La calle, el lugar más peligroso para las mexicanas (primera parte*)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Diez mil 10 mujeres fueron asesinadas de 2012 a 2015 en México. Siete cada día, según datos del Sistema Nacional de Información de Salud (Sinais).

¿Pero cómo son esas mujeres a quienes se les privó de la vida? Al analizar la información del Sinais –elaborada con certificados de defunción y actas del Registro Civil–, lo primero que salta a la vista es que una de cada tres fue asesinada en la vía pública, lo que convierte a las calles en el sitio más peligroso para las mujeres.

El otro espacio donde las mexicanas son asesinadas con frecuencia es el hogar, con 22.8% de los casos. Le sigue “otro lugar” –no definido en la estadística–, con 17.6%, mientras que el 15.4% “se ignora” dónde son ejecutadas.

La mayor parte de las víctimas de homicidio en la vía pública eran solteras (42.6%), y una de cada cinco tenía entre 26 y 40 años de edad, aunque a escala nacional el grupo específico más vulnerable son las mujeres solteras de 18 a 25 años.

Sobre las mujeres asesinadas en sus hogares, la mitad (49.4%) tenía pareja, es decir, eran casadas o vivían en unión libre, mientras que una tercera parte eran solteras, y viudas una de cada diez.

Los homicidios ocurridos en la vía pública correspondieron a mujeres con estudios de bachillerato y superiores. En el hogar, mujeres sin escolaridad. Es decir, que entre más alto el nivel de estudios, existe una mayor probabilidad de que a las mexicanas las maten en la calle.

Los datos del Sinais también revelan que 39% de las víctimas “no trabajaba”, aunque este criterio quizá considere a aquellas que se dedicaban al hogar o que estaban estudiando. A escala nacional, una de cada tres víctimas se empleaba en servicios personales y vigilancia y 7.7% al comercio.

¿Qué pasa en los estados?

En los estados se viven realidades distintas. Por ejemplo, en Chiapas, Ciudad de México, Hidalgo, Puebla, Querétaro y Quintana Roo, la mayor parte de los homicidios de mujeres ocurren en el hogar, mientras que en Guerrero, Morelos y Tamaulipas los homicidios de mujeres en la vía pública sobrepasan el promedio nacional.

Las edades, estados civiles y ocupaciones de las víctimas de homicidio también varían de una entidad federativa a otra. En algunas se sigue la tendencia nacional de que las mujeres de 26 a 40 años son las principales víctimas, pero en Oaxaca el rango de edad se eleva y en Chihuahua disminuye. Tlaxcala tiene la mayoría de asesinatos de niñas de 0 a 11 años.

El Estado de México se convirtió en una de las entidades más violentas y peligrosas para las mujeres, seguido por Coahuila y Guerrero. Pero a partir de 2013, estados como Puebla y Baja California pasaron de los últimos a los primeros lugares.

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Del total de homicidios en el país, nueve de cada diez corresponden a hombres y sólo 12% de los casos a mujeres. ¿Por qué entonces analizar los asesinatos de mujeres? Porque 95% de los homicidios, no sólo en México sino en el mundo, son perpetrados por hombres, de acuerdo con el Estudio mundial sobre el homicidio 2013, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En consecuencia, esto convierte en víctimas a las mujeres. Y, según el estudio mencionado, la gran mayoría de victimarios son personas cercanas a ellas: compañeros íntimos o parejas.

En México, a partir de 2012 el Código Penal Federal considera como feminicidio los asesinatos de mujeres donde el homicida tenga o haya tenido alguna relación sentimental, afectiva o de confianza.

Pero no es la única causal, también contempla cualquier signo de violencia sexual; lesiones o mutilaciones degradantes, así como actos de necrofilia; antecedentes de violencia familiar, laboral o escolar; si hubo amenazas, acoso o lesiones previas al homicidio; si la víctima fue incomunicada antes de la privación de la vida, y si el cuerpo es expuesto o exhibido en algún lugar público.

Bajo este criterio, 385 de los homicidios reportados en el Sinais se considerarían feminicidios, ya que se documentó violencia familiar previa. Los estados que acumulan más casos son: Estado de México (58), Colima (37), Guanajuato (23), Ciudad de México (20), Puebla (20), Veracruz (17), Coahuila (16), Michoacán (16) y Oaxaca (16).

En su fallo de 2015 por el caso del feminicidio de Mariana Lima Buendía, asesinada por su pareja en el Estado de México en 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que todos los crímenes de mujeres tendrían que ser investigados bajo los protocolos de feminicidio, preservando las evidencias que determinen si se cometen ataques sexuales y realizando las periciales necesarias para conocer si las víctimas estuvieron inmersas en un contexto de violencia.

Chiapas, la justicia que no llega

En junio de 2013, Omar Fernando Rosales Toledano, entonces secretario particular del senador Luis Armando Melgar, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue detenido por el feminicidio de Viridians Flores Ramírez, de 21 años, con quien tenía una relación sentimental y había procreado un hijo.

Omar Fernando arrojó el cuerpo de Viridians al puente San Cristóbal. Fingió el secuestro de la joven y hasta pidió un rescate a los padres, quienes sospecharon de él porque ejercía violencia física contra su hija, motivo por el cual lo abandonó. Rosales Toledano se dio a la fuga, pero fue aprehendido.

A cuatro años de distancia no ha recibido sentencia. Su juicio sigue en proceso, debido a que continúa interponiendo apelaciones y otros recursos legales que han retrasado el fallo final.

Su posición económica le ha permitido presentar dichos recursos, entre ellos un amparo federal de excarcelación, alegando presuntos problemas de salud.

De agosto a octubre de este año estuvo internado en un hospital privado de Tuxtla Gutiérrez, uno de los más conocidos y costosos de la capital del estado, presuntamente por “problemas gastrointestinales y con el nervio ciático”.

El juez quinto federal, José del Carmen Constantino Avendaño, otorgó un amparo al feminicida para que pudiera ser excarcelado y atendido en el sanatorio particular, lo que fue denunciado públicamente por la familia de Viridians, que finalmente logró su regreso a la cárcel para continuar con el proceso legal.

Según los datos del Sinais, en Chiapas 352 mujeres fueron asesinadas de 2012 a 2015. La mayoría (una de cada tres) eran solteras.

Una de cada cuatro de las víctimas tenía entre 18 y 25 años de edad, como Viridians, lo que coloca a este grupo poblacional como el segundo más vulnerable, después de las mujeres de 26 a 40 años.

A escala nacional, la mayor parte de las mujeres (seis de cada diez) que previamente sufrieron violencia fueron asesinadas en sus hogares, es decir, en un lugar privado.

Y es también uno de los sitios más peligroso para las chiapanecas, ya que una de cada cinco fue asesinada ahí, mientras que en la vía pública perdieron la vida entre 30 y 40% de las mujeres, y en “otro lugar” –como puede ser un hotel– el 15%.

El grupo etario más propenso a un homicidio es el que corresponde a las mujeres de 26 a 40 años de edad y en unión libre, así como las que no trabajan y tienen estudios de secundaria.

En el caso de Viridians, en más de una ocasión sus padres han denunciado en los medios de comunicación la forma en que se ha llevado el proceso del feminicida confeso.

En días pasados, por segunda ocasión, logró un amparo de excarcelación por supuestos problemas de salud. El temor de la familia es que escape.

En septiembre del 2014, los padres de la joven asesinada denunciaron que el juez Julio César Morales Ríos aceptó llevar a cabo la reconstrucción del crimen, a petición del acusado, con el cuerpo de un cerdo. La diligencia fue suspendida ante la indignación de la familia y la ciudadanía, por no respetar la Ley de Víctimas, que establece que éstas deben ser tratadas, aun cuando hayan fallecido, con humanidad y respeto a su dignidad.

Durante cuatro años la familia de Viridians ha seguido todo el proceso legal del feminicida de su hija, para vigilar que no use sus influencias para conseguir una pena menor.

En Chiapas, el delito de feminicidio está contemplado en el artículo 164 bis del Código Penal del estado, que entró en vigor el 8 de febrero de 2012, y establece una pena de 25 a 60 años de prisión a quien lo cometa.

*El texto forma parte de una serie de reportajes realizados por integrantes de la Red Nacional de Periodistas de Chiapas, Jalisco, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Tlaxcala, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra el 25 de noviembre.

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