CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras admitir que la desaparición de una persona es una de las experiencias más dolorosas que alguien pueda sufrir, el presidente Enrique Peña Nieto destacó que el Estado tiene la obligación de intervenir para brindar justicia. “Estamos ante hechos que causan sufrimiento en las víctimas y en sus familiares, y que lastiman a nuestra sociedad”, subrayó en el marco de la promulgación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. En la residencia oficial de Los Pinos, donde recibió a familiares de desaparecidos y a representantes de organizaciones y colectivos, Peña destacó que la promulgación de la mencionada ley es un paso de gran trascendencia, que brinda herramientas para combatir la impunidad y defender los derechos de las víctimas y de sus familiares. Reconoció a los familiares de las víctimas y a los representantes de colectivos y organizaciones de la sociedad civil por el empuje, la energía y el esfuerzo que han puesto para crear la nueva norma. “Sin embargo, nunca se había establecido un marco legal ni un conjunto de instituciones públicas dedicadas específicamente a dar una respuesta integral, con todos los instrumentos del Estado, a este grave problema”, señaló. En su intervención, Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reconoció el esfuerzo del gobierno mexicano y su voluntad para aprobar la Ley, y afirmó que “este es un gran día a favor de los derechos humanos en México”. En el mismo sentido se pronunció el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, al destacar que el día de hoy fue “una jornada de buenas noticias para los derechos humanos en México y el contexto internacional”, por la promulgación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas. En el marco de la ceremonia de toma de posesión de la Cuarta Visitadora General de la CNDH, María Eréndira Cruzvillegas Fuentes, el ombudsman nacional destacó que se trata de un logro de la sociedad civil y los colectivos de familias de personas desaparecidas. González Pérez resaltó la importancia de la asignación de presupuesto inicial para la implementación de la ley, y puntualizó que estos recursos deben incrementarse no solo por parte del gobierno federal, sino también de los Ejecutivos y Congresos de las 32 entidades federativas, así como la voluntad política de ambos para la implementación plena de la referida norma. Señaló que una de las prioridades de la instrumentación de la ley será determinar el paradero de las personas desaparecidas, encontrar a los responsables y fincar las responsabilidades a que haya lugar, así como la reparación integral del daño a las víctimas, y conocer la verdad, pues solo así se evitará la repetición de estos hechos condenables. Finalmente, reiteró su solidaridad con el dolor de las víctimas de la desaparición forzada de personas. En el evento, participaron el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián. También asistieron el presidente de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados, Álvaro Ibarra Hinojosa; la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, Angélica de la Peña Gómez, y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa.