CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, urgió a la Corte Penal Internacional (CPI) a que inicie una investigación por presuntos abusos y torturas cometidos por el gobierno de ese país. "Nicolás Maduro y su gobierno deben pagar por esto, por estos delitos de lesa humanidad", dijo Ortega después de depositar en la CPI un legajo con mil piezas de evidencia. En la Haya, la exfiscal del país sudamericano insistió que Maduro y su gobierno "deben pagar por el hambre, la miseria y las penurias a las que está sometido el pueblo de Venezuela". De acuerdo con Ortega, quien a fines de agosto salió clandestinamente de Venezuela, alegando ser víctima de persecución política, la policía y los militares mataron a mil 767 personas en 2015, mientras que el año pasado, dijo, hubo 4 mil 677 muertes y mil 846 personas fueron asesinadas en los primeros seis meses de este año. El expediente de la exfiscal --bajo protección del gobierno colombiano, que le ofreció asilo-- incluye testigos oculares, así como entrevistas con expertos y médicos, que detallan presuntos "crímenes, asesinatos, torturas, encarcelación, así como un ataque sistemático y generalizado contra la población civil". Ola exfuncionaria venezolana sostuvo que empezó a recabar informaciones sobre esos crímenes cuando estaba al frente de la fiscalía general en 2015. Y también denunció a los ministros de Defensa y de Justicia, Vladimir Padrino López y Néstor Reverol, respectivamente, así como al director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo Gonzáles López, entre otros. "También incluimos en la denuncia más de 17 mil detenciones arbitrarias (...) la militarización de la Seguridad ciudadana (...) que permitió el uso de las armas de fuego en manifestaciones". Añadió: "Nos vimos en la necesidad de recurrir a esta instancia internacional por cuanto en Venezuela no hay justicia". Desde que huyó a Colombia, la jurista ha hecho un periplo por distintos países de la región para presentar las supuestas pruebas de abusos del gobierno de Maduro y buscar apoyo para restaurar el orden democrático en su país. Venezuela ratificó el estatuto de Roma que dio creación a la CPI, por lo que en teoría la fiscal general de la organización, Fatou Bensouda, tiene jurisdicción para investigar alegaciones de crímenes de lesa humanidad en ese país. (Con información de AFP)