CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El desenlace del caso Lesvy se alargará hasta el próximo año, luego de que la juez Gloria Hernández Franco concedió la ampliación del plazo a la defensa de la familia de la joven presuntamente asesinada por su entonces pareja sentimental, Jorge Luis González Hernández, en Ciudad Universitaria la madrugada del 3 de mayo pasado. En la audiencia efectuada en la sala siete del edificio del sistema procesal acusatorio del Reclusorio Oriente -que comenzó con una hora y 20 minutos de retraso por la impuntualidad de los fiscales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX)-, la juzgadora fijó como fecha de cierre de la presentación de pruebas el 11 de enero de 2018. El alargamiento del plazo para la aportación de evidencias fue solicitado por la defensa de la familia de Lesvy y por la propia fiscalía capitalina, luego de que los magistrados de la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ-CDMX) decidieron, el pasado 18 de octubre, reclasificar el delito por el que se encuentra en prisión preventiva el inculpado. Originalmente, González Hernández había sido acusado del delito homicidio simple, pero la defensa de Lesvy -en la que intervienen el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF)-, se inconformó y logró que los magistrados de la Quinta Sala reclasificaran la imputación a feminicidio agravado al quedar demostrado que la PGJ realizó diligencias sin perspectiva de género. Hernández Franco consideró que, de aquí al 11 de enero del año entrante, ambas partes tienen tiempo suficiente para complementar sus pruebas: La fiscalía capitalina para reorientar las indagatorias con perspectiva de género y la defensa, para terminar el peritaje independiente que iniciaron una vez que el juez de control, Cristian Ricardo Franco Reyes, dictó auto de vinculación a proceso a González Hernández por el delito como homicidio, el 10 de julio. La juzgadora reiteró que el plazo no interfiere con el máximo de seis meses que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, ni viola el derecho del imputado, como observó el defensor de oficio de la expareja sentimental de Lesvy, José de Jesús Sánchez Rodríguez. Durante la sesión, Sánchez Rodríguez no cesó de argumentar que las nuevas diligencias que pidieron la defensa y la fiscalía eran “impertinentes y dilatorias”, pues ya se habían recabado con perspectiva de género. En particular, se refirió al dictamen de la necropsia psicológica que se le practicó a Lesvy, en el que la perito menciona que la joven consumía drogas y provenía de una familia disfuncional, por lo que no descartaba la posibilidad de un suicidio. Esta pericial, por cierto, fue descartada por el juez Franco Reyes desde un principio; en cambio, la defensa lo consideró revictimizante. Afuera del Tribunal, una decena de organizaciones y colectivos feministas corearon consignas a favor de la familia Rivera Osorio. Sin embargo, personal de Seguridad Pública les pidió que guardaran silencio, debido a que dentro del inmueble se desahogaban otras audiencias. Al término de la audiencia, Sayuri Herrera Román, una de las abogadas de la defensa de la víctima, se inconformó por la decisión de la juez. “Lo aceptamos en función de retrasar más la justicia para la familia de Lesvy”, dijo.