MANZANILLO, Col. (apro).- El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez reconoció que Colima enfrenta una circunstancia adversa en materia de seguridad desde hace varios años, circunstancia que “hemos asumido con toda nuestra entereza personal e institucional”, pero la magnitud de nuestros esfuerzos “no logra todavía los resultados que hemos buscado afanosamente”. En su discurso de inauguración de la Segunda Sesión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia de la zona occidente -a la que pertenecen los estados de Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes-, realizada en este puerto, el mandatario señaló que el occidente de México enfrenta retos de consideración frente al interés estratégico que representa para el crimen organizado. “Es un fenómeno que no es nuevo, pero que adquirió una especial virulencia en los últimos años, así como una mayor diversificación de sus ámbitos de interés, lo que genera nuevos desafíos para las instituciones federales y estatales, sin olvidar su impacto también en el ámbito municipal”, dijo. Ante titulares y representantes de procuradurías y fiscalías de la región, así como de un representante de la Procuraduría General de la República (PGR), Peralta refirió que una de las características del crimen organizado es su capacidad de operación trascendiendo los límites y las fronteras de los ámbitos de gobierno legalmente establecidos, “lo cual las dota de ubicuidad y flexibilidad”. Por ello, dijo, es importante generar estrategias comunes que unifiquen los esfuerzos y permitan una mayor capacidad estratégica a las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia. Lo anterior, añadió, es “una tarea vital, pues no olvidemos que el crimen organizado florece cuando la sociedad y sus instituciones no logran esa misma capacidad de organización para contenerlo, acotar sus posibilidades de operación y combatir sus formas de capitalización”. De acuerdo con Peralta Sánchez, se trata de un tema complejo, considerando que “el crimen adopta formas de expresión cada vez más agresivas, mientras que el Estado afina su sistema de justicia penal desde una filosofía de pleno respeto a los derechos humanos, lo que exige una mayor profesionalización y calidad entre quienes integran esos elementos coercitivos”. Homologación necesaria Por su parte, el titular de la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional de la PGR, Roberto Andrés Ochoa Romero, en representación del subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, Alberto Elías Beltrán, dijo que se ha hecho indispensable el diseño de un modelo de procuración de justicia que responda a las necesidades sociales actuales de protección penal, que se ajuste al modelo de justicia que desde hace más de nueve años se ha venido implementando en el país no sin grandes esfuerzos. Por ello, estimó necesario colocar las bases sobre las que pueda implantarse un gobierno homologado en procuración de justicia que sea válido y sobre todo útil para el sistema de justicia penal que hoy está vigente en todo el país. “Se trata de atender problemas actuales en materia de justicia penal, sin mayores dilaciones, conjugando sistemáticamente los mandatos constitucionales de justicia pronta, completa e imparcial”, consideró. A su juicio, en este paradigma procesal penal la cooperación, colaboración y comunicación interinstitucional resultan fundamentales. “El reto de la investigación y persecución penal de los delitos en el marco del sistema penal acusatorio exige nuevos planteamientos y estrategias de colaboración entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y las instituciones de procuración de justicia”, dijo. Ochoa Romero mencionó que los resultados alcanzados hasta el momento son muy importantes, pero la lucha contra la criminalidad organizada requiere la suma de esfuerzos entre instituciones, gobiernos y ciudadanía. “Se deben fortalecer los mecanismos de cooperación para el intercambio de experiencias y buenas prácticas, privilegiando la capacitación y la alta especialización de los operadores del sistema de justicia; en esta línea es importante destacar la colaboración que se sigue incrementado con diversas instituciones nacionales y extranjeras, con las que se han propuesto y suscrito diversos acuerdos y convenios”, agregó. El funcionario dijo que el compromiso institucional no puede ser otro que la aplicación irrestricta de la ley para proteger, a través de ella, los bienes jurídicos más importantes para la sociedad, pues no se pueden dejar espacios abiertos para la impunidad, sino que se debe actuar con eficiencia, con responsabilidad social y con absoluta solidaridad frente a las víctimas del delito. Entre las tareas de la reunión, indicó, se encuentra la construcción de un manual que regule en contenido y la forma de las carpetas de investigación, el diseño de un protocolo especializado para la atención de casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género, así como el protocolo para la investigación de casos de tortura. José Guadalupe Franco Escobar, procurador general de Justicia de Colima, mencionó que en seguimiento a una visión sistémica y de largo aliento, resulta indispensable la confección de un plan integral para construir un nuevo modelo de procuración de justicia, en cuya base se encuentren fiscalías eficaces y eficientes que respeten derechos, generen y utilicen información proactiva. Enfatizó que en la sesión se trabajará para hacer realidad la construcción de ese modelo acorde en los tiempos y demandas sociales. Dijo: “trabajaremos con miras a proponer en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, un esquema de trabajo dinámico y consensado que sume el respaldo de las demás regionales que nos lleven a cambiar la historia”. Además, comentó que en Colima se está haciendo la tarea y se da batalla bajo tres programas específicos, siendo el primero brindar a los usuarios una atención de calidez y calidad; la capacitación permanente del personal, así como la certificación internacional de siete laboratorios bajo el auspicio de la Iniciativa Mérida.