CANCÚN, Q. Roo (apro).- Por unanimidad, incluidos los votos a favor de los cuatro regidores de PRD y Morena, el ayuntamiento local, dominado por PVEM-PRI, aprobó privatizar el servicio de alumbrado público por 15 años en favor de la empresa regiomontana Celsol SA de CV, que fue la única postora y que enfrenta acusaciones de incumplimiento en Acapulco y Tijuana. La concesión implica el reemplazo de casi 52 mil lámparas de alumbrado público, para lo cual se prevé una inversión de 500 millones de pesos y que, según el presidente municipal Remberto Estrada, del PVEM, significará ahorros presupuestales y de energía eléctrica y más luminosidad. “Tenemos al día de hoy un rezago en el sistema del alumbrado público, hay deficiencias de 15, 20% en la ciudad y, con este acuerdo que hoy se aprueba, se pretende disminuir 60% de la energía que se consume en este ayuntamiento y elevar en 50% la luminosidad en todas las calles de esta ciudad”, buscó justificar al término de la sesión, a la que no asistieron los regidores del PES, Gregorio Sánchez Martínez y Karla Guadalupe Gasca Sánchez. El edil, de 29 años, aseguró que la sustitución de las actuales luminarias, por lámparas de LED, convertirán a Cancún es una ciudad “de primer nivel”. Para dar paso a esta concesión, el ayuntamiento elaboró un “estudio técnico justificativo” para validar esta determinación en la que se acepta que el actual servicio “es deficiente y con bajos niveles de iluminación”. De esta manera, se señala que en la actualidad hay 51 mil 812 luminarias, de las que 89.7% son de “vapor de sodio de alta presión”; 8.7%, de “aditivos metálicos”, y el resto son lámparas LED. También establece que el presupuesto de ocho millones de pesos al año para sustitución de focos y balastros “es insuficiente”. Por otra parte, el estudio refiere que el costo de operación del sistema de alumbrado público en 2016 fue de 173 millones de pesos, de los cuales 136 millones son para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y 37 millones para mantenimiento. En este análisis “justificativo”, la comuna anticipa que para 2017 se requeriría un presupuesto adicional de 46.7 millones y, en los próximos 15 años, de 4 mil 381 millones de pesos, de acuerdo con proyecciones. En sus consideraciones, el estudio refiere la opción de contratar un crédito para atender este déficit, pero advierte que en la actualidad el ayuntamiento tiene “el 100% de sus participaciones federales comprometidas”. Vendrán despidos También el estudio reconoce que esta concesión tendrá como efecto el despido de 115 trabajadores de la comuna. Para el pago de la empresa concesionaria, la comuna echaría mano del Derecho de Alumbrado Público (DAP) –que se cobra directamente en recibos de los usuarios de la CFE– y la proporción de la partida presupuestal del municipio para la prestación del servicio. Tras la aprobación por parte del cabildo, la privatización deberá ser avalada por el Congreso local, el cual está dominado por PAN y PRD –partidos que postularon al actual gobernador Carlos Joaquín González– y que han contado con el respaldo de Morena, Panal y PES para conformar una precaria mayoría frente al PRI-PVEM Minutos antes de la esta sesión de cabildo, Jorge Aguilar Osorio y Eduardo Pacho Gallegos, presidentes de los comités estatal y municipal del PRD y PAN, respectivamente, demandaron a los diputados panistas y perredistas, así como de los demás partidos, a revisar a profundidad los términos de la concesión. Pacho Gallegos advirtió que esta empresa enfrenta problemas en Tijuana y Acapulco, e incluso en esta última ciudad ha sido demandada por incumplimiento. En tanto, Aguilar Osorio, que fue secretario municipal de Obras y Servicios Públicos del ayuntamiento local, acusó que ha faltado transparencia en este proceso de concesión, y que más bien parece que se trata de un negocio para beneficiar a privados. También destacó que, durante su paso como funcionario de la comuna, de 2011 a 2013, la Tesorería municipal pagaba de DAP cuatro millones de pesos, y actualmente reporta 12 millones. En la actualidad, en el municipio de Benito Juárez (Cancún) están concesionados los servicios de agua potable a la empresa Aguakán, que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, y el de disposición final de la basura a Promotora Inmobiliaria Majahual (Pimsa), de empresarios de la región.