Desvíos federales y la "privatización" eléctrica, detrás de la inundación en Tabasco hace 10 años: Codehutab
VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Los millonarios desvíos de las partidas federales asignadas a obras de protección fueron el principal factor que provocó la peor inundación de Tabasco en 2007, según un estudio del Comité de Derechos Humanos (Codehutab).
También contribuyó el mal manejo de las presas del Alto Grijalva por parte del gobierno federal para privilegiar la “privatización” del sector eléctrico, sin importar que los tabasqueños “pagaran las consecuencias”, subraya.
Una década después del histórico desastre, que dejó un millón 200 mil damnificados y causó pérdidas por más de 32 mil millones de pesos, el Codehutab resume la tragedia que vivió la entidad, en un texto denominado “A diez años del desastre en Tabasco: inundaciones, entre la injusticia y el abandono”.
Refiere que desde 2003 el gobierno de Manuel Andrade Díaz (actual coordinador de los diputados locales del PRI) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) firmaron un acuerdo para el Proyecto Integral Contra Inundaciones (PICI), con un presupuesto federal y estatal de dos mil 600 millones de pesos, para infraestructura hidráulica que debió realizarse desde ese año hasta 2006, fin del gobierno de Andrade Díaz.
Sin embargo, “sólo se llegaron a ejercer mil 331 millones de pesos” y el resto desapareció, por lo que a partir de la inundación de octubre y noviembre de 2007 surgió el Programa Hídrico Integral de Tabasco (PHIT), para proteger “únicamente las inversiones de los grandes capitales y los intereses de la clase política local en la ciudad de Villahermosa”.
En 2008, el gobernador Andrés Granier Melo y el presidente Felipe Calderón presentaron a los tabasqueños el PHIT con un presupuesto de nueve mil 377 millones de pesos.
Sin embargo, menciona el Codehutab, no se realizaron las obras que frenaran las inundaciones, lo que derivó que en 2010 hubiera otra grave anegación, lo que provocó que el entonces director general de la Conagua, José Luis Luege Tamargo, replanteara y “actualizara” el PHIT para el periodo 2011-2012, últimos dos años del sexenio de Granier Melo.
Adicionalmente, por la queja de damnificados, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) “detectó obras inconclusas, omisiones, presuntos actos de corrupción e incumplimiento de normas por parte de autoridades locales y federales”, además de que no se dio atención y protección adecuada a las víctimas.
Por lo anterior, la CNDH emitió la recomendación 061/2011 dirigida al gobierno de Granier, ocho ayuntamientos y la Conagua, “al acreditarse violaciones a los derechos, seguridad jurídica, legalidad, propiedad y posesión” de los quejosos de 60 comunidades afectadas por las inundaciones de 2010.
La CNDH determinó que no se desarrollaron los planes gubernamentales para la prevención conforme a los lineamientos acordados y, sin autorización, notificación previa o decreto de expropiación, “cientos de pobladores de varias comunidades fueron desalojados de sus viviendas mediante el empleo de la fuerza pública”.
Los agraviados denunciaron que si bien desde 2003 las autoridades de los tres niveles de gobierno habían destinado recursos contra las anegaciones, desde la implementación del PICI y PHIT hasta 2010 no se habían concluido las obras.
La CNDH observó una serie de irregularidades que hicieron que las obras permanecieran inconclusas y que los beneficios que pudieran derivar de su correcta operación, como la disminución de riesgos en la población por las inundaciones, “no lleguen a ser una realidad”.
Vía solicitud de transparencia, la Conagua respondió e informó que había concluido 111 obras del PHIT con costo de cuatro mil 930.94 millones de pesos.
Entre septiembre de 2010 y enero de 2011, la CNDH inició 51 expedientes por quejas de habitantes de 60 comunidades, atribuibles a funcionarios de la Conagua, Comisión Federal de Electricidad (CFE), Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y los gobiernos de Tabasco y de los municipios de Centro, Huimanguillo, Cárdenas, Cunduacán, Paraíso, Centla, Jalpa de Méndez y Nacajuca, en agravio de 5 mil 710 afectados directos por las inundaciones de 2010, y más de 130 mil víctimas potenciales.
A seis años de emitida la recomendación 061/2011 de la CNDH, que en su momento fue promovida ante ese organismo por el entonces senador de la República Arturo Núñez Jiménez, “las cosas no han cambiado y los resultados siguen sin llegar”, dice el Codehutab.
Y asegura que con la llegada de Arturo Núñez a la gubernatura la expectativa de la gente por obtener justicia ante aquella tragedia fue en aumento. “Lamentablemente y con cinco años ya al frente del Ejecutivo del estado, la justicia jamás llegó para los afectados por las inundaciones”.
Menciona que a través de la Ley de Transparencia la CNDH informó el pasado 3 de octubre sobre avances y cumplimiento de la recomendación 061/2011.
De las tres observaciones que se hicieron al gobierno del estado, para capacitar a funcionarios en desastres naturales y colaborar con la CNDH en quejas y denuncias ante la Contraloría del estado y Procuraduría General de Justicia, todas fueron aceptadas y cumplidas.
De seis hechas a la Conagua, ninguna fue aceptada, entre ellas concluir obras hidráulicas para realizarse entre 2007 y 2012; colaborar en la denuncia que la CNDH presentaría ante la Procuraduría General de la República (PGR) para investigar la responsabilidad penal en que hubiesen incurrido funcionarios federales, y establecer un seguro contra daños por inundaciones en zonas de alto riesgo.
De dos recomendaciones a los ocho municipios, una se cumplió totalmente y otra parcialmente, para impartir capacitación a servidores públicos en materia de protección civil y colaborar con la CNDH para presentar quejas ante las Contralorías locales.
Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en revisión a la Cuenta Pública 2010, reportó que la Conagua no diseñó ni implementó el PHIT “de conformidad con la normativa y con las buenas prácticas de la administración pública”.
“No cuenta con un documento técnico integrador en el que se puedan identificar las acciones a realizarse, las metas específicas, estrategias y prioridades, la asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución”, informó la ASF.
Todo ello, añadió, “limita la evaluación de los resultados obtenidos y no permite conocer el avance logrado en cuanto al cumplimiento del objetivo del plan, consistente en reducir al máximo las condiciones de riesgo y vulnerabilidad del estado de Tabasco de sufrir inundaciones provocadas por los efectos de fenómenos hidrometeorológicos y los posibles efectos del cambio climático”.
Durante el gobierno de Arturo Núñez, que inició en enero de 2013 y concluye en diciembre de 2018, se echaron andar, primero, el Programa Nacional contra Contingencias Hidráulicas, y posteriormente el Programa Hidráulico de Tabasco (Prohtab), que opera hasta la fecha.
En junio de 2016 la Conagua informó que hasta esa fecha en obras de infraestructura hidroagrícola solo tenía 7% de avance, 71% en obras de alertamiento y 100% en agua potable, drenaje y alcantarillado, con un gasto de 993 millones 235 mil pesos, de 7 mil 300 millones de pesos presupuestados al Prohtab.
El Codehutab resalta que “a todo este mar de recursos que han llegado para Tabasco, a través de los programas contra inundaciones”, se suman 27 mil millones asignados al estado a través del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) en los últimos 10 años para “obras de relumbrón”.
Cita como ejemplo la compuerta de “El Macayo” inaugurada en 2013 por el presidente Enrique Peña Nieto, anunciada con “bombo y platillo” por la Conagua como la obra de mayor impacto para controlar las inundaciones en Tabasco, con un costo de mil 100 millones de pesos.
El propósito de El Macayo, en los límites de Tabasco y Chiapas, era regular el afluente del río Carrizal que atraviesa Villahermosa, para que un 70% del excedente proveniente del río Mezcalapa descargara en el río Samaria y el 30% en el Carrizal.
Esta situación “condenó” a los habitantes de los municipios de Nacajuca, Jalpa de Méndez y Cunduacán –de la Región de la Chontalpa– “a vivir en una constante inundación, mientras que en el río Carrizal podemos ver grandes periodos de sequía”.
“Hoy ya son visibles los daños que esta infraestructura presenta, por lo que una vez más el gobierno federal le deberá asignar más presupuesto para su reparación”, señala el Codehutab.
“Como podemos apreciar, las obras no han sido cumplidas en su totalidad, a pesar de que se contaba con recursos suficientes para haberlas concluido y así evitar mayor sufrimiento a la población tabasqueña”, lamenta.
Recuerda que desde un principio se intentó dar explicaciones sobre las causas de la histórica inundación de 2007. Incluso el presidente Felipe Calderón dijo que se trataba de un fenómeno natural inevitable por “efecto de la luna”.
Sin embargo, la inundación no fue un hecho natural, sino provocada, y obedeció “a causas políticas y económicas, ya que a nivel federal se habían hecho diversos cambios estructurales, que básicamente tienen que ver con la privatización de la producción energética”.
Para el Codehutab, la política del gobierno federal para privatizar la energía eléctrica, por encima de la infraestructura de la CFE, provocó la inundación de hace diez años.
Refiere que un mes antes de octubre de 2007, la CFE tenía conocimiento de que Tabasco se inundaría y mantuvieron retenidos grandes volúmenes de agua en las presas del Alto Grijalva (Chicoasén, Peñitas, Mal Paso y Angostura) que se encontraban en niveles críticos, las cuales después se desfogaron y provocaron la histórica anegación.
Finalmente destaca que, según Mario Govea Sansón, ingeniero jubilado de Luz y Fuerza del Centro e integrante del Comité Nacional de la Energía, la Secretaría de Energía estaba privilegiando generar electricidad con gas para que fueran rentables las inversiones de las empresas privadas, “sin importar que las consecuencias las pagara el pueblo tabasqueño”.