XALAPA, Ver. (apro).-La glosa del informe 2016-2017 del primer año de gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, entregada el miércoles pasado a los 50 diputados del Congreso Local contiene un apartado especial del estado que dejó Javier Duarte de Ochoa, preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. La glosa del primer informe consta de 192 páginas y contiene el apartado: “La descomposición de nuestras estructuras”. De acuerdo con el documento, en poder de Apro, el gobierno de Yunes encontró un “narcogobierno” en las estructuras policiacas y de procuración de justicia, así como robos, desfalcos, corrupción y malversación de fondos públicos en las demás dependencias del gabinete legal y ampliado. El documento, elaborado por la Jefatura de la Oficina del Programa de Gobierno y por el gobernador Yunes Linares, destaca que un área sensible para la población fue que durante el sexenio de Duarte hubo falta de medicinas, carencias en hospitales, desempleo, fomento del comercio informal, servicios deficientes en las carreteras y una proliferación de la inseguridad. Apunta también que, en la descomposición de las estructuras sociales, en Veracruz proliferó la desaceleración económica, la pérdida de empleos convencionales, una resistencia al capitalismo digital, falta de tecnología en el campo, inhabilidad para la autogestión y el autodidactismo y deficiente actitud emprendedora, con lo que proliferaron los clientelismos políticos. “Con base en este conocimiento, no solo se inicia la reconstrucción, sino el rescate de Veracruz, a partir de nuestras estructuras más profundas”, reseña el documento. Este legajo gubernamental añade que, en solo un sexenio, el del priista Javier Duarte, Veracruz incrementó su deuda en más de 24 mil millones de pesos, aunado a que hubo retención de recursos a la Universidad Veracruzana, agravio a los pensionados al retenerles sus nóminas y golpearlos y reprimirlos en plazas públicas, así como un índice “histórico” de homicidios. “Veracruz era un paraíso de impunidad y corrupción, con una observación negativa en calificación crediticia, con quebranto financiero, con crisis alimentaria y pobreza, desaparecidos, desabasto de medicamentos en clínicas y hospitales”, señala el documento. También recrimina que en el sexenio de Fidel Herrera (2004-2010) predominó la corrupción, la repartición indiscriminada de concesiones de taxis y medicamentos apócrifos. “En noviembre de 2016 reinaba el caos. Las calles estaban ocupadas por manifestantes que en el ejercicio de sus derechos demandaban pagos, atención y el mínimo respeto a sus más esenciales garantías. El gobernador del Estado había abandonado sus responsabilidades y escapó para evadir la acción de la justicia. “Se reprendió a los maestros. Se les golpeó. Se les maltrató. Se echó por la borda su prestigio como una de las figuras representativas del respeto y la admiración de las jóvenes generaciones. “Los empresarios se reconocieron con las manos vacías por las enormes deudas del gobierno. Las carreteras, las calles, la infraestructura y servicios en lo general habían acumulado años de abandono, de falta de mantenimiento. “Los niños con padecimientos de cáncer, pacientes en extremo vulnerables, se vieron burlados mientras se les administraban medicamentos apócrifos, y el estado sufría el desabasto de medicinas más escandaloso en la historia”, refiere el informe. El documento señala que tan solo en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca se tuvo la necesidad de presentar tres denuncias ante la Fiscalía General del Estado por la destrucción indebida de documentos referentes a expedientes técnicos de proyectos del ejercicio 2010 y el adeudo a proveedores por poco más de 195 millones de pesos; además por incumplimiento de documentación en la entrega-recepción del Fideicomiso Veracruzano de Fomento Agropecuario (Fiverfap). En la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) detectó un presunto daño patrimonial por más de tres mil 500 millones de pesos. Un asunto extraordinario es que el proveedor suspendió el servicio telefónico en la dependencia como una medida de presión para que se pagara la deuda acumulada de tres millones de pesos por la instalación de internet en diferentes hospitales del Estado. “La SIOP recibió 335 unidades vehiculares en condiciones lamentables; entre ellas, 192 consideradas desecho ferroso y 61 vehículos con un promedio de 200 mil kilómetros, modelos de 1994 al 2009. Además, recibimos 596 unidades de maquinaria pesada, equipo de transporte, vehículos y equipos complementarios, todos en muy malas condiciones. 70 equipos tuvieron que recuperarse en distintos puntos del estado y el país, como es el caso de las pavimentadoras que estaban en Nuevo León. Se presentó la denuncia correspondiente por la ausencia de equipos”, abunda el informe. En la Secretaria de Finanzas y Planeación, el costo total de la deuda pública, integrado por el pago de intereses más las amortizaciones de capital, más los gastos que se cubrieron a las empresas privadas para la gestión administrativa de la contratación de los créditos, crecieron a partir de 2012, hasta alcanzar casi 10 mil millones de pesos al 31 de diciembre de 2015. Otro caso ejemplar fue la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que se recibió con “un gran desorden financiero”, pues se detectó un subejercicio presupuestal de 287 millones 900 mil pesos y una deuda de más mil 500 millones de pesos. “Detectamos bonos de apoyo operativo para la zona norte y un rubro denominado Servicios Especiales, por un monto aproximado de 28.2 millones de pesos anuales. Recibimos deteriorados el 40% de los bienes muebles y equipamiento y desde luego, la circunstancia histórica que abate a Veracruz por décadas de corrupción que devienen en la inseguridad”.