron a la relatora un informe sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas en la entidad, con el objetivo de ampliar la información relativa a la realidad específica en Chiapas.

En el informe y las mesas de trabajo visibilizan sus historias de sistemáticas violaciones a derechos humanos, que acentúan la responsabilidad del Estado mexicano, y donde algunos de los ejes y casos son: Autonomía, autodeterminación y territorio; Impunidad en crímenes de lesa humanidad y falta de justicia a pueblos indígenas; Incremento de la violencia e inseguridad asociadas a delincuencia organizada, y Mujeres e infancia indígenas, población más vulnerables a violaciones de derechos humanos.

También expusieron el preocupante aumento de riesgo a defensoras y defensores de derechos humanos integrantes de pueblos indígenas.

Igual señalaron que se sigue experimentando la criminalización, intimidación y represión en contra pueblos indígenas, defensores de derechos humanos, activistas, periodistas y miembros de la sociedad civil en general por agentes estatales en forma de militarización, paramilitarización o grupos armados que actúan con aquiescencia del Estado.

Además, denunciaron los intereses privados en megaproyectos de exploración e infraestructura por medio de concesiones a grandes corporaciones en la región, acciones que amenazan el territorio de los pueblos indígenas, sus procesos de autonomía y libre determinación y la vida misma al poner en riesgo la contaminación del agua y la Madre Tierra.

Además, alertaron que estos elementos resultan en terreno fértil para casos de desapariciones forzadas, desplazamientos, asesinatos y represión. “Vemos con preocupación un aumento de riesgo en las defensoras y defensores del territorio, esencialmente hacia los defensores indígenas y campesinos”.

Entre las recomendaciones que los pueblos, comunidades y organizaciones en Chiapas presentaron a la relatora de ONU destacan: reivindicar la exigencia de que se reforme nuevamente el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, retomando y actualizando los conceptos vertidos en la iniciativa de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) y en los Acuerdos de San Andrés pactados desde 1996.

También pidieron a la representante de la ONU que exija al Estado mexicano respetar los tratados internacionales, específicamente el Convenio 169 y la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y acatar su cumplimiento.

“Si los pueblos indígenas muestran con su historia que han sido resguardo milenario de bosques, océanos, genes, acervo de conocimiento y tecnología fundamentales a la salud, la alimentación y a los ciclos vitales de todo el mundo, en específico en Chiapas, tienen que ser las mujeres y los hombres de los pueblos y las comunidades indígenas quienes decidan, definan, organicen el futuro de estos territorios de importancia estratégica fundamental para toda la humanidad y la estabilidad climática”, expresaron en su pronunciamiento.

Asimismo, solicitaron a la relatora que se pronuncie en favor de acciones efectivas por el derecho de las mujeres indígenas a una vida libre de violencia, por el derecho de las familias a la igualdad y no discriminación, por el derecho de acceso a la justicia, el derecho a la información y al derecho a un medio ambiente sano.

Por último, recordaron que las recomendaciones hechas en 2003 por el entonces relator de los Pueblos de Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, siguen siendo vigentes.

Es por eso que pidieron a Victoria Tauli-Corpuz que interceda ante el Estado mexicano para que cumpla con su deber de respetar y brindar protección a los derechos de los pueblos indígenas.

 

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