CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un contrato que Petróleos Mexicanos (Pemex) había asignado a la constructora brasileña Odebrecht, mediante el supuesto pago de sobornos, terminó parcialmente en manos de Carlos Aniano Sosa Velasco, el casero del titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. De acuerdo con documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Odebrecht cedió a subcontratistas toda la obra que Pemex le había asignado en diciembre de 2013 para la modernización de la refinería de Tula, Hidalgo, y entre las empresas que resultaron beneficiadas estaban dos constructoras propiedad del casero de Osorio. La obra que fue cedida a subcontratistas ha sido señalada ante distintas autoridades de México y Brasil de haberse ejecutado mediante actos de corrupción, como asignaciones directas a cambio de 6 millones de dólares en sobornos y sobrecostos de hasta 300% en materiales. El contrato original asignado a Odebrecht fue de 1 mil 666 millones de pesos (IVA incluido), pero se elevó a 2 mil 686 millones de pesos, debido a que se subcontrató prácticamente toda la obra, de acuerdo con el expediente al que MCCI tuvo acceso. Grupo Constructor Tulancingo y Construcciones Sky Universal, propiedad del empresario hidalguense Carlos Aniano Sosa Velasco, aparecen como subcontratistas de Odebrecht en el contrato PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-414, cuyo expediente fue turnado por Pemex a la Procuraduría General de la República (PGR) para integrarlo a la investigación del caso. En abril de 2015, Proceso publicó tres reportajes en los que informó detalladamente de las relaciones de Aniano Sosa con Osorio Chong, entre ellas la de casero y contratista de obra pública. El semanario detalló que este personaje obtuvo contratos multimillonarios en Hidalgo cuando el titular de Segob era gobernador de esa entidad, y que figuraba en el padrón oficial de Pemex Refinación bajo el número 100054035. De igual manera, Proceso dio cuenta que entre las propiedades de Aniano Sosa figuraban Construcciones Sky Universal, SA de CV y Grupo Constructor Tulancingo, SA de CV, con las cuales, según MMCI, subcontrató Odebrecht en Tula. Las otras empresas de Aniano Sosa dadas a conocer por Proceso son: MNM MKDO Inmobiliario, SA de CV y GloGlo Construcciones, SA de CV. Proceso también documentó que Osorio Chong habitó dos viviendas que eran propiedad de Aniano Sosa. Entre agosto de 2011 y junio de 2014, el ahora titular de la Segob ocupó una residencia en la calle Bosques de Manzanos 333, en el fraccionamiento Bosques de las Lomas, y luego se mudó a una vivienda en Paseo de las Palmas 1380, en Lomas de Chapultepec, escrituradas ambas a nombre de las empresas de Aniano Sosa. En respuesta al reportaje de Proceso, Osorio Chong hizo circular una carta en la que reconoció que habitó las dos residencias, pero que lo hizo mediante un contrato de arrendamiento, que no mostró y del cual tampoco dijo el pago mensual que realizaba al constructor de Hidalgo. Se asocian a empresa ‘recomendada’ por Lozoya De acuerdo con MMCI, para ejecutar la obra en la refinería de Tula, Sky y Grupo Constructor Tulancingo –la otra empresa del casero de Osorio-- se aliaron con Construcciones Industriales Tapia (Citapia), que ha sido señalada por un delator de Odebrecht de haber sido recomendada por Emilio Lozoya para obtener contratos con Pemex. En los documentos obtenidos por MCCI aparecen los membretes de esas tres empresas como contratistas en la obra denominada “acondicionamiento de sitio para el aprovechamiento de residuales de la refinería de Tula”, que había sido asignado por Pemex a Odebrecht en diciembre de 2013 a un costo de mil 666 millones de pesos (equivalente a 115 millones de dólares de entonces), pero que terminó costando 66% más cara. “En 2011, había sido Lozoya quien recomendó a Odebrecht que se asociara a una empresa local, la contratista Construcciones Industriales Tapia, para participar en la futura licitación de la construcción de una nueva refinería en Tula”, publicó el pasado 13 de agosto el diario brasileño O’Globo, al revelar la delación jurada que había presentado ante la Procuraduría de Brasil el exdirector de Odebrecht en México, Luis Alberto de Meneses Weyll. “El dueño de Citapia, Juan Carlos Tapia, era de la ciudad de Tula y transitaba entre todo el espectro político y en las tres esferas de gobierno, siendo capaz de, asociado a la experiencia de Odebrecht, conquistar la millonaria obra que se avecinaba”, abundó O’Globo al parafrasear la delación de Weyll. A principios de 2013, Weyll se acercó otra vez a Lozoya –ya para entonces director de Pemex-- para informarle que ya se había asociado con Tapia y le pidió “su apoyo para influir sobre los miembros del Consejo de Administración” para la asignación de contratos a Odebrecht, según la delación a la que también tuvo acceso la organización mexicana El Quinto Elemento. Fue entonces que se negoció el pago de un soborno, de acuerdo con la confesión de Luiz Mameri, director para América Latina de Odebrecht, obtenida por El Quinto Elemento: “En 2013, Luis de Meneses me informó que estaba participando en la licitación de un proyecto para ampliar la refinería Miguel Hidalgo, promovida por Pemex, cuyo presidente era Emilio Lozoya. Me dijo que a petición de Emilio Lozoya se fijó un pago de seis millones de dólares para apoyar a la compañía a ganar el concurso. Autoricé los pagos”. La confesión de Mameri coincide con la investigación que del caso ha seguido el Departamento de Justicia de Estados Unidos. “Odebrecht aceptó pagar un soborno a un funcionario de alto nivel de una empresa propiedad del Gobierno mexicano a cambio de que ayudara a Odebrecht a ganar un proyecto. Entre diciembre de 2013 y finales de 2014, Odebrecht, a través de la División de Operaciones Estructuradas (la oficina de sobornos), pagó al funcionario 6 millones de dólares”, cita el expediente de las autoridades estadunidenses. Esa misma obra, señalada en Estados Unidos y Brasil por actos de corrupción, ya fue sancionada en México por la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, que en sendas investigaciones realizadas este año determinaron pagos indebidos e indicios de corrupción. Lozoya ha negado en repetidas ocasiones las imputaciones hechas en las declaraciones juradas en Brasil. Odebrecht cede contrato La constructora brasileña Odebrecht presentó el 2 de diciembre de 2013 una propuesta a Pemex para ejecutar las obras de ampliación en Tula a un costo de 115 millones de dólares, y 11 días después –el 13 de diciembre-- se le asignó el contrato. De acuerdo con el expediente obtenido por MCCI, Odebrecht notificó a Pemex el mismo día que obtuvo el contrato que integraría a Citapia como subcontratista encargada de ejecutar la mayor parte de la obra que fue asignada ese mismo mes. El oficio de notificación fue enviado a Leonardo Cornejo Serrano, subdirector de proyectos de Pemex y uno de los funcionarios investigados por la PGR por su posible involucramiento en actos de corrupción. En el expediente hay una carta de Citapia en la que enlista las obras que realizaría para Odebrecht: trazo y nivelación de terreno, desmonte, despalmes con maquinaria, cargas y acarreo de material, terraplenes en plataformas, camino de acceso a la refinería de 26 metros de ancho, así como “cualquier otro trabajo relativo al contrato”. Es decir: Odebrecht le cedió la ejecución de prácticamente todo. Citapia, a su vez, se alió con las empresas hidalguenses Construcciones Sky Universal y Grupo Constructor Tulancingo, para ejecutar la obra, según consta en los documentos en poder de MCCI. En el expediente entregado por Pemex hay tres anexos con 366 páginas, en los que aparecen los membretes de las tres compañías asociadas, con fotografías que acreditan su experiencia y capacidad técnica en otros trabajos similares, así como una relación de maquinaria y equipo de construcción con que contaban en ese momento para ejecutar la obra de Tula. Las fotografías y descripciones de esos anexos fueron cubiertas con tinta negra por la Unidad de Transparencia de Pemex, con el argumento de que se trata de información confidencial de terceros (los subcontratistas) presentada por la contratista (Odebrecht). Lo único visible son los logotipos, los sellos de Pemex e información parcial. MCCI tuvo acceso a los contratos y ampliaciones firmados por Odebrecht en Tula, en los que queda en evidencia que cobró un sobrecosto del 66%. El contrato original en la obra asignada en diciembre de 2013 era por mil 666 millones de pesos (IVA incluido), pero costó 2 mil 686 millones, tras dos ampliaciones autorizadas en noviembre de 2014 y en mayo de 2015. Una auditoría concluida en octubre pasado determinó que el incremento en el costo se debió a que Odebrecht subcontrató prácticamente toda la obra. “La entidad fiscalizada subcontrató todos los trabajos y no justificó cómo llevó a cabo el mercadeo para determinar los precios pagados en el contrato”, resolvió la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En la revisión de la obra se descubrieron pagos en exceso a Odebrecht por 708 millones de pesos, con sobrecostos de hasta 300% en algunos insumos, de acuerdo con el texto de Raúl Olmos. Además, se detectaron pagos improcedentes a la misma constructora por otros 245 millones. En suma, el daño al erario público tan sólo en esa obra en Tula lo cuantificó el órgano fiscalizador en 953 millones de pesos. La auditoría también puso en evidencia la triangulación de la obra. Un ejemplo: Odebrecht subcontrató a una empresa para que manejara material contaminado que se extrajo de la refinería, y ésta a su vez contrató a otra compañía, lo que provocó sobrecostos. Esta subcontratación fue por 956 millones de pesos, que representó el 40% del importe pagado en todo el contrato. El informe de la auditoría no menciona los nombres de esos subcontratistas. El manejo del material contaminado se autorizó en una de las dos ampliaciones de contrato otorgadas a Odebrecht. El contrato original fue firmado por Jesús Lozano Peña, subdirector de Proyectos de Pemex; Armando García Espinosa, subdirector de administración; Leonardo Cornejo Serrano, coordinador de proyectos de modernización; José Aarón Marrufo Ruiz, subgerente de Procura, y Conrado Claudio Cristian Nava Aguilar, gerente de contratos de obra pública. Las dos ampliaciones las firmó Gustavo Escobar Carré, apoderado de Petróleos Mexicanos. Tanto en el contrato original como en las ampliaciones firmó como representante de Odebrecht Luis Alberto de Meneses Weyll, en aquel entonces director de la compañía en México y actualmente delator colaborador ante las autoridades brasileñas.