SAN JOSÉ, Costa Rica (apro).- Abogados de las once mujeres violentadas sexualmente hace once años en el municipio mexiquense San Salvador Atenco, representantes del Estado mexicano y de la CIDH, presentaron sus últimos alegatos ante jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). Después de una intensa jornada de análisis del caso, en el que el nombre del presidente Enrique Peña Nieto fue pronunciado a instancias de un miembro de la Corte, se evidenciaron una vez más las posiciones contrarias de las partes. Mientras el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, insistía en que desde marzo del 2013 el Estado mexicano había reconocido su responsabilidad en las violaciones a derechos humanos de las mujeres, durante una audiencia en la CIDH en Washington, la comisionada Margarette May Macaulay y las representantes de las víctimas, coincidían en que sin verdad ni justicia, que es lo que piden las víctimas, el pronunciamiento oficial es insuficiente. Ruiz Cabañas defendió el operativo policiaco de hace once años, el que presuntamente tenía como fin “el desbloqueo de una autopista y liberar a policías retenidos” por activistas de Atenco, para considerar enseguida que fueron actuaciones aisladas de los agentes del Estado de México los que violaron los derechos humanos de las mujeres. El funcionario exhortó a los miembros de la CoIDH a que se tome como análisis de contexto las conclusiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mismas “que no identifican responsabilidades de mandos superiores ni la participación de policías federales”. La ambigüedad del planteamiento que hizo Ruiz Cabañas provocó que el juez chileno Eduardo Vio Grossi preguntara al diplomático mexicano: “¿a qué reconocimiento de responsabilidad se refiere?”, luego de que el funcionario de la Cancillería cuestionara a la CIDH por haber tramitado el caso ante la CoIDH, y responsabilizara a las víctimas de no aceptar la propuesta de indemnización y de otorgamiento de becas, entre otras medidas. La comisionada de la CIDH, May Macaulay, puntualizó que después de once años de ocurridos los hechos, éstos siguen en la impunidad, y que durante estos años el Estado mexicano “no hizo esfuerzos para avanzar en la investigación”, tan es así que en un primer momento “no se cotejaron con los policías las muestras de semen tomadas de una de víctimas” y, cuando una de ellas logró identificar a uno de sus agresores, “se le procesó por actos libidinosos, y ante la inconsistencia de la acusación, salió libre”. Silvia Serrano Guzmán, abogada de la CIDH, recordó que en respuesta a que el Estado mexicano diera solución satisfactoria a cinco recomendaciones formuladas por ese órgano en 2015, “se otorgaron cuatro prórrogas, lo que significó un retraso de nueve meses, sin que se diera cumplimiento” cabal a aquéllas. Abogadas del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que representan a las víctimas, calificaron como “falsa” la información de los funcionarios del gobierno mexicano de que 52 presuntos responsables están siendo procesados. Araceli Olivos Portugal narró que diez de los consignados recientemente fueron liberados, y que diez más también están a punto de ser puestos en libertad, por negligencia de las autoridades. La defensora Stephanie Brewer insistió en que lo que las mujeres han buscado durante los últimos años es verdad y justicia, por lo que cualquier medida de reparación que no esté acompañada de esos elementos no puede ser aceptada por ellas. La abogada Florencia Reggiardo resaltó que las mujeres de Atenco buscan medidas de no repetición, toda vez que “la tortura sexual parece reflejar conductas aceptadas por el modelo policiaco en México”. Marcela Marino apuntó que lo ocurrido en Atenco no son hechos aislados, como el Estado pretende mostrar, y que por el contrario las acciones de tortura sexual “son realidades persistentes en la policía mexicana y afectan a miles de víctimas más”. Las representantes pidieron a los miembros de la CoIDH ordenar al Estado mexicano que se investiguen “los distintos niveles de responsabilidad en la cadena de mando” para evitar que el caso quede en la impunidad. El Estado mexicano pidió que se “valoren las medidas de reparación” propuestas a las víctimas. Al término de las exposiciones, los jueces solicitaron información adicional a ambas partes, misma que tendrá que ser transmitida a más tardar el 17 de diciembre, con el fin de que los jueces emitan su veredicto final.