CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró que la indignante corrupción de algunos gobernantes y empresarios es una realidad que también vivió en su tiempo el jurista y político mexicano Mariano Otero Mestas, diputado constituyente en 1842 y 1847. Tras admitir que en ese tema también tienen responsabilidad los jueces, destacó que ningún derecho puede ejercerse efectivamente si se carece de las garantías mínimas de bienestar social que les den sustento y contenido, y sobre las cuales se desarrollen otras potencialidades de la persona. Por ello, aseveró, es doblemente lacerante la pobreza extrema en la que se encuentran todavía muchos de nuestros compatriotas, la falta de oportunidades a generaciones de jóvenes que no estudian ni trabajan, la ausencia de condiciones dignas en el trabajo, y la discriminación que aún sufre la mujer. Durante el homenaje al jurista Mariano Otero en el bicentenario de su nacimiento, que se realizó en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el ministro presidente de la SCJN expuso que en la misma situación se encuentran los grupos indígenas, las personas con discapacidad, las minorías sexuales, y otros grupos sociales que están marginados del desarrollo o discriminados en el ejercicio pleno de sus derechos humanos. El ejercicio efectivo de todos los derechos depende del derecho de acceso a la justicia, y sin su garantía toda norma queda reducida a un enunciado bien intencionado, pero hueco, puntualizó. “Se trata de evitar que la autoridad ejerza su poder de manera despótica, caprichosa, sin límite alguno, sin frenos ni contrapesos, sin rendición de cuentas. De ahí la importancia de la labor que desempeñamos todos los jueces en las distintas instancias jurisdiccionales del país, para cumplir y hacer cumplir la ley”, dijo. El ministro sostuvo que no se puede dejar de insistir que las decisiones judiciales se fundan en la ley, en ella encuentran su origen, legitimidad, fundamento, obligatoriedad, alcances y últimas consecuencias; se motivan ante la necesidad de proteger intereses legítimos y solucionar conflictos. Y “no tienen otra finalidad, sino hacer valer la Constitución, los tratados internacionales y las leyes que nos hemos procurado, para garantizar el orden público y el respeto de los derechos humanos de todas las personas”. De igual manera, refirió que sólo con unidad la nación puede enfrentar los problemas que la aquejan, más allá de las diferencias políticas, de la diversidad de opiniones o las distancias de clase; cualquier solución a los problemas comunes demanda la acción colectiva de todos. Señaló que no es la división de los mexicanos, ni la confrontación irracional, tampoco la actitud egoísta de los actores políticos, lo que posibilitará el éxito de nuestro destino común, sólo la unidad, que ya pregonaba Mariano Otero, permitirá a México superar con éxito los retos de la historia. “Así lo hicimos en el pasado, frente a los enemigos que acechaban la soberanía nacional; así lo hemos demostrado en días recientes cuando fuimos golpeados por la naturaleza y el pueblo de México –una vez más– respondió generosamente a través de la solidaridad y la unidad”, dijo. Según Otero, apuntó, México era un país muy rico, con todas las posibilidades de convertirse en una nación próspera y desarrollada. “Sin embargo, para nuestro autor, esas potencialidades se constreñían por una injusta distribución de la riqueza, pues unos pocos tenían todo y la mayoría no tenía nada; había una mala organización de la propiedad, concentrada en unas pocas manos y que eran improductivas”. Apuntó que ya desde entonces la única manera de empezar a cambiar las cosas era a través de lo que Otero denominó como las “relaciones materiales de la sociedad”, subrayando la importancia del elemento económico para la transformación de la realidad social y política del país. “En ese ensayo, Otero afirmó: necesitamos un cambio general, y este cambio debe comenzar por las relaciones materiales de la sociedad, por estas mismas relaciones que hasta hoy han decidido nuestra situación, y que en todos los pueblos de la tierra han producido los diversos fenómenos sociales que hemos visto”. En el homenaje, que forma parte de las actividades del festejo, el ministro Aguilar Morales señaló que a Otero le preocupaba el principio de legalidad; el estricto apego a la ley por parte de los gobernantes. Relató que a raíz de la disolución del Congreso Constituyente en 1842 y de la detención de varios de diputados, incluido él, Otero lamentaba “el espectáculo de hombres que, procesados por delitos políticos, se mantenían sujetos al tremendo poder de un tribunal militar, sin hacerles saber siquiera por qué se procedía contra ellos, sin permitírseles la menor comunicación, sin otorgarles ningún recurso”. Por ello, narró, años después en su ya citado voto particular del 5 de abril de 1847, Otero afirmaba: “no he vacilado en proponer al Congreso que eleve a grande altura al Poder Judicial de la Federación, dándole el derecho de proteger a todos los habitantes de la República en el goce de los derechos que les aseguren la Constitución y las leyes constitucionales, contra todos los atentados del Ejecutivo o del Legislativo, ya de los Estados o de la Unión”. Con ello, enfatizó el ministro, Otero buscaba audazmente plasmar a nivel federal el juicio de amparo.